El Ministerio de Trabajo pisa el acelerador de la negociación sobre la reducción de la jornada laboral. Tras constatar que han encallado las conversaciones bipartitas entre sindicatos y patronal, el secretario de Estado del ramo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este lunes, tras la mesa de diálogo social, que este órgano se reunirá a partir de ahora de forma semanal. “El ministerio tiene un interés superlativo en cerrar esto cuanto antes”, ha señalado.
Pérez Rey ha señalado el compromiso del ministerio de trasladar a los agentes sociales un primer texto, que contendrá “los mimbres” que ya han ido comunicando en los últimos meses. Estos son una reducción de la jornada semanal máxima de 40 a 38,5 horas durante este 2024 y de otra hora más, hasta las 37,5 horas, para 2025. Y que irá acompañada, además, “de una mejora sustancial del registro horario a través de su digitalización completa y su interoperabilidad por parte de la Inspección de Trabajo”. “No se trata de una reducción testimonial, queremos que haya una verdadera reducción del tiempo de trabajo y que se controle bien”, ha advertido el secretario de Estado.
El control del registro horario es una “línea roja” para UGT. El vicesecretario general de política sindical de la organización, Fernando Luján, ha advertido que es “prioritario que el registro de jornada sea flexible y, efectivamente, recoja las horas reales de cada una de las personas trabajadoras”. “Tenemos que corregir que haya 6 millones de horas extraordinarias que ni se registran, ni se abonan, ni se cotizan”, ha reclamado. El sindicato ha planteado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales dos cuestiones sobre este asunto contra España: una por ese registro que consideran “no fiable” y otra porque las horas extraordinarias que se hacen conforme a la ley se abonen “al menos con un 25% más que la hora ordinaria”.
La otra línea roja tiene que ver también con las horas extra y es compartida por los sindicatos y por el propio ministerio. “Uno de los elementos de mayor dificultad estriba en si la reducción de la jornada debe ir acompañada o no de algún tipo de compensación en el ámbito de la distribución irregular de la misma o del uso de las horas extraordinarias”, ha reconocido Pérez Rey, que ha señalado que hay un “abuso” de está fórmula, “muchas veces impagada”. El asunto, ha dicho, “no va a estar fuera de la mesa de negociación” pero ha descartado “cambiar jornada ordinaria por extraordinaria”. “Es imposible y no lo incorporaremos a la mesa”, ha sentenciado.
La secretaria confederal de acción sindical de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente, ha coincidido en que “no se puede plantear” ese intercambio y ha señalado que la reducción de la jornada, que beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores, junto al incremento de los salarios, es una forma de de repartir el aumento de la productividad. “De entrada, no parece que el asunto esté fácil, pero hemos vivido periodos muy convulsos y hemos podido llegar a un acuerdo”, ha señalado antes de recordar que esa reducción a 37,5 horas de la jornada semanal máxima es “un paso adelante en el objetivo de alcanzar las 35 horas” de los sindicatos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había advertido de que su intención era que este asunto quedase resuelto en la mesa del diálogo social antes del verano y que la medida saldría adelante con o sin la patronal. Su número dos en el ministerio no ha querido poner plazos en esta ocasión, aunque sí ha reconocido que tiene “la esperanza de poder hacerlo” antes de las vacaciones. “Lo oportuno para alcanzar un acuerdo es no someter a nadie al talón de Aquiles del tiempo”, ha dicho para comprometer “todas las reuniones que sean necesarias, con la intensidad que sea necesaria”.