El gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras Urbaser ha ocultado a los inversores en España información relevante tras los sobornos en Canarias reconocidos ante un juez por dos históricos de la compañía que pilota Fernando Abril-Martorell a los que acaba de despedir, ante el flagrante incumplimiento de su código ético.
Urbaser remitió el 25 de mayo sus cuentas anuales consolidadas al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) que gestiona Bolsas y Mercados Españoles (BME), donde la empresa tiene varias emisiones de deuda en circulación.
El documento omite una información muy relevante: el informe de auditoría de sus cuentas, labor que tiene encargada a la firma internacional Ernst & Young desde 2021. Se trata de una anomalía que contrasta con las decenas de entidades que han remitido sus cuentas en lo que va de año al MARF, acompañándolas del correspondiente informe de auditoría. Así lo hizo la propia Urbaser en los ejercicios 2021, 2020 y 2019, tras empezar a emitir deuda en el mercado de renta fija.
Un portavoz de Urbaser indicó que la compañía “no tiene la obligación de publicar el informe de auditoría” hasta el próximo 30 de junio, ya que “el hito vinculado a dicha publicación es la Junta General de Accionistas”. “Al tener un accionista único”, una sociedad en Luxemburgo, la documentación relativa a la junta de accionistas se hará pública en junio, indica ese portavoz.
La circular de BME 5/2013, de 18 de julio, regula la información que deben facilitar los emisores al MARF. Dice que las entidades “deberán remitir al Mercado para su difusión pública, sus cuentas anuales auditadas” tan pronto como estén disponibles.
“Sin perjuicio de las decisiones que pueda adoptar al respecto” el regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “y dando inmediatamente cuenta a ésta última, el Mercado podrá suspender la contratación de los valores” cuando los emisores de deuda no remitan información o lo hagan de forma “incompleta” o “fuera de plazo”, indica ese reglamento.
Los valores incluso “podrán ser excluidos de la negociación en el Mercado” en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones, especialmente “en lo que se refiere a la remisión y publicación de información”, cuando lo determine el consejo de administración de BME.
El consejero delegado del grupo BME, Javier Hernani, ha sido ya informado de la omisión de Urbaser mediante una comunicación remitida el pasado miércoles a la que ha tenido acceso elDiario.es.
BME, una empresa privada que fue adquirida por el grupo SIX en 2020, no ha querido comentar este asunto.
Tras la publicación de esta información, la CNMV ha señalado este viernes que el organismo “no es competente en los SMN (sistemas multilaterales de negociación) sobre la supervisión de las cuentas”.
“Estos mercados tienen establecidos en su normativa interna sus requisitos sobre remisión de cuentas por parte de las entidades. A las sociedades que cotizan en el MARF les resultan de aplicación las obligaciones de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto a la formulación, auditoría y aprobación de cuentas, y según establece, está aún dentro del plazo para publicar el informe de auditoría, que debe ser antes de la convocatoria de la Junta general”.
El regulador añade que “la separación entre la publicación de las cuentas y del informe de auditoría es práctica habitual en algunas empresas de este mercado”.
Las normas del MARF señalan que por parte de los emisores “deberá ponerse a disposición del Mercado toda la información relacionada con la entidad emisora que sea relevante según su naturaleza jurídica”.
Urbaser no ha informado al mercado de algunos acontecimientos recientes de relevancia. En 2022 se cerró la venta a un fondo suizo de Socamex, filial de agua de Urbaser y una de sus tres líneas de negocio, por un importe que se cifró en unos 200 millones de euros, deuda incluida, y que le ha reportado un beneficio cercano a los 50 millones, según indica en las cuentas que acaba de enviar al MARF. Solo ahora ha informado de esa operación. La CNMV se da por satisfecha, dado que la transacción “está comunicada en las cuentas formuladas remitidas”, explica el organismo en un correo electrónico.
En 2022 se produjo el cese del vicepresidente y consejero delegado de Urbaser, José María López Piñol, que fue inscrito en el Registro Mercantil en marzo de ese año, y el nombramiento como vicepresidente y consejero en esas fechas de Juan Jesús Jiménez Díez-Canseco. Esos cambios tampoco se han comunicado al mercado. Lo mismo ha ocurrido con el cese por corrupción, hace unos días, de uno de los principales protagonistas de ese escándalo en Canarias: el número 2 de la compañía y director general de Servicios Urbanos, Manuel Andrés, que era responsable de la pata que genera la mayoría de sus ingresos y concentra el 88% de su plantilla.
El 9 de mayo, elDiario.es informó de que Urbaser mantenía en nómina a Andrés y a su mano derecha, Santiago Alonso, que semanas atrás habían confesado que sobornaron a cargos públicos del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) entre 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad.
Según el registro de Luxemburgo, donde Urbaser tiene su matriz, ambos mantienen participaciones societarias en la sociedad instrumental que controla el grupo como premio a su gestión en la compañía. Recibieron ese bonus cuando ya estaban a la espera de juicio.
