Lo más grave del caso Máster quedará impune

Este lunes empieza el juicio contra Cristina Cifuentes. La expresidenta de Madrid se enfrenta a una posible condena de cuatro años de prisión, pero no por ese máster que nunca hizo. Lo que la Justicia tendrá que decidir es otra cosa: si la expresidenta de Madrid fue cómplice de una falsificación. 

Nuestros lectores lo recordarán. El 21 de marzo de 2018, nuestra compañera Raquel Ejerique publicó la siguiente información: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. Ese mismo día, Cifuentes apareció en un memorable vídeo en redes sociales, declarándose “víctima” de la “manipulación y las mentiras” de elDiario.es. Como prueba, la entonces presidenta de Madrid mostraba el acta de presentación de su trabajo de fin de máster, firmada por tres profesoras que supuestamente le habían examinado. “Por cierto, saqué un notable”, presumía Cifuentes de un trabajo que nunca existió.

Hoy sabemos que ese documento era falso. Que Cifuentes sabía que era falso, porque nunca se examinó. Que lo elaboró una de esas tres profesoras, que también falsificó las otras dos firmas, para tapar la información de elDiario.es, tras las enormes presiones que recibió. 

Con Cifuentes, se sienta en el banquillo de los acusados Cecilia Rosado, la profesora que falsificó el acta y la firma de las otras dos supuestas examinadoras, y que después confesó la verdad. Y Maite Feito, otra profesora de la URJC y asesora del Gobierno de Madrid, que fue esa mañana a la Universidad para solucionar esa crisis. “Feito me dijo que si no entregábamos el acta, Cifuentes nos iba a matar”, aseguró Rosado ante la jueza.

Solo se juzgará eso: la falsificación de esa acta. Y si Cifuentes y Feito fueron cómplices de ese presunto delito, que ya ha confesado Cecilia Rosado.

Dudo que Cifuentes acabe en prisión. Lo aviso desde ya. Lo más probable es que sea absuelta o condenada a una pena inferior. Tampoco lo deseo, ni en su caso ni menos aún en el de las demás imputadas; no creo que encarcelar a Cifuentes, a Feito o a Rosado vaya a hacer del mundo un lugar mejor. No tengo ánimo de venganza, aunque soy plenamente consciente de que Cifuentes mintió para salvar su carrera política a cualquier precio. Incluso si ese precio suponía que dos periodistas –Raquel Ejerique y yo– íbamos a la cárcel por publicar la verdad. 

Eso fue lo que Cifuentes intentó con el acta falsificada por la que este lunes se le juzga y con esa “querella criminal” que anunció contra nosotros desde la sala de prensa de la sede del PP. Encarcelarnos. Aún lo intenta; Ejerique y yo seguimos imputados en otro juzgado, acusados por la expresidenta de Madrid de un delito de revelación de secretos que se castiga con hasta siete años de prisión. 

Dudo que esa querella prospere –aunque tampoco me hubiese podido creer, hace tres años, que en 2021 Ejerique y yo todavía seguiríamos imputados por este asunto–. Pero lo cierto es que Cristina Cifuentes estuvo muy cerca de salirse con la suya y llevarnos por delante. Nos salvamos casi de casualidad. En una realidad paralela, estoy seguro de que hoy Cifuentes seguiría siendo una de las políticas más importantes de España –tal vez la líder del Partido Popular– y quienes este lunes nos sentaríamos en el banquillo de los acusados seríamos Raquel y yo. 

Nos libramos de este presente alternativo porque no cometimos errores, ni siquiera en pequeños detalles de nuestra información. Porque Raquel Ejerique es una de las periodistas más cartesianas y rigurosas que conozco. Y porque tuvimos la suerte de que ese 21 de marzo de 2018, cuando Cecilia Rosado falsificó el acta, las otras dos profesoras que aparecían como supuestas examinadoras no estaban con ella en la Universidad. Si las tres hubieran firmado esa acta falsa, y no solo Cecilia Rosado, es probable que hubieran mantenido la mentira hasta el final. Solo se supo la verdad porque las otras dos profesoras cuya firma falsificada aparecía en el acta confesaron, pero solo lo hicieron dos semanas más tarde, después de que elDiario.es encontrase otras irregularidades en ese falso tribunal.

