Un regalo envenenado para la infanta y la Casa Real

En el Palacio de la Zarzuela deberían guardar el champán; no tienen muchos motivos para brindar. Aunque parezca lo contrario, la decisión que ayer tomó la Audiencia Provincial de Palma es una pésima noticia para la infanta, para su esposo y para toda la familia real. No solo porque estemos ante la demostración empírica de que no todos somos iguales ante la ley: no se conoce ningún otro imputado que cuente con la ayuda de la Fiscalía, de la abogacía del Estado y hasta del ministro de Exteriores. También porque el propio auto de la Audiencia está plagado de trampas que sin duda van a complicar el futuro judicial de los duques de Palma. De los dos.

La situación judicial de la infanta es hoy tan anómala como todo lo que hemos visto hasta hoy. Su imputación no está sobreseída, está solo “suspendida”; es un purgatorio muy inusual porque lo corriente es que la Audiencia o bien diese luz verde a la imputación o bien la anulase. Que solo la suspenda es solo un tiempo muerto, no una derrota del juez Castro. Es posible –incluso probable– que la infanta pueda volver a ser imputada más adelante. ¿Por qué delito? El propio auto lo explica, en el fundamento séptimo:

Que la Audiencia Provincial de Palma ponga negro sobre blanco esta acusación es muy relevante por varios motivos. Para empezar, porque suspende la prescripción de los delitos –robar a Hacienda caduca solo a los cinco años–. También por otros dos párrafo del auto donde la Audiencia apunta aún más:

Dicho de otra manera: la infanta puede hacerse la tonta hasta 2006 y argumentar que no sabía nada de los negocietes de su marido, a pesar de que se beneficiase de ellos. Pero a partir de esa fecha ya no cuela, porque en teoría la Casa Real había avisado de que aquello olía mal. Justo a partir de 2006, un presunto delito que, si se cometió, fue al año siguiente, en la declaración de 2007. Casualmente, es a partir de ese ejercicio cuando el delito fiscal no habría prescrito. El auto lo deja todavía más claro en otro párrafo:

Defraudar. Bonito verbo para la “ejemplaridad” de la Familia Real. Por eso es tan importante que el juez Castro consiga al fin esas declaraciones de la renta de los últimos años de la infanta, unos documentos que Cristina de Borbón y sus abogados rechazan entregar con la excusa de preservar “su intimidad”.

El auto de la Audiencia también deja muy mal a la Agencia Tributaria, a la que reprocha no haber aportado todos los datos suficientes como para conocer si la infanta es honrada o no lo es. Y así llegamos al párrafo clave de ese auto de suspensión:

La conclusión es clara. El auto lanza un balón a la cabeza del juez Castro, que ya tiene aún más argumentos para reclamar ante Hacienda las declaraciones de la renta de la infanta. A Castro solo le falta rematar.

En el Palacio de la Zarzuela deberían guardar el champán; no tienen muchos motivos para brindar. Aunque parezca lo contrario, la decisión que ayer tomó la Audiencia Provincial de Palma es una pésima noticia para la infanta, para su esposo y para toda la familia real. No solo porque estemos ante la demostración empírica de que no todos somos iguales ante la ley: no se conoce ningún otro imputado que cuente con la ayuda de la Fiscalía, de la abogacía del Estado y hasta del ministro de Exteriores. También porque el propio auto de la Audiencia está plagado de trampas que sin duda van a complicar el futuro judicial de los duques de Palma. De los dos.

La situación judicial de la infanta es hoy tan anómala como todo lo que hemos visto hasta hoy. Su imputación no está sobreseída, está solo “suspendida”; es un purgatorio muy inusual porque lo corriente es que la Audiencia o bien diese luz verde a la imputación o bien la anulase. Que solo la suspenda es solo un tiempo muerto, no una derrota del juez Castro. Es posible –incluso probable– que la infanta pueda volver a ser imputada más adelante. ¿Por qué delito? El propio auto lo explica, en el fundamento séptimo: