Qué está pasando en el Consejo General del Poder Judicial

Es el órgano que decide todos y cada uno de los puestos claves en la justicia española. Nombra a todos los jueces del Tribunal Supremo, a los presidentes de las audiencias provinciales, a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de sus salas, al presidente de la Audiencia Nacional y de sus salas, a los jueces de refuerzo… Todos y cada uno de los ascensos importantes en la carrera judicial los escoge un organismo tan desconocido como vital para entender cómo funciona España: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tiene la responsabilidad de proteger “la independencia judicial” y también capacidad disciplinaria sobre todos los jueces, a los que puede sancionar. Reparte los premios y los castigos. Y es un poder donde el PP sigue mandando, donde mantiene artificialmente la mayoría absoluta que perdió en las urnas, y que está siendo uno de los principales arietes de la derecha contra el Gobierno de coalición.

Porque los jueces llegan a su plaza por oposición. Pero al gobierno de los jueces, no.

El CGPJ está formado por 21 miembros, incluyendo a su presidente, que es también presidente del Tribunal Supremo. La manera de nombrarlos está en la propia Constitución. Primero se escogen 20 vocales: “doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos”.

Esos 20 vocales votan a su vez al presidente, el miembro 21 del consejo y cuyo voto, si hay empate, vale por dos.

El modelo se inspiró en la justicia italiana y en su Consejo Superior de la Magistratura. La idea inicial que recoge la Constitución era bastante clara: un consejo que repartiera el poder entre varias manos, donde la mayor parte de sus miembros la eligieran los propios jueces y otra parte menor, los políticos por consenso. Así funciona en Italia. En España apenas duró.

El PSOE, en los primeros años de Gobierno de Felipe González, se encontró con una Justicia reaccionaria, autoritaria y con escasa cultura democrática. Era fácil entender la causa. Al igual que en otros cuerpos de la administración, aquellos jueces de la transición habían sido convenientemente purgados y seleccionados por cuatro décadas de dictadura. Era un búnker franquista, como el del Ejército, formado por magistrados que habían jurado lealtad a Franco y a los principios del “glorioso movimiento nacional”.

Probablemente habría sido mejor depurar esa judicatura entonces franquista para construir una democracia mejor. No se hizo así. Y para democratizar la justicia en esos primeros años de libertad y que realmente “emanara del pueblo”, como también dice la Constitución, Felipe González creó un ley orgánica donde los doce miembros del CGPJ nombrados “entre los jueces y magistrados” también los decidían los partidos.

El modelo quedó así completamente politizado y con los años ha ido a peor. Los 20 más el presidente son, desde entonces, escogidos por los partidos, por consenso parlamentario: diez por el Congreso, diez por el Senado. En ambas cámaras, por mayoría de tres quintos: normalmente tras un pacto entre PP y PSOE, en ocasiones con el apoyo de otros partidos más pequeños.

Quien tiene la mayoría electoral en el Congreso y en el Senado, tiene la mayoría en el Poder Judicial. Y después esos vocales, nombrados a dedo por los partidos, nombran a dedo a todos los jueces claves de España.

Hay argumentos para defender este modelo de elección, basado en las mayorías del Parlamento. Es una manera de que la justicia –un sector de la sociedad muy conservador– se parezca mucho más al pueblo del que emana su legitimidad. Hay quien argumenta que es mejor una justicia conservadora pero independiente que politizada pero progresista. Hay quien cree que una justicia conservadora, ajena a los votantes y gobernada por intereses corporativos, sería aún peor.

Lo que no es defendible es lo que está ocurriendo hoy en el CGPJ: un poder incontrolado que se está saltando varias líneas que no debería cruzar.

La mayoría en el CGPJ es hoy conservadora, sale del Parlamento que había en 2013. Doce vocales han sido propuestos por el PP –incluido el presidente, con su voto de calidad– siete por el PSOE, uno por IU y otro por el PNV.

El CGPJ lleva politizado casi desde su fundación. Y con cada cambio legal se ha politizado aún más. Pero la última reforma, la del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en 2013, fue la puntilla que le faltaba a la independencia judicial. Convirtió el CGPJ en una suerte de tercer parlamento, donde el PP mantiene la mayoría absoluta y la usa. Incluso después de perder las dos últimas elecciones generales.

Después de prometer en su programa “despolitizar la justicia” y que los jueces pudieran votar a representantes en el CGPJ, el PP aprovechó aquella mayoría absoluta de Mariano Rajoy para hacer justo lo contrario. Eran los años del “sé fuerte, hacemos lo que podemos”, que le decía por SMS Rajoy a Bárcenas; cuando el PP empezó a tener a gran parte de su cúpula pendiente de los juzgados, enfangados en distintos sumarios de corrupción.