Sea cual sea la sentencia que salga de este juicio contra Cristina Cifuentes, las principales víctimas del caso Máster no se verán compensadas por la Justicia. Son todos esos alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos que sí estudiaron, fueron a clase, entregaron sus trabajos y se esforzaron para lograr un título que otros recibieron sin merecerlo. 

No habrá compensación para esas víctimas porque su título, logrado con tanto esfuerzo, será indistinguible del de todos esos enchufados que no iban a clase, no iban a los exámenes, no hicieron sus trabajos o aprobaron con convalidaciones exprés.

Cifuentes no fue la única alumna que se llevó un máster regalado del Instituto de Derecho Público de la URJC. Pasó lo mismo con decenas de alumnos más, enchufados en este chiringuito académico que después hacía negocio con las subvenciones y ayudas públicas que recibía de esos mismos políticos a los que trataba a cuerpo de rey. 

Así lo acreditó la investigación periodística de elDiario.es y, más tarde, la investigación judicial. Dos de esos alumnos enchufados confesaron ante la jueza que recibieron su máster sin merecerlo: Álvaro Morente y María Dolores Cancio. En el caso de Cancio, aprobó exactamente con el mismo sistema de convalidaciones exprés con las que se llevó su máster Pablo Casado.

Tras la investigación de elDiario.es, la jueza que llevaba el caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, pidió al Tribunal Supremo la imputación de Pablo Casado. Y cuando el Supremo negó esa investigación sobre el líder del PP, archivó toda la causa. 

La justicia es igual para todos, decidió de manera ciertamente peculiar la jueza Rodríguez Medel (después nuevamente conocida por su investigación del 8M y el coronavirus). Y si no podía seguir investigando a Casado, no podía seguir con ningún alumno más. Desimputó a todos los profesores que aprobaron asignaturas a alumnos que no lo merecían. Y a todos esos alumnos que recibieron un título regalado. Solo siguió abierta una pequeña parte de la investigación, la que ahora llega a juicio: la falsificación del acta que exhibió Cifuentes. 

Para todos las demás personas que participaron o se beneficiaron de este chiringuito académico dentro de una universidad pública, la vida sigue igual. Los profesores siguen dando clase. Y los alumnos enchufados mantienen un máster que nunca merecieron. Solo Cristina Cifuentes podría perder el título, dependiendo de cómo acabe el juicio. “No podemos ir más allá”, asegura el rector de la URJC, Javier Ramos, al que hoy entrevistamos en elDiario.es. 

Es la constatación de un fracaso. Regalar decenas de títulos universitarios a personas que nunca lo merecieron quedará impune.

P.D. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que escuches Máster, el podcast con la intrahistoria de esta investigación de elDiario.es.

Este lunes empieza el juicio contra Cristina Cifuentes. La expresidenta de Madrid se enfrenta a una posible condena de cuatro años de prisión, pero no por ese máster que nunca hizo. Lo que la Justicia tendrá que decidir es otra cosa: si la expresidenta de Madrid fue cómplice de una falsificación. 

Nuestros lectores lo recordarán. El 21 de marzo de 2018, nuestra compañera Raquel Ejerique publicó la siguiente información: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. Ese mismo día, Cifuentes apareció en un memorable vídeo en redes sociales, declarándose “víctima” de la “manipulación y las mentiras” de elDiario.es. Como prueba, la entonces presidenta de Madrid mostraba el acta de presentación de su trabajo de fin de máster, firmada por tres profesoras que supuestamente le habían examinado. “Por cierto, saqué un notable”, presumía Cifuentes de un trabajo que nunca existió.