La España que madruga

20 de marzo de 2020. En el peor momento de la pandemia. Cuando cientos de personas morían cada día por COVID y la funeraria municipal improvisaba una morgue en una pista de patinaje sobre hielo; cuando miles de ancianos eran abandonados a su suerte en las residencias de Madrid. En esos días, en medio de esa tragedia, dos ‘emprendedores’ fraguaron lo que Anticorrupción califica como una “estafa agravada” y varios delitos más. Dos comisionistas, hoy bajo investigación penal, cuya historia y circunstancias explican mucho de cómo funciona esta ciudad.

Madrid es una capital de Europa peculiar. Con la excepción de Andorra la Vella, es la que más altura tiene sobre el nivel del mar, la única que no creció sobre la industria o el comercio, la única sin un río navegable o sin un puerto costero. Tras décadas de grandes inversiones públicas, la red radial de trenes y carreteras ha acabado con el aislamiento de Madrid, y por eso hoy es más rica de lo que nunca fue. Pero esa vieja forma de hacer negocios a través de la política sigue presente en la ciudad. Es una inercia histórica, porque durante siglos la principal industria de la capital fue la corte y solo la corte; esa conjunción entre los negocios y la administración donde lo importante para hacer dinero no era el ‘qué’ sino el ‘quién’: los contactos, los amigos, las relaciones con el poder. 

Los principales protagonistas de esta historia de presunta corrupción en la villa y corte se llaman Alberto Luceño y Luis Medina: un empresario oportunista y un aristócrata, famoso de las revistas del corazón. Dos listos que –según la Fiscalía Anticorrupción– se repartieron seis millones de dólares en comisiones a cambio de mascarillas a precios inflados, test covid que no funcionaban y guantes de látex que vendieron a veinticinco veces su valor.

Luceño y Medina son el mejor ejemplo de ese discurso hipócrita sobre “la meritocracia” que la derecha suele pregonar: de esa supuesta “España que madruga”, de esa “cultura del esfuerzo”, de esos presuntos “emprendedores que generan riqueza”, cuya agenda de contactos es su única aportación a la cadena de valor. Un discurso tan cínico como el de esos patriotas de banderitas de España en la muñeca que después matriculan sus yates de lujo en Gibraltar.

Llegó el coronavirus. Y, como dicen los expertos en ‘coaching’: “Toda crisis es una oportunidad”. Alberto Luceño tenía contactos con una empresa malaya con fábricas de materiales sanitarios en China. Y con el “deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia” (no se rían, eso explicó a la Fiscalía Anticorrupción), Luceño se asoció con el hijo del duque de Feria y Naty Abascal, Luis Medina, al que ofreció una jugosa comisión a cambio de que le ayudara a vender mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. 

Dato importante: según la Fiscalía Anticorrupción, Medina es amigo del primo del alcalde de Madrid.

Luceño prometió a Medina que le daría la mitad del botín, pero a él también le engañó –se acabó llevando cinco millones de dólares y a su socio solo le pagó un millón–. ¡Qué sorpresa! ¡Ni siquiera entre presuntos estafadores hay ya honor!

Luceño traicionó a Medina, pero Medina sí cumplió con su labor. El aristócrata habló con el primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, y la cosa fructificó. No está aún claro cómo fue este proceso ni esas llamadas, pero lo cierto es que el enchufe funcionó. Porque pocos días después de que Medina hablara con el primo del alcalde, ambos recibieron una jugosa adjudicación: una compra de 6,7 millones de dólares en mascarillas, cinco millones en guantes protectores y 4,2 millones en test rápidos covid.

La Fiscalía Anticorrupción, tras meses de investigación, no ha logrado acreditar ni un solo indicio que lleve a pensar que el primo del alcalde haya cobrado un solo euro de esta operación. No está tampoco imputado. Su nombre no aparece siquiera en la querella de Anticorrupción, donde se refieren a él como “un familiar del alcalde”. Tampoco está bajo investigación el Ayuntamiento de Madrid, al que el juzgado ha permitido personarse como perjudicado. Pero eso no significa que, bajo el prisma de la responsabilidad política, no haya aún muchas cosas que aclarar.

Primera gran pregunta: si los contactos con el fabricante eran de Luceño, ¿qué aportaba Medina en la operación?

Si no hubo ningún trato de favor, ¿para qué necesitaba Luceño repartir buena parte de la comisión con otro socio cuya única aportación en esta historia era su amistad con el primo del alcalde?