Su confesión llegó durante la negociación de sus defensas con la Fiscalía Anticorrupción ante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Las Palmas que se va a celebrar ahora, 13 años después de ser detenidos por la Guardia Civil. Hasta entonces el Ministerio Público pedía para ellos penas de 10 años de cárcel por delitos de cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos.
El dueño del fondo estadounidense Platinum, propietario de Urbaser, fue advertido de la permanencia en la empresa de estos dos directivos tras reconocer los sobornos en una comunicación que pedía el cese inmediato de Abril-Martorell, como avanzó este medio el 15 de mayo.
Entonces, la empresa indicó que su área de Compliance estaba analizando el asunto. Cuatro días después, Urbaser comunicó a la Agencia EFE el despido de Andrés y Alonso, tras comprobar que los hechos son completamente contrarios a su código de conducta y a su política corporativa frente a la corrupción.
El pasado 22 de octubre, el grupo español aprobó un código anticorrupción que asegura que “Urbaser rechaza toda forma de corrupción, aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier indicio de soborno o corrupción cometido por un empleado/a de Urbaser o por un tercero, que actúe en nombre de Urbaser”.
La CNMV ha indicado este viernes, sobre la comunicación de cambios de ejecutivos o consejeros, que “la valoración sobre si es información privilegiada o no la tiene que hacer la entidad en base al posible impacto que pudiera tener en el mercado. No todas las informaciones de una empresa son información privilegiada y menos aun cuando una entidad solo emite renta fija y no variable. Ese análisis debe hacerse caso por caso y no puede presuponerse que nombramientos o ceses lo sean, por principio”.
Por su parte, Urbaser indicó en la noche del jueves que “analiza en todo momento si la información de la que dispone respecto de la sociedad y de los instrumentos financieros cotizados tiene carácter de privilegiada” o como “información relevante”, de acuerdo con la citada circular del MARF, así como si “afecta a su actividad económica o supone un cambio significativo” respecto a “su trayectoria o evolución de los resultados o de los flujos de efectivo”.
“El cese de directivos”, indica Urbaser, “no se considera información relevante desde ese punto de vista y desde luego no es información privilegiada”.
En 2020 Urbaser registró un programa de pagarés en el MARF con un límite máximo de emisiones vivas de 200 millones y vencimiento a un año, que amplió en 2022 hasta 300 millones. A cierre del pasado ejercicio, tenía emitidos pagarés por importe de 108,1 millones, según las últimas cuentas anuales de Urbaser en España.
Esas cuentas, formuladas el 3 de mayo, obvian ya ese litigio ante la Audiencia de Las Palmas. La Fiscalía sostiene, entre otras cosas, que directivos de la empresa Tecmed (más adelante convertida en Urbaser) sobornaron al presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, que desde hace años cumple en la cárcel varias condenas por corrupción, y a la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, así como a otros políticos locales y funcionarios municipales.
El juicio se ha aplazado a septiembre por problemas de salud de la exalcaldesa. Se sientan en el banquillo otras dos personas relacionadas con Urbaser cuando ocurrieron los hechos: Stephane Jean Antoine Balverde y Francisco José Martínez Llerandi, para los que la Fiscalía pide condenas de ocho años y seis años de cárcel, respectivamente. Urbaser explicó hace unos días a EFE que ninguno de los dos forma parte en la actualidad de la plantilla de la compañía.
Las cuentas de Urbaser sí incluyen información sobre la situación de otros muchos pleitos que afectan al grupo, varios de ellos de naturaleza penal en España. Recogen una novedad en relación con las diligencias previas 14/2018 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional contra Urbaser S.A., entre otros, “en relación con el llamado caso 3%”, sobre la presunta financiación ilegal de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya, por el que va a sentarse en el banquillo Antonio Vives, exresponsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona con Xavier Trias, el candidato más votado en la capital catalana en las elecciones municipales del pasado domingo.
“En noviembre de 2022, la Fiscalía ha presentado escrito de acusación contra Urbaser, para la que solicita de forma provisional condena consistente en una multa de 4.000.000 euros. El 12 de noviembre, el Tribunal dictó auto de apertura de juicio oral y dio plazo de seis meses para la presentación de escrito de defensa”, explica Urbaser en sus cuentas.
Estas reflejan un aumento de su facturación del grupo, con cerca de 58.000 empleados, del 19% en 2022, hasta 3.037 millones, de los que cerca del 55% procedió de España.
La compañía perteneció hasta 2016 a la constructora ACS, que ese año se la vendió al grupo chino Energy Conservation and Enviromental Protection (Cecep) por 1.319 millones. En 2021 Cecep se la vendió a su vez a Platinum por más del doble, unos 3.500 millones. Cuando la adquirió, el máximo ejecutivo y propietario del fondo estadounidense, Tom Gores, indicó que la compañía “requiere de excelencia operacional y de las mejores prácticas de ESG”.
Abril-Martorell, expresidente de Indra o exconsejero delegado de Prisa e hijo del que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con Adolfo Suárez, es consejero delegado de la compañía desde junio de 2022.
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