La Fiscalía pide 11 años de prisión para el actual viceconsejero canario de Hacienda por permitir vertidos ilegales en El Hierro
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado la apertura de juicio oral y que se imponga a cada uno de los tres acusados por el caso Vertederos de El Hierro las penas de 11 años de prisión, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros. El Ministerio Público considera que los acusados, los ex consejeros insulares Claribel González y Javier Armas (en la actualidad viceconsejero de Hacienda) y una técnico de medio ambiente del Cabildo, son responsables de un delito continuado contra los recursos naturales, otro delito continuado de prevaricación medioambiental y un tercer delito continuado sobre la ordenación del territorio por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.
El proceso judicial parte de una denuncia de la asociación cultural Ossinissa en 2006 por la existencia de los vertederos de La Dehesa, en las inmediaciones del Faro de Orchilla, dentro del Espacio Natural Protegido Parque Rural Frontera, y del punto limpio de El Majano, donde se ejercía la actividad de apilamiento de vehículos y su enterramiento. En 2009 se añadió un tercero, también gestionado por el Cabildo, en la montaña La Cumbrecita.
Desguace en El Majano
En relación con el vertedero en la zona de El Majano, la Fiscalía explica que el Cabildo cedió el 1 de junio de 1999 a Fernando Gutiérrez Hernández unos terrenos catalogados como suelo rústico de protección paisajística en los que recepcionaba y recogía vehículos de cualquier lugar de la isla. “Una vez en el lugar de almacenamiento, Gutiérrez, con total desprecio por la protección del medio ambiente, procedía al despiezado de los vehículos y aprovechamiento económico de los repuestos, derramando los residuos al suelo permeable, no contando con zona de descontaminación”, se lee literalmente en el escrito de acusación.
Dicha cesión tenía una limitación temporal, ya que en esa misma zona debía ejecutarse un complejo medioambiental para llevar a cabo una actividad de desguace y acopio de vehículos fuera de uso. Cuando comenzaron las obras (finales de 2005), Gutiérrez tuvo que abandonar la parcela del Cabildo para continuar con su actividad en unos terrenos de su propiedad anexos a las instalaciones públicas, habiéndose convenido entre éste y el Cabildo mantener esta actividad de manera provisional hasta que entrara en funcionamiento el citado complejo.
“Desde ese momento continuó realizando el compactado de parte de los vehículos gestionados sin previamente despojarlos de sus componentes peligrosos del mismo: en diciembre de 2008 el Seprona comprueba que en la explotación del negocio siguen sin adoptarse medidas para evitar filtraciones, por lo que se informa de que el desguace trabaja sin autorización y sin la adopción de medidas preventivas para evitar la contaminación”, lo que dio lugar a la incoación de un expediente sancionador contra Fernando Gutiérrez.
La Apmun emitió un informe técnico en el que hacía constar que se trataba de una instalación fuera de uso en la que se desarrollaban trabajos de descontaminación, desguace y reciclaje de residuos peligrosos y no peligrosos. En marzo de 2010 se llegaron a acumular 500 vehículos. La mayor parte de los residuos peligrosos extraídos de los vehículos se almacenaban en envases situados a la intemperie, sobre una pequeña solera de cemento, aunque sin sistema de retención de vertidos, en contacto directo con el suelo permeable, con su consiguiente contaminación.
El Seprona constató en 2012 que en El Majano había “una explanada de unos 14.000 metros cuadrados, con unos 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización. En dicha superficie se está produciendo un almacenamiento de vehículos, que son recogidos por un camión grúas. Son depositados en el suelo, sin impermeabilización, produciéndose vertidos de los líquidos de éstos vehículos, los cuales son desguazados para retirar piezas para su posterior venta”.
La explotación carecía de licencia de apertura y de licencia de obras y clasificación territorial para el uso y la edificación. El 14 de noviembre del 2013 una comisión judicial procedió a realizar inspección ocular en la zona, observándose que se seguía con la actividad, de ahí que por auto judicial de fecha 19 de noviembre del 2013, dictado por el juzgado de instrucción 1 de Valverde, se acordara como medida cautelar la clausura del desguace de El Majano.
Contaminación en La Dehesa
La Apmun informó en octubre de 2010 sobre la situación de los vertidos en La Dehesa, que está dentro de los límites del Espacio Natural Protegido Parque Rural de Frontera. Se trata de un vertedero ubicado en una cuenca situada entre dos montañas (Las Calcosas y Colorada) que conforma una ladera de escasa pendiente sobre la que se han venido depositando residuos en los últimos 15 años. La mayor parte de los residuos vertidos son sólidos urbanos, de origen domiciliario, si bien se han almacenado enseres domésticos, equipos eléctricos y electrónicos, chatarras, neumáticos fuera de uso, animales muertos, envases de diferente naturaleza y contenido e incluso residuos peligroso como envases contaminados.
