Importante paso del Ministerio de Trabajo frente al desafío directo de Glovo (y recientemente Uber Eats) a la Ley Rider: pedirá a la Fiscalía que investigue posibles delitos de las multinacionales de repartos a domicilio “rebeldes” por su mantenimiento de mensajeros autónomos. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados.
“Vamos a instar a la Fiscalía General del Estado para que investigue si existe invasión de la escena penal, si se están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en esta materia”, ha anunciado Yolanda Díaz. “Soy clara, no vamos a parar. Y sí, el peso de la ley va a caer contra aquellas empresas, una pequeña parte, que incumplan estas normas”, ha añadido la vicepresidenta segunda.
Esto supone un movimiento adicional del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz para hacer cumplir la llamada 'Ley Rider' contra los falsos autónomos, además de las investigaciones ya abiertas por la Inspección de Trabajo. Actuaciones de la autoridad laboral aún por concluir en lo que respecta a la nueva norma, pero que ha multado en numerosas ocasiones previas a Glovo y otras compañías por este fraude laboral.
La última vez con una sanción histórica a Glovo, de casi 79 millones de euros, entre las multas por falsos autónomos y las liquidaciones de cuotas impagadas a la Seguridad Social de los mensajeros de la multinacional en Barcelona y Valencia antes del despliegue de la Ley Rider.
Un año enfrentando la Ley Rider
La nueva regulación fue aprobada en mayo de 2021 para evitar el abuso sistemático de falsos autónomos en el sector que desmontó la Inspección de Trabajo y condenó en numerosas ocasiones la justicia. Glovo se aferró al modelo de autónomos (con algunos cambios) pese a la nueva norma, que regula una presunción de laboralidad de los repartidores para forzar a las empresas a hacerles contratos laborales.
Pasado más de un año con Glovo al margen del modelo laboral, y cuando se ha sumado al uso de riders autónomos una nueva empresa 'insumisa' (Uber Eats), el Ministerio de Yolanda Díaz abre una nueva vía para que se investigue por lo penal a “las compañías rebeldes”, como ha calificado.
“Les digo aquí solemnemente que la Ley Rider se va a cumplir. Estamos en un estado social y democrático de Derecho y que las empresas rebeldes se van a acometer” a este, ha subrayado la vicepresidenta segunda.
La vicepresidenta Díaz ha afirmado que ya “se ha actuado contra dos empresas” y que contra una de ellas ya se han requerido sumas millonarias por uso de falsos autónomos, en referencia a Glovo. Aunque la vicepresidenta ha mencionado 122 millones, desde su equipo corrigen la cifra: a lo largo de toda su historia, la Inspección de Trabajo ha requerido “148 millones de euros” entre multas y liquidaciones a la Seguridad Social a esta empresa. La compañía en cuestión es Glovo.
Díaz ha criticado además la obstrucción a la actuación de la Inspección de Trabajo, que se ha producido al menos en dos investigaciones de la autoridad laboral que conozca este medio. Una de ellas, la última conocida en la capital valenciana. “Es muy grave, no lo vamos a consentir”, ha reiterado.