El Govern de la Generalitat en el exilio

Carles Puigdemont no está en Bruselas de visita. Es parte de una estudiada estrategia de defensa contra las querellas que el fiscal general del Estado acaba de presentar. El expresident de la Generalitat ha viajado hasta Bruselas porque sabía que esa querella llegaría este lunes, porque sabe que pronto seguirá una orden de detención, porque se ha asesorado legalmente y porque cree que esta huida a Bélgica es la mejor opción para su defensa, tanto política como legal.

El expresident de la Generalitat tiene en Bélgica uno de los sistemas judiciales más garantistas de Europa. Es uno de los pocos países –con Alemania, Holanda y Reino Unido– donde una orden europea de detención y entrega puede ser recurrida en los tribunales del país entrando en el fondo del asunto: en los delitos de los que se le acusa. Así, sus abogados podrán argumentar que no hay un delito de rebelión ni de sedición, y será un juez belga quien tenga que decidir si es así. Puigdemont, con bastante razón, cree que tiene más opciones de librarse de la cárcel si pleitea desde allí.

Para su defensa política, Bélgica también es la mejor opción. El país está gobernado por una coalición en la que participa un partido ultranacionalista flamenco que pide la independencia de Flandes y simpatiza con el independentismo catalán. Uno de los viceministros belgas de este partido, Theo Francken, fue quien ayer planteó que habría que dar asilo político a Carles Puigdemont. No está claro que el expresident de Generalitat vaya a conseguir esta protección –el primer ministro belga después corrigió a su viceministro–. Pero sí parece que Puigdemont la pueda pedir.

La huida al exilio belga de Puigdemont, al que acompañan varios de sus consellers, confirma varias cosas. Es una aceptación implícita del 155, de la disolución del Govern y el Parlament. También el reconocimiento, por parte de su principal líder, de que la independencia de Catalunya nunca existió.