El escrito de la Fiscalía describe tres fases en La Dehesa. La primera, gestionada por el Cabildo se caracterizó porque los vertidos se comenzaron a realizar en zanjas de 3 metros de ancho por 2 ó 3 de alto en un estado de combustión permanente, de tal forma que al realizarse el vertido de basuras de los camiones recolectores, ésta ardía de forma instantánea. El vertedero no disponía de control de entradas de residuos, ni de impermeabilización del suelo, ni de recogida de lixiviados, ni de cunetas para evitar escorrentías, ni de instalación eléctrica. La instalación y las actividades carecían de autorizaciones e informes de compatibilidad, teniendo en cuenta en que se trataba de una actuación desarrollada en el interior de un Espacio Natural Protegido (Parque Rural de Frontera).
En la segunda fase se redactó un proyecto de acondicionamiento para mejorar los accesos y la gestión y en la tercera, el Cabildo solicitó (abril de 2008), Autorización Ambiental Integrada (AAI) que no le fue otorgada hasta enero de 2012 porque la mencionada solicitud carecía de aspectos esenciales del proyecto.
La Apmun constató, en cualquier caso, incumplimientos sobre disposiciones de la Declaración de Impacto, relacionados con el exceso en el volumen y alturas previstos para la celda de vertido, con la ausencia de los elementos de evacuación de gases del vertedero, con la falta de programas de sellado, de abandono del vertedero preexistente y de restauración de la zona.
Las actividades que se desarrollan en el lugar afectan al menos a 10.000 metros cuadrados, clasificados como Suelo Rústico de Protección Natural. La Apmun pone de manifiesto que la totalidad de los suelos sobre los que se desarrollan las actividades de gestión de residuos en la zona son de elevada permeabilidad debido a la presencia de coladas basálticas y depósitos de ceniza volcánicas generadas por los innumerables conos que se distribuyen en el área.
El 23 de febrero del 2011, María Arteaga, arquitecta técnica del Ayuntamiento de Frontera, emitió un informe que concluyó que la actividad desarrollada en La Dehesa se ejecuta en Suelo Rústico de Protección Ambiental en la Categoría de Natural, y la actividad desarrollada está prohibida de acuerdo con el Plan General de Ordenación de La Frontera.
El 1 de septiembre del 2011, por auto dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde y en base a dicho informe, se acordó la medida cautelar de suspensión de la actividad por el sistema de excavación de zanja.
“La medida cautelar fue remitida al Consejero de Medio Ambiente, Claribel González, así como a la técnico de Residuos y Reciclaje. Esta última, con carácter previo a la adopción de dicha medida cautelar, emitió informe manifestando que dicho vertedero cumplía con los requisitos medoambientales pertinentes, cuando en realidad no era así”, señala en su escrito la Fiscalía.
Daños irreversibles en La Cumbrecita
En relación con el vertedero de La Cumbrecita, cuyo responsable era también el Cabildo, se emitieron igualmente informes tanto por la APMUN como por el SEPRONA. De ellos se desprende que desde 2007 se realizó una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización.
El suelo donde se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, habiéndose analizado la incidencia que tal actividad ha podido producir sobre los recursos naturales, e informándose que el caso del suelo el daño es ya irreversible.
El juzgado acordó la paralización de la actividad del vertedero en septiembre de 2010, aunque la técnica de Medio Ambiente volvió a emitir un informe que catalogaba el vertedero de “zona de almacenamiento temporal de residuos”, cuando en realidad con dicha actividad se estaba alterando notablemente el medio ambiente causando un daño significativo“, pone de manifiesto la Fiscalía.
Además señala que todos estos atentados contra el medio ambiente han podido llevarse a cabo por la inacción y el consentimiento de los acusados: “En El Majano permitieron que Fernando Gutiérrez desarrollara su actividad aún careciendo de las respectivas autorizaciones y con pleno conocimiento de que con su conducta estaba atentando contra los recursos naturales”.
Con respecto a La Dehesa “la acusada Claribel González, aún teniéndo conocimiento de la medida cautelar de suspensión de la actividad que le fue previamente notificada, hizo caso omiso a la misma y consintió el vertido constante de residuos en la zona”.
Por último en Las Cumbrecitas “los tres acusados eran plenamente conocedores que el vertido comenzaba su actividad sin autorización ambiental y sin estudio básico de impacto medioambiental, permitiendo con sus omisiones que se vertieran residuos que atentan notablemente contra el medio ambiente, causando daños irreversibles”.
