El clasismo de Ayuso

“En Madrid no hay clases sociales”, dice Isabel Díaz Ayuso en uno de sus habituales estrambotes. “No hay clasismo porque no se está pendiente de cuánto gana cada uno”, asegura la presidenta autonómica. Pero sus políticas públicas contradicen sus palabras. 

En Madrid no hay clasismo, dice Ayuso, pero los usuarios del Metro de Madrid hoy tienen un 10% menos de trenes que hace unos meses. ¿La excusa? Que la luz ha subido mucho y la factura eléctrica del Metro ha aumentado en 9 millones de euros mensuales. Una cifra irrisoria para una administración, la Comunidad de Madrid, que cuenta con un presupuesto de 23.000 millones de euros al año.

No hay dinero para el transporte público. Sí lo hay para subvencionar la educación privada de las clases pudientes.

Al tiempo que recortaba en vagones de Metro, hace unas semanas, la Comunidad de Madrid anunció un programa de becas de 73 millones de euros para apoyar a las familias que pagan estudios privados de la Formación Profesional o el Bachillerato. Se trata de ayudas de 3.000 euros anuales por estudiante que, según el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, estarán destinadas a las “rentas bajas”. ¿Suena bien? El demonio está en los detalles. 

El Gobierno de Ayuso se ha inventado una nueva definición de “renta baja”. Para la Comunidad de Madrid, a efectos de acceder a estas becas, una renta baja es una familia de tres miembros –una pareja y un hijo– que gane menos de 107.000 euros al año. O una familia de cuatro que gane menos de 143.000 euros al año.  

Dato importante: la renta media de los hogares madrileños es de 37.051 euros anuales, casi cuatro veces menos. 

Como estos centros privados suelen costar más de 3.000 euros anuales, en la práctica son las familias acomodadas las grandes beneficiarias de estas becas. 

A esto, en teoría política, se le llama regresividad fiscal. Y en la práctica funciona como Robin Hood pero al revés: consiste en quitarles el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. 

¿Otro ejemplo? La vivienda protegida.

En los años de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid puso en marcha un tipo de VPO un tanto especial: la Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado. Son pisos a precio regulado, construidos sobre terrenos protegidos, pero más grandes: hasta 150 metros cuadrados y, en muchas ocasiones, con piscina, trastero y dos plazas de garaje. 

Los requisitos para comprar estos pisos ya son, de por sí, bastante regresivos, porque se subvenciona a familias que ingresan hasta 74.143 euros al año: dos veces la renta media de Madrid. Pero esta no es la única trampa clasista.

Muchas de estas promociones –como ha pasado recientemente en Las Rozas– cobran después un sobreprecio a los compradores. Son cantidades que pueden alcanzar los 70.000 euros y que se pagan como una especie de derrama posterior; un sobrecoste que los compradores conocen desde el principio. Es un importe extra, añadido a la hipoteca, que el banco no financia. Y aunque el precio total de la vivienda sigue siendo más barato que un piso en el mercado libre, solo quien tenga mucho ahorro disponible puede acceder a estos pisos. En la práctica, las únicas familias que realmente pueden comprar estas viviendas son aquellas que tienen padres o madres con posibles, que les ayuden con la entrada y el extra. 

Gran parte de estas promociones de vivienda pública, supuestamente para las clases bajas, acaban así en manos de hijos de familias pudientes. En muchos casos son jóvenes que cumplen con las condiciones de renta más que de sobra –son habituales los estudiantes sin ingresos–, pero que cuentan con un fuerte respaldo económico de sus progenitores. De nuevo, un Robin Hood invertido: financiar con dinero público las viviendas de los hijos de las clases acomodadas.

No hay dinero para la sanidad, o la educación pública, o el Metro. Pero en Madrid sí lo hay para rebajar impuestos a los más ricos. El último ejemplo, una rebaja de 344 millones anuales que entró en vigor en Madrid en enero. Si ganas 18.000 euros al año, la rebaja fiscal es de 63 euros. Si eres la típica “clase baja” que gana un sueldo de 120.000 euros, Ayuso te regala 570 euros anuales.

En Madrid no hay clases sociales, dice Ayuso. Mientras regala cerca de mil millones de euros anuales a las grandes fortunas, con la supresión del impuesto de Patrimonio. Estamos hablando de una onerosa bonificación fiscal para esa “clase baja” que cuenta con más de 700.000 euros de patrimonio, descontando su vivienda habitual. Hablamos del 1% más rico de la sociedad. 

En los últimos 18 años, desde el ‘tamayazo’ que encumbró a Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 60.777 millones de euros por las sucesivas rebajas fiscales del PP.

Como decía el multimillonario Warren Buffet: “Es cierto que hay lucha de clases y es mi clase, la de los ricos, la que ha declarado esta guerra. Y la estamos ganando”.

“En Madrid no hay clases sociales”, dice Isabel Díaz Ayuso en uno de sus habituales estrambotes. “No hay clasismo porque no se está pendiente de cuánto gana cada uno”, asegura la presidenta autonómica. Pero sus políticas públicas contradicen sus palabras. 

En Madrid no hay clasismo, dice Ayuso, pero los usuarios del Metro de Madrid hoy tienen un 10% menos de trenes que hace unos meses. ¿La excusa? Que la luz ha subido mucho y la factura eléctrica del Metro ha aumentado en 9 millones de euros mensuales. Una cifra irrisoria para una administración, la Comunidad de Madrid, que cuenta con un presupuesto de 23.000 millones de euros al año.