José Luis Martínez-Almeida asegura que su primo Carlos no recurrió a él para agilizar esta operación. Y que supo del asunto por la prensa, por las exclusivas de esta redacción. “Me entero de que mi primo ha podido intervenir en el contrato a raíz de la información que publicó elDiario.es”, afirma el alcalde de Madrid.  

Pero el alcalde no dice la verdad: es falso que se enterara por elDiario.es. Él mismo había expresado a algunos de sus colaboradores más cercanos, hace meses, su nerviosismo por las llamadas que había hecho y recibido su primo en relación con esta adjudicación. El alcalde tuvo noticia de esta investigación cuando un alto cargo del Ayuntamiento fue llamado a declarar como testigo por la Fiscalía Anticorrupción. Y cuando saltó a la luz pública la comisión del hermano de Ayuso, Almeida sabía que esta otra comisión millonaria por mascarillas sería la próxima en estallar.

También es llamativa la reacción del alcalde, que parece más molesto con los que denuncian la corrupción que por los seis millones que se llevaron del Ayuntamiento los presuntos estafadores. 

Según la versión de José Luis Martínez-Almeida, él no intervino en la entrada de estos dos comisionistas como proveedores de su administración. Porque su primo mandó el recado directamente a la coordinadora general de alcaldía, Matilde García Duarte, y fue ella quien a su vez les puso en contacto con otro alto cargo del Ayuntamiento que cerró la adjudicación. 

Segunda gran pregunta: ¿cómo es posible que el primo del alcalde tenga esos contactos directos dentro del Ayuntamiento y también ese poder? ¿Es normal que Carlos Martínez-Almeida dé instrucciones directas a la mano derecha del alcalde sin que este siquiera se entere de su intervención? 

El papel del primo de Almeida no es la única rareza de la operación. Porque el pedido llegó al consistorio a través de otra suerte de intermediaria: una empresa pública, la funeraria de Madrid.

Las mascarillas, los guantes y los test covid se compraron para proteger a todos los funcionarios municipales. Y lo lógico habría sido que el Ayuntamiento cerrara directamente la adjudicación. Pero el consistorio derivó la compra a esta empresa pública, y después firmó un convenio con la funeraria para llevar estos materiales sanitarios a todos los funcionarios municipales. 

Por explicarlo mejor: es como si el Gobierno de España hubiera comprado las mascarillas de todos los funcionarios de la administración central a través de RTVE, o de Correos. 

Tercera gran pregunta: ¿por qué el Ayuntamiento recurrió a la funeraria para adquirir de forma indirecta ese material? 

Desde el Ayuntamiento aseguran que se hizo así para agilizar la compra. No es una excusa muy creíble porque había entonces un mecanismo igual de ágil, aunque un poquito más transparente. En aquel momento –20 de marzo de 2020– ya estaba en vigor el estado de alarma, que permitía a todas las administraciones realizar contratos de emergencia sin apenas burocracia: a dedo, sin publicidad, sin concurso y sin los topes que normalmente regulan este tipo contratos públicos.

La funeraria pagó por las mascarillas, los guantes y los test covid un total de 15,9 millones de dólares. De ese dinero, Luceño y Medina se iban a llevar 11 millones de comisión: casi el 70% del total. Pero en el Ayuntamiento empezaron a sospechar.

Los funcionarios municipales empezaron a quejarse de la mala calidad de los guantes: apenas cubrían hasta la muñeca. Y la funcionaria que había gestionado el papeleo de la adjudicación descubrió que esos mismos guantes por los que habían pagado dos dólares por unidad se vendían a solo 8 céntimos en el supermercado: veinticinco veces más baratos.

También empezaron a fallar los test covid. La eficacia real de la mayor parte de ellos era muy inferior a la prometida. 

Para calmar estas sospechas, Luceño ofreció una importante rebaja en el precio de los guantes. Y devolvió a la funeraria cuatro millones de dólares.

También se comprometió a que la empresa de Malasia enviaría nuevos reactivos para los test defectuosos. Una promesa que jamás se cumplió. Los nuevos reactivos nunca llegaron.

Cuarta gran pregunta: ante estos serios indicios de estafa, ¿por qué nadie del Ayuntamiento de Madrid denunció lo ocurrido ante la justicia?

A pesar de las irregularidades, nadie del Ayuntamiento de Madrid ni de la funeraria municipal dio la voz de alarma. La Fiscalía Anticorrupción se enteró de toda esta presunta estafa porque los bancos donde Luceño y Medina cobraron las comisiones alertaron al Sepblac, la autoridad que combate el blanqueo de capitales.

