La cita era el martes a las diez de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma de Mallorca. Katiana Vicens, la secretaria general de CCOO de Islas Baleares, llegaba a los juzgados junto a Ignacio Fernández Toxo, el líder del sindicato a nivel nacional. Tras ellos, decenas de cargos de varias federaciones y territorios y afiliados del sindicato con un lema: la huelga no es delito. El de Vicens ha sido el primer juicio desde que se supo que al menos 300 personas están inmersas en procesos penales y administrativos por su participación en huelgas y piquetes, una cita clave para la que el sindicato ha movilizado a sus bases.
Los hechos se remontan a la huelga general de marzo de 2012: un conductor de autobús denuncia a Katiana Vicens por la rotura de una luna del vehículo cuando ella subió para intentar convencerle de que se sumara a la huelga, algo que Vicens niega rotundamente. La Fiscalía va incluso más allá y pide para la líder sindical cuatro años y medio de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Vicens sostuvo ayer la versión que ha mantenido desde el principio. Aquella mañana de marzo llegó temprano a la estación intermodal de Palma para participar en los piquetes. “Había un despliegue policial importante. Al subir en el autobús el conductor me cogió de una mano y me zarandeó violentamente, entonces el policía que estaba en la puerta me agarró, me sacó de allí y me identificó”, contó ante la jueza.
El conductor asegura que la disputa no quedo ahí y que fue ella quien rompió la luna de su vehículo. Sin embargo, su testimonio fue ayer inconsistente -no supo concretar cómo se rompió el parabrisas, ni si fue la acción de las personas que se encontraban fuera la que pudo provocar el daño-, tanto que la magistrada le llamó la atención en una ocasión para pedirle que diera respuestas precisas y puso en evidencia sus contradicciones.
La fiscal ejerció una dura acusación: en sus conclusiones puso como ejemplo una de las sentencias que más revuelo ha generado en los últimos tiempos, la que condenó a Carmen y Carlos, dos miembros de un piquete que entró en un bar de Granada a tirar propaganda y gritar lemas, a tres años y un día de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores.
La fiscal pidió incluso que Katiana Vicens se retirara la chapa con la que había entrado al juicio y en la que se podía leer “La huelga no es delito”, una petición que la jueza rechazó.
“No estamos juzgando a un sindicato. No hablamos del derecho de huelga ni de la libertad sindical, sino de un delito de coacciones y de daños. Esas pegatinas sobran, son una forma de hacer presión errónea”, sostuvo la fiscal, que insistió en que la pena debía ser de cuatro años y medio de cárcel porque se trata de una coacción grave que impidió el derecho de una persona a trabajar.
Ese argumento fue rechazado por el abogado de Vicens, que puso de manifiesto que el autobús pudo iniciar su marcha a pesar del suceso y que fue un incidente posterior, ajeno a la secretaria general, el que hizo que el conductor decidiera finalmente parar su vehículo. La defensa subrayó que no existe ninguna prueba de cargo que sirva para atribuir a Vicens los hechos de los que se la acusa y que no se ha acreditado que ejerciera violencia física o moral.
“La huelga no es un delito, menos para el Ministerio Fiscal, que sí lo cree así”, arremetió el abogado de la defensa. El letrado destacó que el artículo por el que se pide a Vicens los cuatro años y medio de cárcel data de la Transición y que aplicar la pena máxima en un caso así requeriría probar que se trata de una coacción muy grave.
Nada más acabar el juicio, la comitiva sindical se desplazó a un acto de apoyo a Katiana Vicens. Representantes del sindicato, pero también de la sociedad civil y de partidos políticos la arroparon. El coordinador de IU, Cayo Lara, y la secretaria de Empleo de la Ejecutiva del PSOE, Mari Luz Rodríguez, también viajaron a Palma para presenciar el juicio y acudir al acto.
Reforma del Código Penal
Vicens confía en una sentencia favorable. “No puede decir otra cosa que la libre absolución porque no han sido capaces de probar de lo que se me acusa. Que encarcelen a quien sea por ejercer libertades públicas es gravísimo”, dice la secretaria general de CCOO de Islas Baleares, la única mujer que dirige una organización confederal del sindicato.
En el escenario de un auditorio entregado, Toxo aprovechó para reclamar una vez más que la reforma del Código Penal, ahora en tramitación parlamentaria, suprima el polémico artículo 315.3, que se está aplicando en los procedimientos penales contra huelguistas, incluido el de Katiana Vicens.
“Cómo se puede penar algo así con cuatro años y medio de cárcel. Creíamos que estas cosas en España se habían superado hace cuarenta años. No parece casualidad que desde Pontevedra a Palma se invoque el mismo artículo para sancionar una conducta que, en el peor de los casos y si fueran ciertas las acusaciones, hay otras figuras con las que sancionar”, dijo Toxo, que recordó que se trata un artículo que data de 1976 y que es, por tanto, predemocrático.
La ofensiva contra los piquetes en huelga se inició ya el pasado febrero, cuando la Fiscalía pidió ocho años de cárcel para ocho trabajadores de Airbus por unos incidentes en la huelga general de 2010. Desde entonces, se han sucedido las peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía, hasta sumar al menos 300 encausados. Uno de los casos que más ha conmocionado a la ciudadanía fue el de Carmen y Carlos, que estuvieron a punto de entrar en la cárcel en Granada. Este mismo lunes se supo que la Fiscalía pide 74 años de cárcel para los participantes del 15M.