El PP tenía la enorme necesidad de controlar la justicia por una cuestión de pura supervivencia. También las herramientas para hacerlo, que usaron con profusión. Y pasito a pasito, han logrado una colonización de los puestos claves de la justicia que ya empezó en los años de Aznar con Federico Trillo y que desde entonces nunca se frenó.

La estrategia fue la de siempre: sin rubor. Las reglas del rugby, mientras los progresistas se dedicaban al ballet. Mientras la izquierda promocionaba a jueces progresistas, pero también de prestigio –o incluso a jueces claramente conservadores, como Carlos Dívar, al que Zapatero llevó a la Presidencia del Supremo y del CGPJ con bastante ingenuidad–, el PP se ha empleado a fondo para garantizarse una cúpula de la justicia lo más leal posible.

El actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se llama Carlos Lesmes. Cobra 138.132 euros anuales, uno de los sueldos más altos de la administración.

Carlos Lesmes es alguien muy ligado al Partido Popular. José María Aznar, en 1996, lo nombró director general del Ministerio de Justicia. Estuvo ocho años en el Gobierno del PP: primero como director general de Objeción de Conciencia, después de director general Relaciones con la Administración de Justicia. Lesmes tuvo como jefes a todos los ministros del ramo nombrados por Aznar: a Margarita Mariscal de Gante, a José María Michavila y también a Ángel Acebes.

Cuando Zapatero ganó las elecciones, Lesmes regresó a su puesto como juez. A diferencia de lo que ahora ocurre con Dolores Delgado, nadie entonces cuestionó “su idoneidad”. En 2010 fue ascendido hasta el Tribunal Supremo –gracias al sector conservador en otro CGPJ–. Y cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones, el PP lo promocionó al máximo cargo de la Justicia española: la presidencia del Supremo y del Poder Judicial.

Desde ese puesto, su principal mandato es garantizar “la independencia del Poder Judicial”.

La derecha ha puesto mucho esmero en la selección de personal. Y también en usar la mayoría absoluta de Rajoy para cambiar las reglas de juego a su favor.

En las primeras décadas, hacía falta una mayoría cualificada en el CGPJ para los nombramientos de los jueces, lo que obligaba a que hubiera más consenso y no consistiera solo en colocar a los afines. Gallardón lo cambió para que bastara con sumar la mayoría simple para aprobar allí el nombramiento de un juez del Supremo o de un puesto similar.

El sector conservador tiene doce votos de 21 en CGPJ, y además su voto en caso de empate vale doble. Lesmes ha tenido mayoría más que de sobra para nombrar a cualquier juez solo con los votos de los vocales propuestos por el PP. Sin negociar con nadie más.

La reforma de Gallardón de 2013 también estableció un sistema presidencialista en el CGPJ, aún menos democrático, para fortalecer aún más a Carlos Lesmes. Como presidente de este consejo, tiene la potestad de proponer a los miembros de una pequeña comisión permanente, que toma gran parte de las decisiones.

Formar parte de ese órgano más reducido, de solo siete personas de los 21 miembros que establece la Constitución, tenía una gran ventaja tras la reforma de Gallardón: que solo los jueces que estaban allí cobraban un buen sueldo del CGPJ y quedaban liberados del trabajo ordinario en su juzgado. El resto de los vocales lo eran solo a tiempo parcial, sin dedicación exclusiva, con un sueldo menor, y tampoco disfrutaban de las demás mamandurrias ligadas al cargo, como el coche oficial.

Lesmes no solo ha contado con una cómoda mayoría conservadora en el CGPJ. También pudo repartir una recompensa entre aquellos vocales de la minoría progresista que se portaran mejor. Un bonito premio: ser miembro de la comisión permanente, con todo lo que eso implica. El chófer, el sueldo, el estatus...

Un vocal del CGPJ en la comisión permanente cobra entre 6.000 y 6.500 euros netos al mes, igual que un juez del Tribunal Supremo. Un vocal de los de segunda, los que no están en esa comisión, solo cobra unos mil euros al mes en dietas.

Esa jugosa zanahoria y las demás ventajas de la reforma Gallardón han permitido a la derecha manejar como nunca antes en la historia la cúpula judicial. No lo olvidemos: una pequeña cámara que decide cuáles son los jueces que ascienden a los tribunales más importantes. Porque a la justicia se llega por oposición. Pero al Tribunal Supremo, no.

Gallardón también aprobó otra modificación importante para controlar la Justicia aún más: que el voto en el CGPJ para los nombramientos dejara de ser secreto. Ahora ya no lo es. En el CGPJ se vota de viva voz. Y los partidos saben así si los vocales que han propuesto se salen del bloque que les promocionó.

Es más difícil saltarte la disciplina de voto si el amo te puede ver.

