El gasto público en España supone un 40% de la actividad económica del país. Pero sus cifras nunca han sido revisadas hasta ahora en detalle. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene el mandato de hacerlo. Durante su estudio, del que ha publicado este lunes la primera parte, se ha topado con serias dificultades debido a problemas de falta de transparencia, ordenación y coordinación en todas las administraciones a la hora de sistematizar la información sobre las ayudas públicas que conceden, así como en su evaluación de los resultados.
De hecho, la AIReF afirma que las subvenciones públicas, que ascienden a 30.000 millones de euros anuales, pero de las que se han analizado 14.000 millones, se conceden sin tener en cuenta la planificación del resto de las políticas públicas y tampoco hay un análisis a posteriori sobre su utilidad o incluso sobre si el destino que se le ha dado era el correcto. Así, ha pedido que se empiece a vigilar el destino que realmente se le da a las subvenciones en vivienda, empresas o políticas de empleo, y que se obligue a devolverlas y se sancione a quien haya incurrido en malas prácticas.
Entre estas subvenciones públicas se encuentran las que concede el Plan Estatal de Vivienda, que la Autoridad Fiscal utiliza como ejemplo de falta de coordinación y de planificación de políticas públicas. El Plan de Vivienda 2018-2021, que fue aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en junio del año pasado aunque fue diseñado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, cuenta con 1.443 millones de euros para repartir entre las autonomías.
Estas ayudas cuatrienales se reparten entre las comunidades autónomas de régimen común en una conferencia sectorial en la que, según la AIReF, hay una falta de debate sobre otros aspectos de la política de vivienda, más allá del reparto de fondos. Reparto que en cualquier caso viene ya predeterminado por unos porcentajes fijados en el año 1992, que han permanecido inalterados desde entonces y cuya motivación concreta no ha conseguido conocer la Autoridad Fiscal.
Si la razón estriba en el número de habitantes, los cambios en el padrón desde hace 27 años hasta ahora no han supuesto variación alguna en el porcentaje de las subvenciones que se trasladan a las autonomías y que estas a su vez reparten en forma de ayudas al alquiler, rehabilitación o compra de viviendas. Desde 1992, Andalucía se lleva un 17,1% del total de ayudas, Madrid el 15,95% y Catalunya el 14,5%.
El año pasado, varias comunidades autónomas reclamaron que se actualicen los motivos que definen el reparto de los fondos, y Fomento, todavía con Íñigo de la Serna como titular, aceptó abrir un grupo de trabajo.
No se tienen en cuenta otras variables relacionadas con esta política pública, como puede ser el precio de la vivienda o la incidencia del turismo, y tampoco suelen ser objeto de debate en estas conferencias, según la AIReF, que también llama la atención sobre la escasa participación de las entidades locales.
Las críticas no acaban ahí. Según la Autoridad Fiscal, en las reuniones predomina el carácter político frente al debate técnico, lo que se refleja además en la poca asistencia de especialistas en el ámbito sectorial correspondiente.
Falta de criterios objetivos
Según este primer informe de AIReF (vendrán otros seis sobre gasto farmacéutico o en políticas activas de empleo a lo largo de este mes) las conferencias sectoriales en las que se reparten fondos carecen en su mayoría de criterios objetivos, públicos y revisables de asignación. Estas reuniones, que habitualmente se celebran en las sedes de los ministerios en Madrid, presididas por el ministro del ramo y con presencia de los consejeros autonómicos, se organizan “para repartir fondos” pero no se discuten los criterios respecto a los cuales se territorializan.
De las diez conferencias sectoriales analizadas en profundidad por AIReF, solo en las de Comercio Interior, la de Empleo y Asuntos Laborales y la del Plan Nacional de Drogas se han podido identificar los criterios de reparto. “La mayor parte de las reuniones se configura como un trámite administrativo previo a recibir los fondos, sin un verdadero debate sobre los criterios relevantes de reparto y los objetivos alcanzados en ejercicios anteriores”, afirma el organismo que preside José Luis Escrivá.