El Tribunal de Cuentas de la UE pide más mano dura a la Comisión Europea contra el déficit público
La Comisión Europea no es lo suficientemente “estricta” y “no llega lo suficientemente lejos” a la hora de pedir reformas estructurales y otras medidas de austeridad a los países miembros para encauzar los objetivos de déficit público. Es la principal conclusión a la que llega un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo, publicado este martes. Una conclusión que llega precisamente el mismo día que trasciende un pacto entre Bruselas y el Ejecutivo del PP en funciones para cambiar los objetivos de déficit en los próximos dos años.
La auditoría destaca que la Comisión Europea “no aplica de modo suficientemente riguroso el Procedimiento de Déficit Excesivo”. El PED (por sus siglas en inglés) es un procedimiento gradual que trata de corregir los niveles de deuda cuando éstos se desmadran en algunos estados miembros. Los 28 ya acordaron no rebasar el límite anual de déficit presupuestario, fijado en el 3% del PIB, y de deuda, en el 60% del PIB.
La Comisión, según el Tribunal de Cuentas, “se centra en los aspectos legislativos más que en la ejecución real de reformas”. Esto es, da por buenas las medidas que aprueban los Gobiernos pero luego no comprueba que se cumplan. Aunque hay “señales muy positivas”, Bruselas “no es suficientemente estricta ni eficaz en la tarea de obtener datos fiables de los Estados miembros” y tampoco está aplicando el PED con la dureza que debería.
La auditoría ha supervisado la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo en seis países (Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Italia y Malta ya que también se está en el procedimiento por exceso de deuda) y ha detectado “problemas en la aplicación” del procedimiento. La Comisión, por ejemplo, no consigue la manera de obtener “datos completos” o de hacer cumplir las recomendaciones, véase reformas o recortes.
El informe parece avalar las tesis de Alemania según las cuales el Ejecutivo que dirige Jean-Claude Juncker yerra al implementar una austeridad rigurosa en los países con desequilibrios macroeconómicos. “Sigue faltando información sobre las hipótesis y los parámetros de datos aplicados por la Comisión y su interpretación de conceptos fundamentales”, critica el Tribunal de Cuentas.
“Además”, prosigue, “la Comisión, incluso cuando ha establecido normas internas claras, puede decidir desviarse del procedimiento establecido, lo que plantea dudas acerca de la fiabilidad general de sus evaluaciones”. Uno de los autores del informe, Milan Martin Cvikl, señala que la Comisión “debe ser más estricta pues no está muy al tanto de lo que sucede en la realidad ni aplica las reglas de forma homogénea”.
El informe se refiere a la situación española en algunos pasajes. Al analizar la efectividad del PED, recuerda que “de los 23 Estados miembros que se encontraban sometidos a un PDE en noviembre de 2011, 15 consiguieron salir del procedimiento a finales de 2015 y todos ellos han mejorado tanto su presupuesto como su equilibrio estructural”. Sin embargo y de acuerdo con las previsiones de invierno de la Comisión para 2016, “Grecia, España, Francia y Finlandia fueron los únicos Estados miembros cuyo déficit de referencia aún supera el umbral del 3% en 2015”.
La auditoría incluye numerosas recomendaciones a la Comisión, a la que pide “centrarse en la reducción de la deuda pública, en especial en estados miembros muy endeudados”; para ello, le aconseja “reforzar el seguimiento de la ejecución de las reformas estructurales” y “vigilar más estrictamente la presentación de información de los estados miembros”.
También propone “mejorar los parámetros de evaluación de la calidad y documentar mejor el trabajo”, “adoptar medidas para aumentar la eficacia de sus verificaciones in situ”, mejorar la transparencia publicando “todas las orientaciones dirigidas a los estados miembros” y “aplicar definiciones claras, revelando todos los datos de cálculo y evaluación”.
Por último, el tribunal auditor recomienda al Consejo de la UE, la institución que representa a los 28 estados miembros y que preside Donald Tusk, que adopte “medidas más duras e imponga sanciones cuando corresponda”.