Tras la moción de censura y la caída de Rajoy, el Parlamento derogó parcialmente la reforma de Gallardón y volvió a la ley anterior. Pero la mayoría conservadora que el PP promocionó en el CGPJ sigue ahí, y también Carlos Lesmes, y su control sobre la comisión permanente, que tampoco ha cambiado. Todo eso, a pesar de que la Constitución también dice que la duración de cada CGPJ es de solo cinco años y ese mandato terminó en diciembre de 2018.

El actual CGPJ lleva más de un año en funciones. Pero eso no mengua ni un gramo de su poder ni de sus atribuciones, que siguen igual. De eso también se ocupó la reforma de Gallardón que, en el artículo 570.2 de la ley que regula el Poder Judicial estableció que la única competencia que no podrá ejercer el CGPJ estando en funciones es nombrar a un nuevo presidente.

En el último año, desde que está en funciones, el CGPJ ha aprobado 47 nombramientos. Entre ellos, doce jueces del Tribunal Supremo, incluidos dos presidentes de Sala.

Hace unas horas, el CGPJ ha anunciado que dejará de hacer nombramientos por estar en funciones. Se ha dado cuenta de que su mandato está caducado solo un año y 47 nombramientos después.

También dice el CGPJ que, si la renovación se sigue retrasando, volverá a nombrar nuevos jueces para el Supremo, aunque el consejo siga en funciones.

La mayoría conservadora escoge bien a qué jueces coloca en el Supremo. Casi todos tienen unos 55 años. Es una manera de garantizar que estarán mucho tiempo allí, hasta su jubilación.

La mayoría conservadora, que puso allí el PP de Rajoy, sigue con sus nombramientos de jueces amigos, con su capacidad de sanción y con la capacidad de dar tirones de orejas al Gobierno, como el comunicado que dedicaron al vicepresidente Pablo Iglesias esta semana. Lo firmó esa comisión permanente: los siete del núcleo duro del CGPJ que se ocupó de seleccionar a su medida Lesmes.

Fue un comunicado inédito, por al menos dos motivos. El primero, que es cierto que no es la primera ocasión en la que el CGPJ sale en defensa de la independencia judicial frente a miembros del Gobierno. Así lo hizo, por ejemplo, cuando el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá cuestionó al juez que firmó el voto particular de la sentencia del caso de 'la manada'. Pero basta con leer ese comunicado en cuestión, y compararlo con el que dedicó a Pablo Iglesias, para detectar una evidente diferencia: cuando se trata del PP, el CGPJ no señala de quién habla.

A Catalá ni lo nombraban por su nombre. A Pablo Iglesias, sí.

También es bastante inusual la extensión. En el caso de Catalá, el CGPJ se limita a hacer una defensa genérica de “la independencia judicial” y una apelación “a la moderación y a la prudencia” sin entrar en la polémica ni de refilón.

Con Iglesias, el CGPJ sí desarrolla un largo argumentario judicial donde entra en el fondo de la cuestión: si Europa ha dejado en evidencia al Tribunal Supremo. Algo que está a la vista de todo el mundo. De todo el mundo menos de la propia cúpula del Poder Judicial.

Una cúpula judicial que, hay que recordarlo, lleva más de un año en funciones.

Un consejo en funciones que pide “moderación” mientras regaña al gobierno legítimo elegido por las urnas. Mientras sigue haciendo nombramientos de jueces que se quedarán en el Supremo dictando sentencia hasta su jubilación.

Si no hay una mayoría de tres quintos, el CGPJ no se puede renovar. Y sin el apoyo del PP, es imposible lograr ese acuerdo. El problema, para la mayoría progresista en el Congreso, es que el PP está bloqueando la renovación. ¿Para qué van a pactar si el que hay ahora es suyo y en ese CGPJ mantienen una mayoría que ya perdieron en las urnas?

Esta estrategia filibustera y muy poco democrática no es tampoco una novedad. Hicieron lo mismo tras la primera victoria electoral de Zapatero. En aquella época, el PP también bloqueó durante casi dos años la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Por los mismos motivos: para mantener en la cúpula de la justicia una mayoría que ya no tenían en las urnas.

A finales de 2018, Pablo Casado decidió pactar con el PSOE la renovación del CGPJ. Habría sido la primera vez que el PP pierde La Moncloa y el CGPJ se renueva con normalidad democrática en tiempo y forma. Ese milagro no ocurrió.

Aquella fue una de las primeras decisiones importantes de Casado. Probablemente fue por ingenuidad. El acuerdo saltó por los aires, después de muchas críticas dentro del partido, cuando un miembro del PP filtró a la prensa un mensaje del chat interno de los senadores del PP, enviado por uno de los portavoces de Casado, Ignacio Cosidó.

