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Las VTC convocan movilizaciones ante el traspaso de competencias a las comunidades autónomas

Uno de los mayores propietarios de licencias de VTC en España, José Antonio Parrondo, convoca al máximo número de conductores VTC a movilizarse ante el decreto que cede las competencias de este tipo de vehículos a las comunidades autónomas y ayuntamientos. “Ya no tenemos defensa jurídica, esto significa la quiebra de las compañías”, sostiene en un audio filtrado.

Parrondo lamenta que el sector VTC no estuviera presente en la reunión del pasado martes entre Fomento y los representantes del taxi. “Va a haber problemas si no cuentan con nosotros para que haya consenso, no vamos a consentir irnos a la ruina”, subraya.

El decreto exigirá una segunda licencia urbana al sector VTC y además, ajustará el número de licencias al ratio 1/30. “Esta norma no es de equilibro de mercado”, afirmaba Eduardo Martín, presidente de Unauto, la semana pasada ante la posible de cesión de competencias que ya es una realidad.

La patronal de VTC, Unauto, lamenta que Ábalos no acceda a reunirse con ellos: “esto deja a las comunidades autónomas a merced de la presión del sector del taxi”, indica en un comunicado. Añade que “cualquier restricción a nuestros derechos y a la libre competencia será recurrida ante los tribunales pertinentes, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y ante la Unión Europea”.

Unauto ante la negativa de Fomento a escuchar sus propuestas destaca la “dejación de funciones por parte del Gobierno” y lamenta que “se haya cedido al chantaje de los taxistas”. El titular de Fomento ya dejó claro que “los transportes que se mueven dentro del territorio de una comunidad autónoma son competencia autonómica de acuerdo a la ley” e insistía en que el sector VTC se “ha aprovechado” de la desregulación en el ámbito local.

La patronal pone precio a la expropiación de licencias

La consultora EY ha realizado un informe para Unauto en el que calcula el coste que supondría la eventual expropiación de licencias VTC como consecuencia del límite de su actividad. Dicha cifra se situaría entre los 140.868 euros y 215.718 euros por autorización. En caso de que se expropiaran las 9.000 licencias actuales en vigor que superan el ratio 1/30 establecido por ley –según los últimos datos de registro en Fomento– , el importe ascendería a 1.950 millones de euros.

El informe de EY también estima la cifra que dejaría de percibir el Estado vía impuestos como consecuencia de la reducción de este sector. EY estima que el Estado tendría que afrontar 758 millones de euros además del coste que supondría expropiar las licencias de VTC, según informa Europa Press.