La dignidad de un techo

“El acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho fundamental y debe considerarse una condición previa para ejercer y obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna”. El Parlamento Europeo aprobó en enero una resolución que analiza las dificultades que existen para acceder a una vivienda digna y propone a los Estados medidas para atajarlas. Desde el inicio, el texto deja claro que “las autoridades nacionales, regionales y locales tienen la obligación de definir su propia política de vivienda y adoptar las medidas necesarias para garantizar que este derecho fundamental se respete en sus mercados de vivienda”.

En la teoría, la vivienda es un derecho reconocido en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). En la práctica, la especulación y la precariedad impiden que amplios sectores de la población puedan ejercerlo: jóvenes, familias monomarentales, trabajadores y trabajadoras pobres (tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza)… La resolución salió adelante con el voto en contra de la extrema derecha y la abstención de la derecha, y aunque no va todo lo lejos que nos gustaría, tiene muchos elementos positivos.

El texto pide que la vivienda sea reconocida como “un servicio social de interés general”; fija el objetivo de acabar con el sinhogarismo para 2030 (una situación que ha crecido un 70% en Europa en la última década); demanda una acción a escala europea para establecer moratorias contra los cortes de calefacción en invierno y para luchar contra la pobreza energética. Además, insta a los Estados a establecer “normativas de alquiler claras” y “medidas adecuadas para contrarrestar las inversiones especulativas”.

Sobre la actividad de los fondos buitre, el Parlamento “observa con preocupación el aumento de la financiarización del mercado de la vivienda, en particular en las ciudades, al tratar los inversores la vivienda como un activo negociable y no como un derecho humano”. Y denuncia que “el crecimiento expansivo del alquiler de vacaciones a corto plazo está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, y puede tener un impacto negativo en la habitabilidad de centros urbanos y turísticos”, por lo que pide acciones para “evitar la turistización”.

Lamentablemente, las familias políticas de Ciudadanos, PP y Vox se han alineado para sacar del texto otras demandas relevantes: votaron en contra de prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y de pedir expresamente a los Estados medidas legislativas para frenar la especulación inmobiliaria. Los liberales han presumido en las últimas semanas de que el Parlamento no ha pedido regular el precio de los alquileres 'gracias' a que lograron eliminar esa frase de la resolución final. Sí, como lo leen: están orgullosos de impedir que las administraciones puedan “corregir el alquiler cuando sea necesario para facilitar una vivienda asequible para todos”. Menudo retrato de los voceros de los grandes propietarios.

En cualquier caso, ¿es cierto que la Eurocámara “rechaza” regular el precio de los alquileres? Para llegar a esa conclusión hay que hacer una lectura muy maniquea del texto aprobado. Aunque ningún artículo pide palabra por palabra esa medida, la resolución señala que “no regular el mercado inmobiliario y a los agentes financieros que operan en ese mercado” para garantizar el acceso a una vivienda asequible para todos significaría que los Estados “incumplen sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda”. Con o sin mención expresa a la regulación de precios, el espíritu de la resolución es bastante claro.

Emergencia social en pandemia

En la Unión Europea, 80 millones de personas tienen dificultades para pagar su vivienda y casi el 10% de la población destina, al menos, el 40% de sus ingresos para ello. Esta sobrecarga es mayor entre las personas en riesgo de pobreza y los hogares con bajos ingresos. Los datos hablan también de precaridad juvenil: el 28% de los jóvenes no puede independizarse. La falta de una vivienda digna a un precio asequible es una pieza crítica de la emergencia social que viven muchas familias en España y en Europa. Nuestro país ha sido durante décadas el paraíso del ladrillo, y la crisis de 2008 tuvo consecuencias desgarradoras en ese modelo. Los desahucios son un trauma social persistente desde entonces.

