La reforma laboral en la que trabaja el Gobierno afronta muchos objetivos. Uno de ellos pretende reforzar la estabilidad del empleo a través de la creación de un instrumento de flexibilidad interna, el “Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo” (MSE), que se conoce popularmente como “ERTE permanente”. Se trata de una herramienta que, al igual que los expedientes de regulación temporal por la pandemia, permitiría la reducción de la jornada de los trabajadores ante posibles crisis o inestabilidades, para evitar que las empresas recurran a una salida muy habitual en España: el despido. El Ministerio de Trabajo plantea que las compañías que se acojan a este mecanismo puedan beneficiarse de ayudas a cotización, pero a cambio de un compromiso de mantenimiento del empleo, como ha ocurrido en los ERTE por la COVID.
El Ministerio de Trabajo se reunió este miércoles con los sindicatos y las patronales en la mesa semanal para negociar la reforma laboral. El Gobierno ha planteado en esta jornada un nuevo documento a los agentes sociales, al que ha tenido acceso elDiario.es, con novedades como el establecimiento de un tope máximo del 15% de trabajadores temporales dentro de las empresas.
También ha avanzado en la negociación del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), que en un inicio propuso que fuera una opción preferente al despido. Esta herramienta para reducir la jornada ya no se plantea como prioritaria desde hace meses, pero sí se pretende que las empresas quieran acogerse a ella en lugar de prescindir de trabajadores.
Trabajo plantea en su último borrador que el MSE pueda aplicarse cuando existan causas objetivas para un ERTE (ETOP), así como por “necesidades de recualificación” de los trabajadores para seguir en la misma compañía o para procesos de reestructuración que lleven a la “transición profesional” del personal a otras empresas o sectores.
Mantenimiento del empleo durante seis meses
Otra de las medidas que recoge el texto consiste en el reconocimiento expreso de ayudas a la cotización (exenciones) para las empresas que utilicen el nuevo instrumento de flexibilidad interna, el MSE, como ha ocurrido con los ERTE por la pandemia. Trabajo plantea que estas ayudas financiadas con fondos públicos para los empleadores, así como la protección por desempleo para los trabajadores que vean reducirse sus jornadas dentro de un MSE, se desarrollen reglamentariamente.
Más allá de la letra pequeña que se fije vía reglamento, Trabajo propone ya algunas condiciones a estas ayudas. Al igual que ha ocurrido con los ERTE por la COVID, el Gobierno plantea una cláusula de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas por el MSE, que se extendería durante los “seis meses” siguientes a la finalización del periodo de referencia de aplicación del mismo. Este Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo podría durar un año en caso de acuerdo en las empresas, o seis meses si no lo hay, según el borrador.
Ayudas condicionadas también a la formación
Trabajo también contempla que las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social estuvieran condicionadas al desarrollo de acciones formativas para los trabajadores incluidos en el MSE, que se definiría también en el reglamento.
El Gobierno ya ha explicado su intención de que la formación juegue un papel fundamental en los ERTE permanente, como sucede en mecanismos exitosos en otros países como Alemania, algo que ya ha introducido de manera inicial en la última prórroga de ERTE por la pandemia. Aunque las ayudas a las empresas no han quedado condicionadas a la formación, estas son mucho mayores en caso de que las compañías ofrezcan planes de cualificación para sus empleados.
Trabajo plantea también que en los casos de MSE por reestructuración de los sectores, las empresas que recibieran ayudas públicas tuvieran que cumplir con un mínimo de recolocaciones de trabajadores en otras compañías.
Por otro lado, al igual que ha sucedido en los ERTE, el Gobierno pretende que las empresas que reduzcan la jornada de sus trabajadores mediante un MSE (con o sin ayudas a la cotización) no puedan realizar horas extraordinarias, ni acordar nuevas externalizaciones de servicios, ni contrataciones.
Fuentes del diálogo social subrayan a elDiario.es que el último borrador de Trabajo es eso, un borrador, por lo que se sigue negociando el texto y este es susceptible de cambiar. Y seguramente lo hará. Los sindicatos y empresarios de hecho siguen mandando propuestas y discutiendo la letra pequeña de la regulación, por lo que se trata de un documento vivo que experimentará todavía cambios en las próximas semanas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha advertido de que el plazo para tener lista la reforma laboral se extiende como tarde a “noviembre”, ya que el 31 de diciembre debe figurar en el BOE, como se ha comprometido a Bruselas.