Hoy Alberto Núñez Feijóo vende que el Ayuntamiento de Madrid va a colaborar con la Justicia (faltaría más) y que por eso está personado como perjudicado en la investigación (también estuvo personado el PP en el caso Gürtel, hasta que la Justicia les expulsó). Pero nadie en el gobierno municipal aclara por qué no denunciaron: por qué se callaron cuando descubrieron buena parte del fraude.

La investigación de Anticorrupción acusa a Luceño y Medina de tres delitos: estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Entre otros motivos, por cómo gestionaron el botín. Cuando el banco les preguntó por el origen del dinero, ambos aportaron unos documentos falsificados. 

Después de devolver cuatro millones de dólares, ambos se quedaron con seis, de una adjudicación que finalmente costó casi 12 millones. La comisión fue algo más de la mitad del contrato. Un escándalo, aunque en la línea habitual. Me temo que cuando conozcamos los últimos detalles del contrato de mascarillas donde cobró como comisionista el hermano de Ayuso aparecerá un porcentaje de beneficio muy similar. Recuerden que Pablo Casado acusó a Tomás Díaz Ayuso de cobrar 286.000 euros de un contrato de 1,2 millones más IVA, el 24%, pero aún falta por conocerse la parte que se llevó su socio, el empresario de su pueblo que recibió la adjudicación.

Tras cobrar sus comisiones millonarias, Luceño y Medina se gastaron el dinero en coches de lujo, en un velero, en carísimos relojes, en hoteles de 12.000 euros por noche... Fue un gran ejemplo de patriotismo neoliberal: con la comisión que cobró del dinero público para mascarillas, Medina se compró un vistoso yate, al que puso la bandera de Gibraltar. 

Nada indigna más a la ciudadanía que el cruel contraste entre el lujo y la tragedia: entre los Rolex, los Lamborghini y los muertos del COVID. Ya pasó antes, con la quiebra de las cajas, los desahucios y el botín que se llevaron quienes arruinaron el sistema financiero español. La quiebra de Bankia nos costó 22.000 millones de euros, pero lo que España nunca perdonó fueron los gastos en “casas de masajes” o en restaurantes de lujo de algunos de los condenados por las Tarjetas Black. 

Desde la derecha argumentan que lo ocurrido es culpa de ese mercado persa de la pandemia, en el que muchas administraciones acabaron siendo víctimas de oportunistas sin escrúpulos. Y es posible que sea así, y que en el futuro aparezcan más casos similares. Pero, por ahora, las dos principales adjudicaciones bajo la lupa de la Justicia están ambas en el Madrid de Ayuso y Almeida, en esa región donde el PP gobierna desde hace más de un cuarto de siglo, a pesar de su largo historial de corrupción.

El otro argumento para justificar lo ocurrido consiste en simplificarlo como algo anecdótico: presentarlo como un caso de picaresca. Ya saben, Rinconete y Cortadillo: dos listos que se aprovecharon de la pandemia.

Y no, no son solo dos pillos. Es otro síntoma de una corrupción estructural.

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Nuestros lectores fueron los primeros en conocer este nuevo caso de corrupción, porque fueron los periodistas de elDiario.es quienes destaparon esta exclusiva, una semana antes de que todos los demás medios se hicieran eco. No es la primera vez que ocurre: ya pasó con el contrato de mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró una comisión. También entonces elDiario.es fue el primer medio que lo contó.

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20 de marzo de 2020. En el peor momento de la pandemia. Cuando cientos de personas morían cada día por COVID y la funeraria municipal improvisaba una morgue en una pista de patinaje sobre hielo; cuando miles de ancianos eran abandonados a su suerte en las residencias de Madrid. En esos días, en medio de esa tragedia, dos ‘emprendedores’ fraguaron lo que Anticorrupción califica como una “estafa agravada” y varios delitos más. Dos comisionistas, hoy bajo investigación penal, cuya historia y circunstancias explican mucho de cómo funciona esta ciudad.

Madrid es una capital de Europa peculiar. Con la excepción de Andorra la Vella, es la que más altura tiene sobre el nivel del mar, la única que no creció sobre la industria o el comercio, la única sin un río navegable o sin un puerto costero. Tras décadas de grandes inversiones públicas, la red radial de trenes y carreteras ha acabado con el aislamiento de Madrid, y por eso hoy es más rica de lo que nunca fue. Pero esa vieja forma de hacer negocios a través de la política sigue presente en la ciudad. Es una inercia histórica, porque durante siglos la principal industria de la capital fue la corte y solo la corte; esa conjunción entre los negocios y la administración donde lo importante para hacer dinero no era el ‘qué’ sino el ‘quién’: los contactos, los amigos, las relaciones con el poder.