Por supuesto, no se puede abordar la cuestión del acceso a la vivienda atendiendo únicamente al precio del suelo o del alquiler: hay que poner el foco en las condiciones de vida de las personas. La precariedad laboral, los bajos salarios, la conciliación imposible… En fin, la ausencia de estabilidad para proyectar una vida. Todos estos factores se suman a los recortes de derechos y de servicios públicos que sufrió nuestro país a partir de 2010. La urgencia social se ha agravado con la Covid-19, pero el problema viene de lejos. El escudo social activado por el Gobierno de coalición para amortiguar el impacto inmediato de la pandemia (suspensión de desahucios sin alternativa habitacional, prohibición de cortes de suministro a personas vulnerables, moratoria de hipotecas…) debe completarse ahora con iniciativas a largo plazo. Y esto hay que decirlo claro: si Unidas Podemos no hubiese estado en el Gobierno, la protección social no habría sido la misma.

La emergencia sanitaria ha puesto encima de la mesa algo el movimiento popular viene denunciando desde hace tiempo: que la vivienda es un elemento fundamental para la salud pública. En un momento de emergencia sanitaria como este nadie puede quedarse en la calle. Por eso, el Ejecutivo ya ha empezado a legislar, en línea con las recomendaciones europeas, con normas como el Real Decreto antidesahucios aprobado el 22 de diciembre. En Unidas Podemos tenemos claro que el Gobierno debe estar al servicio de la mayoría social y seguir avanzando en la garantía de derechos. Este Real Decreto debe ser un primer paso para blindar, de una vez por todas, el derecho a la vivienda en nuestro país.

Sin embargo, aunque se trata de una medida fundamental para miles de familias y una victoria para el movimiento popular, el derecho a la vivienda no puede depender de una situación excepcional como esta pandemia. Nuestro país ha firmado tratados internacionales de obligado cumplimiento en esta materia que hoy por hoy se vulneran. A partir de ahora, todos nuestros esfuerzos estará puestos en la próxima Ley de Vivienda, para hacer de ella un verdadero derecho social y no un mero activo especulativo, como denuncia el propio Parlamento. Conviene recordar también el fracaso absoluto de la gestión privada del patrimonio inmobiliario resultante de la crisis y la entrega a precio de saldo a los fondos buitre. Debemos empujar hasta conseguir que los grandes tenedores estén obligados a dedicar una parte de sus viviendas al alquiler social, y prohibir permanentemente los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables.

Aunque la Unión Europea no tiene un mandato directo en materia de vivienda, las políticas impulsadas desde ella –ayudas estatales, normas fiscales y programas e instrumentos de financiación– tienen un gran impacto en el mercado inmobiliario. Aún le queda un largo camino por recorrer, pero la resolución aprobada en enero es un primer paso. Europa debe entender que sin el Pilar Social que durante tanto tiempo ha abandonado no puede seguir avanzando. Ahora es el turno de los Estados. En España, la Constitución Española establece en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y la futura y tan necesitada Ley de Vivienda debe garantizarlo. Son muchos los retos que tiene: asegurar alquileres asequibles, acabar con la especulación y con el negocio de quienes se lucran con la posibilidad de tener un hogar. Es hora de asegurar la dignidad de un techo para todos. La dignidad de todos los techos.

“El acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho fundamental y debe considerarse una condición previa para ejercer y obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna”. El Parlamento Europeo aprobó en enero una resolución que analiza las dificultades que existen para acceder a una vivienda digna y propone a los Estados medidas para atajarlas. Desde el inicio, el texto deja claro que “las autoridades nacionales, regionales y locales tienen la obligación de definir su propia política de vivienda y adoptar las medidas necesarias para garantizar que este derecho fundamental se respete en sus mercados de vivienda”.

En la teoría, la vivienda es un derecho reconocido en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). En la práctica, la especulación y la precariedad impiden que amplios sectores de la población puedan ejercerlo: jóvenes, familias monomarentales, trabajadores y trabajadoras pobres (tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza)… La resolución salió adelante con el voto en contra de la extrema derecha y la abstención de la derecha, y aunque no va todo lo lejos que nos gustaría, tiene muchos elementos positivos.