En ese mensaje, Cosidó defendía ese pacto y presumía de que, en realidad, el acuerdo era estupendo para el PP porque el juez Manuel Marchena, el candidato a sustituir a Lesmes que había pactado Pablo Casado con Pedro Sánchez, era en realidad uno de los suyos.

“Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos tercios del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP”, decía Cosidó en un mensaje que es para enmarcar porque explica a la perfección el mangoneo sobre el Poder Judicial. Tenía toda la razón. Son casi dos tercios, porque 43 de los 75 jueces del Supremo se jubilan en breve, y habrá que reemplazarlos. Y son vitales para el PP porque sus líderes saben que, si tienen un problema con la justicia, son esos jueces los que les deberán ese ascenso a quienes les van a juzgar.

El enorme control político de los nombramientos para el Tribunal Supremo y los demás juzgados importantes marida muy bien con otra de las anomalías del sistema judicial español: el elevado número de aforamientos. Los políticos nombran así a muchos de los jueces que se van a encontrar si son juzgados.

Por poner un ejemplo concreto: la decisión sobre la investigación judicial al presidente del PP, Pablo Casado, por su máster regalado la tomaron varios jueces promocionados por la mayoría conservadora en el CGPJ, nombrada por el PP. Si Casado no hubiera sido aforado, el caso habría quedado en un juez de primera instancia: los que llegan a su juzgado por oposición y que no deben a los políticos ningún favor.

Pero el control de la Justicia y sus principales tribunales no solo es “vital” para el PP porque le pueda ayudar a defenderse de las denuncias por corrupción. También para hacer política. Porque cada día está más claro cuál va a ser la estrategia del PP contra el Gobierno de coalición. Va a ser una guerra judicial, o 'lawfare'.

El último episodio se ha vivido este jueves por la tarde, con la oposición de una buena parte del CGPJ al nombramiento de la exministra Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado.

La ley establece tres requisitos tasados para el puesto: ser español, ser un jurista de reconocido prestigio y acumular más de quince años de experiencia profesional. La fiscal Dolores Delgado cumple todos más que sobradamente. Lo lógico es que el CGPJ no dijera mucho más y se limitara a cumplir y hacer cumplir la ley.

Pero Carlos Lesmes, en línea con lo que pedía Pablo Casado, ha decidido retirar la habitual alusión a la idoneidad de Delgado que normalmente acompaña estos nombramientos. En una jugarreta que demuestra a las claras para qué sirve el CGPJ hoy. Para hacer oposición y torpedear al nuevo Gobierno, alineado con el PP que lo nombró.

Durante la reunión, Lesmes ha argumentado que prefería quitar la referencia a la idoneidad de la candidata para lograr un mayor consenso, para que, de esa forma, el CGPJ no mostrara una división.

Los vocales progresistas entendieron, de su discurso, que era el precio que ofrecía Lesmes para lograr la unanimidad. Y tras debatir el tema en tono cordial, han decidido dar su apoyo a ese texto, que ha sido el único que fue sometido a votación.

Su sorpresa en la votación ha sido mayúscula. De repente se han encontrado con que siete de los vocales nombrados por el PP, el núcleo duro de Lesmes, han decidido votar en contra de la designación de Dolores Delgado.

No solo eso. Estos siete vocales conservadores también han elaborado un largo voto particular, que tenían ya escrito desde antes de la reunión del pleno del CGPJ, y donde cuestionan a Delgado y la rechazan por no ser imparcial.

Así que la jugada es perfecta: Lesmes y sus fieles en el CGPJ han logrado el mejor titular posible: no solo retiran la “idoneidad” de Delgado sino que también le sacan los siete votos en contra a ese supuesto mínimo. Doble golpe.

Es la misma mayoría conservadora del CGPJ que cree que una juez de evidente cercanía al PP, Concepción Espejel, es la ideal para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que juzga los casos de corrupción. Es esa jueza condecorada por De Cospedal y que fue apartada del caso Gürtel por sus propios compañeros por su evidente cercanía al PP.

El CGPJ que ahora cuestiona el nombramiento de Dolores Delgado es el que también ascendió a Enrique López al frente de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Hablamos del mismo Enrique López que Isabel Díaz Ayuso ha nombrado consejero de Justicia de Madrid. El mismo que tuvo que dimitir del Tribunal Constitucional por conducir su moto borracho. El mismo que fue apartado de la Gürtel por su cercanía al PP. El mismo que cobró decenas de conferencias de la FAES.

Según Casado, el nombramiento de la fiscal Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado “vulnera la separación de poderes”.

Y sí, Pablo Casado tiene razón cuando denuncia que en España se está vulnerando la separación de poderes. Pero no en el sentido que él denuncia. Es justo al revés.

Es un Poder Judicial en funciones, fuera de su mandato constitucional, quien está vulnerando la separación de poderes contra el Gobierno legal y legítimo elegido por las urnas.