Contra la desinformación

El pasado 5 de noviembre se publicó en el BOE una orden ministerial con el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Algunas reacciones políticas y mediáticas de derechas no se hicieron esperar y, de manera superlativa y engañosa, hablaron de creación de un ministerio de la verdad, de control de los medios de comunicación y de instrumento de propaganda progubernamental. Como si se tratara de otros tiempos que muchos de ellos anhelan.

El esperpento mayor llegó cuando, en línea con la estrategia del Partido Popular y de Ciudadanos de hacer oposición al Gobierno y, en muchos casos, a los intereses de España en Bruselas, llevaron el caso ante la Comisión Europea, que tras estudiarlo concluyó que lo aprobado por el Gobierno de España no solo no era un ministerio de la verdad que atentase contra la libertad de prensa, sino que estaba en consonancia con las recomendaciones hechas desde las instituciones comunitarias en 2018. En primer lugar, fue la Comisión quién emplazó a los estados miembros a tomar medidas contra la desinformación, incluyendo la educación y la alfabetización mediática, y posteriormente, en diciembre de 2018, el Consejo de la Unión Europea aprobó un Plan de Acción contra la desinformación, encargando a los estados miembros establecer un sistema de alerta rápida. Esto es, en definitiva, lo que trata de poner ahora en práctica el Gobierno español, actualizando el mecanismo que ya estableciera de manera pública en marzo de 2019.

El Gobierno español acepta la definición del término “desinformación” propuesta por la Comisión Europea, que no alude a fake news o noticias falsas, sino a la difusión de información falsa o engañosa que pueda ser verificable y que se presenta o divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, pudiendo causar perjuicio público. Los episodios vividos durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos o durante el referéndum del Brexit son buenos ejemplos de campañas de desinformación que han causado un importante perjuicio público.

Y es que nuestros sistemas de información, como los sistemas e instituciones encargados de coordinar la economía internacional y muchos otros, no están diseñados ni preparados para un mundo de datos e inteligencia artificial que plantea desafíos y problemas que abarcan desde la necesidad de proteger nuestra privacidad individual a los derivados del gran poder de mercado que proporcionan a las grandes empresas, o problemas geopolíticos y de seguridad nacional, como la interferencia extranjera en procesos electorales, el hackeo de redes industriales o el ciberespionaje, sin olvidar la manipulación de procesos democráticos y la gestión de episodios tan complejos como la actual pandemia. Todos ellos necesitan ser resueltos por medio de respuestas institucionales y políticas acordes con la complejidad de los retos que conllevan.

El crecimiento de la información disponible hasta extremos que exceden con mucho nuestra capacidad individual para procesarla ha llevado, tal y como explica César Hidalgo en su libro El triunfo de la información, a aumentar las capacidades computacionales por encima del alcance de cualquier individuo. De esa manera, hemos generado formas complejas de información que requieren formas complejas de computación que, a su vez, permiten que la información crezca limitando la capacidad de los humanos de acumular conocimiento.

Este proceso se produce en paralelo con una comunicación generada en torno a silos y muy polarizada, que crea las famosas burbujas de información que tanto deterioran nuestra convivencia social y política. Está bien tener opiniones distintas, puesto que partimos de posiciones sociales, económicas, culturales o identitarias diferentes, pero eso no nos debe llevar al abandono de la argumentación como forma de alcanzar espacios de entendimiento y, sobre todo, no debe hacernos renunciar a la verdad. Actualmente, las personas reciben a diario una fuerte carga de desinformación sectorizada y vinculada de antemano a sus convicciones que no hacen sino reforzarlas y que empujan incluso a personajes públicos con gran poder de decisión, como el aún presidente estadounidense Donald Trump, a creerse inmunes a la verdad y a actuar en consecuencia. No debemos dejar nunca que la verdad compita con la mentira como si se tratara de dos opciones con la misma dimensión moral.

Por eso hacen bien las instituciones europeas y gobiernos como el español en intentar dotarse de mecanismos institucionales que combatan la mentira, siempre que esto se haga con transparencia y control democrático. De hecho, habría que persistir y avanzar más en esa dirección, mediante un continuo proceso democrático de discusión sobre la comunicación en el mundo de los datos y la inteligencia artificial. El uso del conocimiento científico puede ser un buen antídoto para la mentira, y espacios como el hub europeo de ciencia y comunicación del Parlamento Europeo, ESMH (https://sciencemediahub.eu/) por sus siglas en inglés, son una buena práctica que se puede trasponer a los estados miembros y más allá de las fronteras de la Unión Europea. La creación de espacios comunes y de redes de personas dedicadas a la política, la ciencia y la comunicación, ya sea vinculada a asociaciones periodísticas o a instituciones de educación e investigación que intercambian ideas, información y respuestas de manera continuada, es necesaria para enfrentarse de manera democrática a la desinformación y a los riesgos sociales, políticos y económicos que de ella se derivan.

Este país tiene una triste historia de desinformación, que resultó muy fructífera desde el punto de vista económico y político para algunos que hoy parecen querer seguir beneficiándose de ese perverso privilegio, pero de la que tenemos que alejarnos si deseamos seguir constituyendo una democracia. La historiografía española ha dedicado más esfuerzos a demostrar cómo el régimen franquista se impuso y mantuvo por la fuerza, lo cual es indiscutible, que a la labor de propaganda que desplegó para ganarse el favor de las masas, como denuncia Carme Molinero su libro La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista. En esta magnífica obra publicada hace casi quince años, Carme Molinero estudió las políticas desplegadas desde las instituciones franquistas durante la posguerra para afianzar los apoyos populares que ya tenía y, muy especialmente, para penetrar y seducir a las clases trabajadoras. Así surgieron mitos y mentiras que aún perviven en los nostálgicos discursos de muchos dirigentes de derechas y extrema derecha de este país, los mismos que atacan el procedimiento de actuación contra la desinformación del Gobierno de España. La democracia necesita de información y verdad para poder funcionar, no de las mentiras del pasado ni de las del presente.

El pasado 5 de noviembre se publicó en el BOE una orden ministerial con el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Algunas reacciones políticas y mediáticas de derechas no se hicieron esperar y, de manera superlativa y engañosa, hablaron de creación de un ministerio de la verdad, de control de los medios de comunicación y de instrumento de propaganda progubernamental. Como si se tratara de otros tiempos que muchos de ellos anhelan.

El esperpento mayor llegó cuando, en línea con la estrategia del Partido Popular y de Ciudadanos de hacer oposición al Gobierno y, en muchos casos, a los intereses de España en Bruselas, llevaron el caso ante la Comisión Europea, que tras estudiarlo concluyó que lo aprobado por el Gobierno de España no solo no era un ministerio de la verdad que atentase contra la libertad de prensa, sino que estaba en consonancia con las recomendaciones hechas desde las instituciones comunitarias en 2018. En primer lugar, fue la Comisión quién emplazó a los estados miembros a tomar medidas contra la desinformación, incluyendo la educación y la alfabetización mediática, y posteriormente, en diciembre de 2018, el Consejo de la Unión Europea aprobó un Plan de Acción contra la desinformación, encargando a los estados miembros establecer un sistema de alerta rápida. Esto es, en definitiva, lo que trata de poner ahora en práctica el Gobierno español, actualizando el mecanismo que ya estableciera de manera pública en marzo de 2019.