Hay acuerdo para la reforma del mercado eléctrico. Año y medio después de que los 27 abrieran la puerta a modernizar un modelo que se reveló obsoleto tras el estallido de la guerra en Ucrania al evidenciarse la dependencia de Rusia y la vulnerabilidad del sistema europeo con un incremento histórico de los precios que obligó a tomar medidas extraordinarias para evitar la asfixia de empresas y familias, el Consejo de la UE, la Eurocámara y la Comisión Europea han pactado unas nuevas normas que ahora tendrán que ratificar las dos primeras instituciones para que entren en vigor.
La reforma del mercado eléctrico, que no supondrá el cambio radical del modelo que se esperaba, era una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE. “Este acuerdo es una gran noticia, ya que nos ayudará a reducir aún más la dependencia de la UE del gas ruso y a impulsar la energía libre de combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias a este acuerdo, podremos estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial”, ha señalado la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un comunicado enviado de madrugada, cuando los negociadores han dado el visto bueno al texto.
Uno de los objetivos de la reforma del mercado eléctrico es reducir la volatilidad de los precios, que fue uno de los problemas que se encontró la UE como consecuencia de la guerra en Ucrania, cuando el precio del gas empezó a subir y se disparó al limitar el suministro de Rusia. La principal receta de la UE en la reforma es la generalización de los denominados Contratos por Diferencias (CfD, por sus siglas en inglés) que es en aquellos en los que se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida posteriormente: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior, es al contrario. Ese fue uno de los principales escollos entre Francia y Alemania dado que Berlín no quería que esos contratos aplicaran para las centrales eléctricas ya existentes al entender que las centrales nucleares ya amortizadas de Francia le iban a reportar unos ingresos extraordinarios.
Finalmente los CfD se aplicarán a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de electricidad basadas en la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica sin embalse y también la energía nuclear. No obstante, se incluyen algunas condiciones, como un periodo transitorio de tres años para su aplicación a partir de la entrada en vigor del reglamento para garantizar la seguridad jurídica de proyectos que están en curso actualmente. En el caso de las plantas ya existentes, los 27 establecieron que esos contratos no se aplicaran automáticamente sino que tengan que contar con el visto bueno de Bruselas (como hasta ahora) para garantizar que no son ayudas de Estado.
“El acuerdo ofrece flexibilidad en cuanto a la redistribución de los ingresos generados por el Estado a través de los CfD. Los ingresos se redistribuirían a los clientes finales, y también podrían utilizarse para financiar los costes de los regímenes de apoyo directo a los precios o las inversiones destinadas a reducir los costes de la electricidad para los clientes finales”, señala el Consejo en un comunicado.
La reforma del mercado eléctrico persigue que los precios de la electricidad sea menos dependientes de los combustibles fósiles para proteger a los consumidores. El acuerdo recoge la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación de renovable a través de los PPA, que son contratos de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor, aunque será voluntario.
Durante la negociación, los colegisladores, especialmente los parlamentarios, pusieron el énfasis en la necesidad de proteger a los clientes vulnerables. Así, se eleva su protección respecto a los cortes de suministro. El nuevo sistema permitirá al Consejo de la UE declarar situaciones de crisis energética tras una propuesta de la Comisión Europea que permitirá a los estados miembros tomar medidas extraordinarias para reducir los precios para los clientes vulnerables. “Además, se incorporan disposiciones destinadas a evitar distorsiones o fragmentaciones indebidas en el mercado interior”, señala el comunicado del Consejo.
“Fomentamos nuevos derechos, al expandir el derecho a compartir energía, y reforzamos ampliamente la protección al consumidor, con medidas concretas como la prohibición de cambios unilaterales en los contratos por parte de los suministradores, o que los consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética estén totalmente protegidos frente a las desconexiones, obligando a los Estados miembros a tomar medidas apropiadas, incluida la prohibición de las desconexiones o medidas equivalentes”, afirma el eurodiputado socialista Nicolás González, que ha sido el ponente por parte de la Eurocámara y que admite cesiones como “la derogación introducida por el Consejo sobre la participación de activos que exceden los límites de emisiones”.