El fondo luxemburgués Cube, uno de los inversores extranjeros que ha logrado en los últimos años una condena contra España por los recortes a la retribución de las energías renovables del Gobierno de Mariano Rajoy, quiere vender el laudo favorable que obtuvo en 2019 del tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi).
Cube “está trabajando en la venta del laudo de arbitraje español”, indica en las cuentas del ejercicio 2019 que ha depositado recientemente en el Registro Mercantil de Luxemburgo.
Este fondo gestiona, a través de su filial española, RPI, que también tiene en venta, más de una decena de aprovechamientos hidroeléctricos en España con una potencia de 54,6 MW.
Entre ellos está el salto de Requejada (Palencia), adquirido por RPI en 1991, que tiene 5 MW de potencia y construyó en 1950 la extinta Unión Española de Explosivos. Esta planta figura en el listado de instalaciones cuya concesión va a vencer próximamente, según el Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, lo hace en 2028.
El grupo RPI, que ha declinado atender a elDiario.es, gestiona también, según sus últimas cuentas presentadas (2019), dos saltos hidroeléctricos en la provincia de Toledo (Higares y Lavaderos, en el Tajo, con 3,2 MW de potencia) que tienen su concesión caducada desde 2019, año en el que se dictó el laudo que ahora quiere vender.
Con el precio de la electricidad disparado, el debate sobre la creación de una empresa pública de energía que asuma esas concesiones, que reclama Podemos, ha vuelto a escena. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo rechaza, si bien recientemente admitía que hay experiencias “interesantes”.
“Tenemos un buen número de concesiones hidroeléctricas que han caducado o están a punto de caducar. Y eso nos permite pensar en cómo en su caso, cuando queramos, pensemos, de qué modo se pueden aprovechar esos mismos saltos, bien para almacenamiento, bien para generación de electricidad, bien para gestión de proximidad, bien para nuevo concurso”, indicó Ribera en su última comparecencia en el Congreso.
“Hay que actualizar de qué estamos hablando, cuáles son los beneficios, el interés público que hay detrás y de qué modo se puede impulsar el mayor de los beneficios posibles”.
En febrero de 2019, Cube logró que el Ciadi declarase culpable a España y reconociera una indemnización de 33,7 millones de euros, más intereses y costas, para resarcirle junto a su socio, el fondo francés Demeter, por los recortes sufridos por las plantas hidroeléctricas y fotovoltaicas adquiridas entre 2008 y 2012.
Ambos demandaron al Estado español en junio de 2015. Cube reclamaba una compensación de más de 60 millones: 11,14 millones para tres plantas fotovoltaicas y cerca de 50 millones (Demeter pedía otros 13,11 millones) por la menor rentabilidad de los activos hidroeléctricos de su filial española RPI.
Esa indemnización no ha llegado a pagarse. En noviembre de 2019, España pidió al Ciadi la anulación del fallo, que contenía un voto discrepante de uno de los tres árbitros. Este procedimiento está pendiente de resolverse. Los demandantes han intentado forzar su ejecución en Estados Unidos y el pasado 31 de mayo la Corte de Distrito de Columbia (Estados Unidos) denegó la petición de España de desestimar el procedimiento de ejecución.
Cube empezó a invertir en fotovoltaica en España en julio de 2008, en una sociedad conjunta con la francesa EDF de la que pasó a ser propietaria al 100% en 2017, hasta que vendió esos activos en noviembre de 2019. En junio de 2011 apostaron por la hidroeléctrica, con la adquisición de RPI.
El caso de Abengoa
La venta de laudos a fondos de inversión es habitual en contenciosos con países de alto riesgo. En el caso de los arbitrajes por las renovables, un ejemplo en España es el de Abengoa. El grupo sevillano, que ha pedido 249 millones al fondo de rescate del Estado tras presentar concurso de acreedores y figura en la última lista de morosos de Hacienda, vendió en 2019 por 75 millones a “un conjunto de fondos de reconocido prestigio” parte de los derechos del arbitraje que presentó en la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte a la termosolar. La compañía reclama al Estado una indemnización de cerca de 1.200 millones a través de una filial en Luxemburgo.
El pasado 29 de junio, Teresa Ribera señaló en el Congreso que el Gobierno va “a seguir pleiteando por el interés de España” para frenar los arbitrajes que propició la reforma de Rajoy, que convirtió al país en “parias internacionales” a los ojos de los inversores foráneos, con cerca de cincuenta pleitos que reclamaban indemnizaciones por importe de cerca de 10.000 millones.
Ribera explicó que España ha ganado hasta ahora arbitrajes por importe superior a 1.240 millones y arrastra unos 1.000 millones en condenas “que todavía estamos recurriendo”. “Hemos ahorrado por ahora 4.582 millones a las arcas públicas, teniendo todavía pendientes otros 4.200 millones en arbitrajes”. Uno de los argumentos que está utilizando España para no pagar es una sentencia del Tribunal de la UE conocida como Achmea, que niega la validez de un arbitraje por inversiones cuando los dos litigantes son europeos, como en el caso de Cube.