Con varios meses de retraso, el Gobierno ultima la reforma de la protección por desempleo asistencial. Una norma que revisará la regulación de los distintos subsidios de paro y que se prevé aprobar “de manera inminente”, respondía esta semana el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Comprometida en el Plan Europeo de Recuperación para 2022, apenas se conocen detalles de la regulación que aún está siendo debatida en el seno del Ejecutivo de coalición y para la que CCOO ha pedido “ambición” y evitar que quede descafeinada por límites presupuestarios.
La reforma afecta a la protección asistencial de desempleo, una red de subsidios para las personas que agotan la prestación contributiva de paro o que no han cotizado lo suficiente para recibirla y que cumplen determinados requisitos. Se trata de una protección clave para las personas en desempleo, un total de algo más de tres millones según la última EPA, y sus familias, así como para el conjunto de trabajadores que puedan quedarse sin empleo en el futuro.
Desde la pasada crisis, a partir de 2010, la protección asistencial se volvió la mayoritaria entre las personas en paro, superando las personas cubiertas por la prestación contributiva, de mayor cuantía. En 2022, los subsidios asistenciales alcanzaron al 56% de personas paradas protegidas por el sistema, frente al 44% que recibió la prestación, recordaba esta semana CCOO en su informe anual sobre protección social. El pasado mes de marzo, los subsidios (de desempleo, RAI, subsidio agrario, para mayores de 52 años...) alcanzaron a más de 900.000 personas.
Por otro lado, el sistema deja a otras muchas personas paradas sin ningún tipo de protección. En concreto, a un 35% del total de personas en paro a finales de 2022, recoge el estudio de CCOO. “Un 29%”, más de 750.000 personas, en el caso de los parados con experiencia laboral previa. Cuando se mira a las personas paradas de larga duración, en desempleo desde hace más de un año, se observa que casi el 60% no reciben ningún subsidio.
El Ministerio de Trabajo incluyó en sus reformas estructurales tras la pandemia la “simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo”, como figura en el Componente 23 del Plan Europeo de Recuperación. En su descripción, se plantea la integración de los distintos subsidios para simplificar el actual sistema, con requisitos diferentes en cada caso, así como “ampliar el periodo máximo actual del subsidio ordinario”, que depende de circunstancias como las cargas familiares y la edad de la persona desempleada, hasta un máximo de 30 meses en la actualidad.
Entre las finalidades detalladas por Trabajo a la Unión Europea destacan “ampliar la protección por desempleo, mejorando la cobertura al ampliar la duración de los subsidios y eliminar lagunas de desprotección de los programas actuales”, “simplificar el funcionamiento del sistema, reduciendo el número de figuras para dar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión”, vincular esta protección con el compromiso de seguimiento a través de itinerarios personalizados, y permitir que los subsidios sirvan de transición “hacia la protección social”, como son las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital (IMV), en las ocasiones en que la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Ahora la regulación debe plasmar la concreción y letra pequeña para alcanzar estos objetivos, sobre la que apenas se sabe. Preguntado el jueves al respecto el 'número dos' de Yolanda Díaz ha afirmado que “se va a cumplir con lo que se ha dicho a Europa”, evitando “las lagunas de cobertura que este nivel en ocasiones provoca y también un sistema de reconocimiento más ágil y menos pesado para los trabajadores y trabajadoras que vayan a hacer uso de él”.
Sin embargo, Joaquín Pérez Rey no respondió sobre si se ampliarán y por cuánto tiempo el máximo de percepción del subsidio de desempleo, ni en el Ministerio se pronuncian tampoco sobre sus planes de extensión de la compatibilidad del subsidio y el salario de un nuevo empleo –que ya se aplica con la RAI–, como publicó El Periódico de Catalunya. “Es pronto para dar detalles tan concretos”, sostuvo el secretario de Estado de Empleo en la rueda de prensa del jueves, que destacó que en cualquier caso la reforma será “ambiciosa” como se ha comprometido a Bruselas.
Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO, llamó la atención esta semana sobre esta inminente legislación, que no está siendo negociada en el diálogo social. Según la información comunicada al sindicato, en CCOO temen que la norma se quede en una reforma “ligera”, menos ambiciosa de lo inicialmente anunciado y lo que necesita la población en desempleo, apuntó Bravo.
Por ejemplo, el sindicato afirma que no se pretende hacer finalmente la prometida reordenación en profundidad de todos los subsidios, ni ampliar su duración y protección, sino que los cambios se ceñirán a “mejoras de gestión y administrativas” y algunas para agilizar el cobro, como “eliminar mes de espera entre la prestación contributiva y la asistencial”, detalló Carlos Bravo. También destacó la importancia de comprometer y llevar a la práctica itinerarios personalizados para facilitar el reenganche de las personas en paro al mercado laboral, con un refuerzo de los orientadores en las oficinas públicas de empleo.
Si bien en CCOO reconocen que el Gobierno de coalición ha llevado a cabo mejoras en la protección por desempleo durante su mandato, por ejemplo la eliminación de recortes en la prestación a partir del sexto mes que acordó Rajoy o la protección inédita de las trabajadoras del hogar y del colectivo de artistas, Carlos Bravo insiste en que mejorar la protección asistencial es una “tarea pendiente” desde hace años, fundamental para evitar la desprotección de un colectivo abocado a la pobreza en muchas ocasiones. Sus tasas se dispararon tras la pasada crisis y siguen muy elevadas, con un 42% de las personas desempleadas en riesgo de pobreza según los últimos datos.
También hay recortes acordados durante el mandato del PP sin revertir, como la reducción de los subsidios para las personas que provienen de trabajos a tiempo parcial, que son la inmensa mayoría mujeres.
En el sindicato señalan especialmente al Ministerio de Hacienda, por las restricciones presupuestarias que está planteando a la reforma, y urgen al conjunto del Gobierno a hacer valer el compromiso inicial “más ambicioso”. Para ello, emplazan a acometer la también prometida reforma fiscal, que reforzará los recursos públicos para políticas como estas. En cualquier caso, Carlos Bravo destacó que las partidas destinadas a “inspectores de Hacienda, de Trabajo y orientadores de empleo son ”una inversión“, con ”retorno de dinero para las administraciones públicos“.
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