Hace meses, la Casa Real anunció a bombo y platillo que el rey emérito ya no iba a seguir cobrando un sueldo del presupuesto público. El hijo le dejaba sin paga, en una suerte de castigo por todo lo que hoy sabemos sobre su patrimonio oculto en paraísos fiscales. Los monárquicos vendieron ese cambio como un rotundo gesto de ejemplaridad del nuevo rey, como una ruptura ética con el pasado, como una exigencia moral.
Fue un ejemplo, pero de propaganda. También fue una media verdad.
La exclusiva que hoy destapamos en elDiario.es es de especial relevancia. Porque demuestra que el dinero público sigue gastándose sin control en sufragar la lujosa vida de su majestad, de ese rey emérito –es decir, retirado con honores– que hace tiempo que ya no debería merecer ningún honor.
No solo estamos pagando con el dinero público su seguridad en Emiratos Árabes; un gasto que podría ser razonable por haber sido jefe del Estado, aunque deberíamos saber al menos qué nos cuesta. También pagamos los sueldos, dietas y viajes desde Madrid hasta Abu Dabi de sus ayudantes de cámara: los asistentes que le atienden cual mayordomos en Emiratos Árabes.
Ayuda de cámara, según la RAE: “Criado cuyo principal oficio es cuidar del vestido de su amo”.
Esto, de por sí, ya es grave. Lo es más aún que estas facturas y nóminas del séquito del rey Juan Carlos en el Golfo Pérsico las afronte Patrimonio Nacional, un organismo público cuya teórica función es conservar los palacios y monumentos históricos, propiedad del Estado, que usa la Casa Real: el palacio de Oriente, el de La Granja, el de San Lorenzo del Escorial, la Zarzuela, El Pardo…
Hace tiempo que Patrimonio Nacional confunde a la familia real con un palacio más. Y afronta gastos que no debería asumir, como el de gran parte del personal al servicio de la Casa Real. Es una dinámica que viene de lejos, y que el PSOE –desde la oposición– pidió cambiar.
No es un problema nuevo: lleva décadas funcionando así de mal, en una inercia que sobrepasa la ley que lo regula, y que en teoría atribuye a este organismo “la gestión y la administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional”. Unos bienes, los palacios, que son “titularidad del Estado”, pero “afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen”.
Con la excusa de la representación, Patrimonio Nacional hace años que ejerce de facto como una empresa hotelera pública con un solo cliente, que no paga: la familia real. Es anómalo, pero lo es más aún que esos servicios se presten también en Emiratos Árabes. ¿Acaso el rey emérito es un palacio más? ¿Un monumento histórico? ¿O es que tenemos un nuevo palacete en Abu Dabi que forma parte del Patrimonio Nacional?
“El rey Juan Carlos no vive con los recursos públicos”, aseguró este miércoles la vicepresidenta Carmen Calvo. A juzgar por esta investigación de elDiario.es, es evidente que no es verdad.
Hace meses, la Casa Real anunció a bombo y platillo que el rey emérito ya no iba a seguir cobrando un sueldo del presupuesto público. El hijo le dejaba sin paga, en una suerte de castigo por todo lo que hoy sabemos sobre su patrimonio oculto en paraísos fiscales. Los monárquicos vendieron ese cambio como un rotundo gesto de ejemplaridad del nuevo rey, como una ruptura ética con el pasado, como una exigencia moral.
Fue un ejemplo, pero de propaganda. También fue una media verdad.