Un día después de filtrarse un informe confidencial del FMI que plantea un ambicioso recorte de la deuda griega, mucho más incisivo y favorable para Atenas que el que hasta ahora le han concedido sus 18 socios del euro, Bruselas ha publicado el suyo. En realidad se trata de un análisis financiero con fecha del pasado 10 de de julio y que fue utilizado el fin de semana en el Eurogrupo, antes del acuerdo final pactado en condiciones agónicas. Sin embargo, esta evaluación elaborada por la Comisión Europea y el BCE, y que solo contempla un alivio de la deuda a cambio de duros sacrificios en el IVA, las pensiones y otras áreas que en su día fueron líneas rojas de Syriza, se ha hecho pública este miércoles, cinco días después.
Según portavoces de la Comisión, el análisis se ha colgado en la web “en interés de la transparencia”. Pero el documento choca frontalmente con el del FMI a la hora de concebir una menor carga de la deuda pública griega. El del Fondo apela directamente a un periodo de gracia de 30 años en el pago de los vencimientos, pero ofrece una remesa de alternativas como préstamos, una ampliación generosa de los plazos, transferencias fiscales anuales al presupuesto griego, reducciones del tipo nominal en los préstamos a Atenas…
En cambio el texto procedente de Bruselas y titulado Valoración de la Comisión Europea, conjuntamente con el BCE, de la demanda de Grecia de apoyo en forma de préstamos del Mede contempla acciones menos ambiciosas con la deuda helena y siempre condicionadas por más tijeretazos y subidas de impuestos. Se trata del caso de los ‘re-perfilados’ o del retraso en los vencimientos de los préstamos tanto nuevos como ya concedidos. El FMI propone recortar directamente la deuda; Bruselas solo retoques cosméticos que recuerdan al fracaso de la reestructuración de la deuda privada helena de 2012.
“La elevada deuda con relación al PIB y las elevadas necesidades de financiación plantean serias dudas con relación a la sostenibilidad de la deuda”, dice el texto. Las instituciones (el nuevo apodo de la Troika) contemplan “medidas para mitigar la deuda que serían concedidas solo una vez que los compromisos reformistas de las autoridades griegas hayan sido demostrados”. Un alivio, pero no antes de que lleguen los primeros recortes que se votaban este miércoles en el Parlamento ateniense.
Para evitar hablar de reestructuración –se rechazan explícitamente las quitas- la Troika introduce una “reevaluación sustancial” (reprofiling, el palabro de moda en Bruselas), una “extensión larga de los vencimientos y de los nuevos préstamos” o un “aplazamiento de los intereses”. Y esta reestructuración edulcorada se permitirá siempre que Atenas apruebe las durísimas reformas esbozadas la noche del domingo al lunes en el acuerdo al límite que firmó Tsipras con los otros 18 líderes de la zona euro.
Una percepción muy diferente a la del FMI, una institución que ve necesario un alivio profundo a la deuda pública helena, que se sitúa alrededor del 180% del PIB. Las previsiones de la Comisión, condicionados en todo momento por más inyecciones de austeridad, predicen que la deuda pública seguirá en niveles desorbitados: 165% del PIB en 2020, 150% en 2022 (actualmente, la deuda pública en España ronda el 100%). En el peor de los casos, se disparará al 187% y al 176% en 2020 y en 2022 respectivamente.
Dice este análisis con permanente tono sombrío que hay “sustanciales riesgos para la estabilidad financiera en Grecia” y todos ellos se atribuyen únicamente al Gobierno de Alexis Tsipras, ya que fueron “causados por la incertidumbre de las políticas financieras de las autoridades griegas en el último medio año”. Y cualquier medida que Atenas pueda adoptar fuera del paraguas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el vehículo creado en 2011 directamente relacionado con los programas de rescate europeos, provocaría “inevitablemente el colapso” de las entidades helenas.
Las instituciones comunitarias identifican unas necesidades de financiación de en total 81.000 millones (inferiores a las del FMI y destinadas a recapitalizar bancos, pagar a acreedores y lo que sobre utilizarlo para la economía real). Las del Fondo, que fueron las previsiones que más se comentaron tras la terrible negociación del acuerdo dominical entre jefes de Estado, oscilaban entre los 82.000 y los 86.000 millones de euros incluida la recapitalización bancaria y la financiación-puente. Esta última, la financing-bridge, asciende a 7.000 millones y persigue solventar los problemas a corto plazo: los vencimientos de deuda del 20 de julio con el BCE, superiores a 3.000 millones, y el default ya consumado con el FMI, que alcanza los 2.000 millones este mes de julio. La Comisión prevé abonar 74.000 millones de euros entre julio de 2015 y julio de 2018. Sumados los 7.000 millones, las necesidades suben hasta los 81.000 millones, una cantidad que deja menos dinero para relanzar la inversión y la economía griegas.
Sobre la financiación-puente aún no hay una decisión definitiva, aunque este miércoles el comisario Valdis Dombrovskis ha contemplado dos opciones: los programas de compra de bonos y adquisiciones en manos del BCE (los técnicamente llamados SMP o ANFA) y la movilización del dinero disponible en el Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera. Esto último es más complicado y requeriría del consenso de los 28 estados de la UE: varias fuentes comunitarias descartan de hecho la opción del FEEF. Dombrovskis también ha hablado de “préstamos bilaterales”.
Contagio de la zona euro
La Comisión detecta un “riesgo significativo para la estabilidad financiera de los bancos” helenos. Las entidades griegas conservan una “cantidad notable de títulos gubernamentales y garantías (colateral) utilizadas para el ELA”, las líneas de emergencia teledirigidas por el BCE para garantizar la solvencia de los bancos desde marzo pasado.
La valoración de la Troika también advierte del escenario de Grexit, hacia el cual muchos países de la Eurozona (Finlandia, Alemania, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia…) empujaron el sábado: “Un default de Grecia y de sus bancos podría tener consecuencias directas para los países donde la cuota de mercado de las oficinas y filiales de las entidades helenas tenga una importancia sistémica”. Por ello aconseja la Troika a Atenas adoptar las seis acciones prioritarias plasmadas en el documento del Eurogrupo, entre las que destaca una ambiciosa reforma de las pensiones.
El texto insiste en el contagio: aunque los riesgos directos para los 18 países con el euro habrían sido “reducidos durante los dos programas de ajuste macroeconómico”, “las consecuencias a largo plazo resultantes de los acontecimientos que afecten a la zona euro es probable que sean significantes”. Un peligro “difícil de valorar dada la ausencia de precedentes históricos”.