El pulso entre Luis Bárcenas y el Gobierno no ha terminado. La batalla ya no es tan evidente como antes, pero dentro de ese soterrado toma y daca hay que prestar atención al último escrito que ha presentado su abogado ante la Audiencia Nacional. Bárcenas pide al juez Pablo Ruz que investigue si los dirigentes del PP tienen cuentas corrientes en paraísos fiscales, en “Suiza, Panamá o Lichtenstein”. Plantea enviar una comisión rogatoria a esos países preguntando por las personas que aparecen en su contabilidad B y que supuestamente recibieron sobres con dinero negro, una lista que encabeza el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Bárcenas sabe de lo que habla y el momento en que plantea esta propuesta no es casual. Llega justo después de que Hacienda haya señalado a su mujer, Rosalía Iglesias, como supuesta receptora de 874.000 euros de la caja B del Partido Popular. Para el extesorero, Rosalía es su mayor línea roja: usará todo lo que tenga para proteger a su esposa.
La propuesta que hace Bárcenas a Pablo Ruz esconde otra trampa más. Su abogado, Javier Gómez de Liaño, pide a los afectados por esta posible investigación, los dirigentes del PP, que no se opongan a ella: que permitan esa hipotética comisión rogatoria a Suiza y demás países. Es una petición envenenada porque negarse sería tanto como admitir la culpabilidad.
Contra el pronóstico habitual, el caso Bárcenas no ha terminado aún. Tampoco la investigación judicial, donde siguen apareciendo nuevas cuentas corrientes: las últimas, otras dos más a nombre del extesorero en EEUU.
La cosa ha cambiado mucho en los últimos meses. Entre otras cosas, porque Pablo Ruz ya no es un juez muy cómodo para el PP. El magistrado quiere llegar hasta el final y se ha enfrentado a la Fiscalía Anticorrupción. Ruz se ha sentido engañado por el fiscal y ha podido presenciar en primera fila las enormes presiones que, desde el Gobierno, ha padecido Manuel Morocho: el policía de la UDEF que está asignado a su juzgado y cuyos informes el Ministerio del Interior ha querido desactivar.
La investigación sigue abierta, en España pero en Suiza también. Aún quedan por comprobar algunos movimientos bancarios de las cuentas del extesorero del PP en la banca helvética, donde pueden aparecer nuevas sorpresas. Es una investigación lenta porque Bárcenas –a pesar de lo que plantea su abogado en Madrid– mantiene otro abogado en Suiza que hace lo posible por bloquear las comisiones rogatorias. Las que ya han llegado, y las que están por llegar.
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P.D. En su petición a Ruz, Bárcenas tampoco aclara un asunto que, para una docena de entendidos, tiene su aquel. ¿A quién quiere enviar las comisiones rogatorias de Suiza? ¿A la justicia cantonal o a la federal? Dependiendo de lo que escoja, el resultado puede cambiar.
El pulso entre Luis Bárcenas y el Gobierno no ha terminado. La batalla ya no es tan evidente como antes, pero dentro de ese soterrado toma y daca hay que prestar atención al último escrito que ha presentado su abogado ante la Audiencia Nacional. Bárcenas pide al juez Pablo Ruz que investigue si los dirigentes del PP tienen cuentas corrientes en paraísos fiscales, en “Suiza, Panamá o Lichtenstein”. Plantea enviar una comisión rogatoria a esos países preguntando por las personas que aparecen en su contabilidad B y que supuestamente recibieron sobres con dinero negro, una lista que encabeza el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Bárcenas sabe de lo que habla y el momento en que plantea esta propuesta no es casual. Llega justo después de que Hacienda haya señalado a su mujer, Rosalía Iglesias, como supuesta receptora de 874.000 euros de la caja B del Partido Popular. Para el extesorero, Rosalía es su mayor línea roja: usará todo lo que tenga para proteger a su esposa.