El Gobierno de Alexis Tsipras ha redoblado sus contactos políticos para lograr que la evaluación que están llevando a cabo los acreedores sobre el tercer rescate concluya con éxito antes de la próxima reunión del Eurogrupo, el 5 de diciembre.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no parece estar dispuesto a ceder en algunos puntos considerados inviables por el Gobierno de Atenas, a cambio de su participación en este tercer rescate, cuyo monto total asciende a un máximo de 86.000 millones de euros.
Además de exigir que Atenas liberalice aún mas el despido y rechazar los planes de Tsipras de restablecer los convenios colectivos, el FMI condiciona su apoyo al programa a que Grecia amplié la base imponible, lo que supondrá una nueva carga fiscal para el contribuyente griego.
Según informaciones del diario Kathimeriní, el FMI exige reducir la base exenta de impuestos de los 8.636 euros anuales actuales a los 5.000 euros a partir de 2018.
El argumento del FMI es que el 50 % de los asalariados queda actualmente libre de imposición, un porcentaje demasiado elevado si se tiene en cuenta que la media de los asalariados en la Unión Europea que no tributa es del 8 %.
El porcentaje, sin embargo, refleja a su vez que la mitad de los asalariados en Grecia gana menos de 8.636 euros al año.
Fuentes del ministerio de Finanzas no quisieron comentar a Efe el contenido del artículo.
En otras ocasiones el mismo ministerio, en cambio, es muy prolífico a la hora de dar desmentidos sobre informaciones aparecidas en la prensa.
La posición del FMI sobre este asunto, como también en materia laboral, no es nueva, pero se produce a pocas semanas de que tenga que decidir si participa o no en el programa de rescate.
En declaraciones a la radio local RealFM el ministro de Interior, Panos Skurletis, aseguró hoy que el programa de rescate puede seguir “incluso sin la participación del FMI”.
La participación del FMI es sobre todo una exigencia de Alemania, que desde un principio ha insistido en que el fondo tiene más experiencia en el terreno y no debe quedar fuera.
El FMI, que participa en las negociaciones aún no habiendo decidido si se suma al rescate, ha supeditado su inyección financiera a que las finanzas griegas sean sostenibles (sus estatutos así lo exigen) y por eso ha venido insistiendo también en la necesidad de reestructurar la deuda pública helena y de bajar los objetivos para el superávit primario que debe alcanzar el país a partir de 2018.
Mientras tanto, el Gobierno continúa aplicando algunos de los requisitos previos acordados con la cuadriga de acreedores (Banco Central Europeo, Comisión Europea, Mecanismo de Estabilidad Europeo y Fondo Monetario Internacional) en el marco de este tercer rescate.
El parlamento aprobó hoy la ley sobre la movilidad en la administración pública, por la que un funcionario puede ser trasladado a otro organismo si las necesidades así lo requieren.
A diferencia de una ley similar aprobada a instancias de los acreedores por el Gobierno anterior, esta solo contempla el traslado voluntario.
Además el Gobierno introdujo hoy en el Parlamento otra ley que pretende eliminar trabas burocráticas a la creación de empresas.
En sus esfuerzos por acelerar el proceso y evitar que la decisión de si Grecia obtiene o no un aprobado quede exclusivamente en manos de los “técnicos”, Tsipras ha redoblado sus contactos políticos.
El jueves mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Euroipea, Jean-Claude Juncker, y el próximo lunes recibirá al comisario de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, quien además se reunirá con otros miembros del Gobierno.