El sindicato UGT exige una medida al nuevo Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos en el primer Consejo de Ministros: la derogación del despido por absentismo laboral aunque esté justificado por baja médica. El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha presentado este miércoles las prioridades de la organización de cara a 2020, entre las que reclama esta primera acción vía real decreto-ley al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.
Álvarez ha explicado que el sindicato ha apreciado un considerable aumento de los llamados “despidos por absentismo laboral”, regulados en el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores después de que el Tribunal Constitucional avalara esta fórmula de despido objetivo.
Aunque carecen de cifras concretas sobre las personas que han sido expulsadas de sus puestos de trabajo por esta vía, el líder de UGT ha asegurado que las empresas –especialmente del sector servicios y en puestos feminizados– están recurriendo más a este mecanismo de despido que ha tachado de “inhumano”.
El despido por absentismo está recogido en el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores. Permite que un contrato de trabajo pueda extinguirse por faltas de asistencia al trabajo intermitentes, aunque estén justificadas, en los casos en que “alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos” y “siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles” o “el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.
El artículo establece varias excepciones en las que no se pueden computar las faltas de asistencia de cara a este despido objetivo, como las ausencias debidas a huelgas, los accidente de trabajo o las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o “enfermedad grave”.
Un ejemplo práctico de su aplicación, el del caso que avaló el Tribunal Constitucional: la trabajadora, con una “voluminosa hernia discal”, fue despedida por ausentarse nueve días hábiles (ocho justificados por baja médica por incapacidad temporal) en dos meses continuos.
En el programa de Gobierno que presentaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cara a la investidura ya recoge el compromiso de derogar “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”. En UGT exigen que esta promesa se materialice en un real decreto-ley en el primer Consejo de Ministros, ya que consideran urgente frenar esta posibilidad de despido sobre la que “no cabe negociación”.
Pepe Álvarez ha criticado con dureza a la patronal por no criticar públicamente a las empresas que han aplicado en estas últimas semanas estos despidos “de manera abusiva”: “He echado en falta un mínimo de humanidad por parte de la CEOE”.
Esta fórmula de despido –con indemnización de 20 días por año trabajado– fue facilitada en las dos últimas reformas laborales. La del PP de 2012 individualizó la posibilidad de aplicarlo: eliminó la condición de “siempre que el índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo”. De inicio, ese dato total de absentismo del conjunto de trabajadores estaba fijado en el 5%, pero la cifra se rebajó a la mitad en 2010 por el Gobierno de Zapatero.
UGT reclama ahora que se elimine del todo esa posibilidad de despido y se aborde el absentismo laboral a través de otras herramientas, siempre enfocado a eliminar las ausencias injustificadas y no aquellas motivadas por bajas médicas.
Volver a la legislación de pensiones de 2011
Álvarez también ha reclamado como una de las medidas más urgentes la derogación de la reforma unilateral de las pensiones que el PP aprobó en 2013. UGT pide al nuevo Ejecutivo que tumbe con urgencia esta legislación vía real decreto-ley y que se aplique la reforma de las pensiones del año 2011, que el Gobierno de Zapatero pactó con la patronal y los sindicatos.
Sobre ese escenario, el sindicato plantea que el Ejecutivo negocie con los agentes sociales y las fuerzas parlamentarias la revisión de la Seguridad Social, para reforzar los recursos necesarios para garantizar las pensiones y otras prestaciones presentes y futuras.
Otra de las materias más urgentes de cara a 2020 es “la derogación de las reformas laborales”, que para UGT es imprescindible que se apruebe antes de que se pacte una revisión más a fondo del Estatuto de los Trabajadores. Pepe Álvarez ha subrayado algunos de los elementos más lesivos que pide eliminar lo antes posible: el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga cuando no hay uno nuevo), la supremacía del convenio de empresa sobre el sectorial y las facilidades en los despidos objetivos y colectivos.
El líder del sindicato ha afirmado que todavía no han sido citados para negociar el próximo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, que será una de las primeras medidas que tenga que aprobar el Ejecutivo. Álvarez ha pedido premura para abordar este asunto, pero ha reconocido que aún debe ser nombrada la nueva responsable del Ministerio de Trabajo, que –aunque aún no se ha anunciado de manera oficial– recaerá en manos de Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.
La lucha contra el desempleo (que alcanza a más de 3,2 millones de personas), el avance en la igualdad de género, la transición medioambiental justa y una reforma fiscal que combata la desigualdad son otras de las iniciativas que el sindicato ha anunciado que impulsará para este nuevo año.