De lo que no hablarán México y la Unión Europea este verano

México y la Unión Europea (UE) comenzaron en mayo de 2016 las negociaciones para la modernización del llamado Acuerdo Global. Ahora, la urgencia por cerrar el trato apremia a los equipos negociadores, que no tendrán un verano relajado: se celebrarán dos rondas de negociación y varias reuniones intersectoriales con el fin de cerrar el capítulo comercial del acuerdo para consagrar un Tratado de Libre Comercio de nueva generación, similar al TTIP (entre la UE y Estados Unidos) o al CETA (entre la UE y Canadá). Es decir, un tratado que empobrece como han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil.

Existe un interés claro por ambas partes por acelerar el proceso y lograr un acuerdo antes de final de año. Sin embargo, durante esas reuniones estivales se obviarán los asuntos que más interesan a la ciudadanía y no se pedirá la opinión ni de las organizaciones de la sociedad civil, ni de los colectivos más afectados por el acuerdo.

Se buscará superar divergencias importantes entre la UE y México en materia de acceso a mercado, sobre todo en donde hay discrepancias entre las partes como en el caso del banano, el azúcar y la carne.

También se intentará cerrar una lista sobre los servicios futuros que entrarán en el acuerdo de libre comercio y otra lista negativa o excluyente. Y es presumible que se aborde la cuestión de tribunales de arbitraje privado y las cláusulas ISDS –sobre resolución de conflictos entre Estados e inversores privados– del acuerdo.

De lo que no se hablará, sin embargo, es de la dramática situación de derechos humanos que vive México. No se hablará de Miroslava Breach ni de los otros seis periodistas asesinados en lo que va de año. No se dirá que el periodismo en México se ha convertido en una profesión en la que se pone la vida en riesgo.

Tampoco se hablará de los feminicidios, ni de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que siguen desaparecidos casi tres años después ni de la extorsión a personas defensoras de derechos humanos que muchas veces acaba también en asesinato, como el del premio Goldman Isidro Baldenegro este mismo año.

En suma, en las reuniones de negociación del Acuerdo Global que tendrán lugar en Bruselas y en Ciudad de México no se hablará de los problemas cotidianos de la gente, que no son otros que los derivados de la inseguridad que tiene su raíz en la pobreza, en la desigualdad y en la exclusión social así como en la corrupción estructural y en la connivencia entre el crimen organizado y el Estado, que conduce a una alarmante impunidad.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 98 de cada cien crímenes cometidos en México quedan sin resolver.

Pero no, no se puede hablar de lo feo. Los motivos son diversos: las negativas consecuencias del efecto Trump en México, la proximidad de las elecciones presidenciales de 2018 o la voluntad de la Unión Europea de convertirse en un socio fundamental de México.

En un momento en el que el Presidente Peña Nieto y su partido, el PRI, están en índices extremadamente bajos de popularidad, el gobierno mexicano quiere vender el acuerdo como un símbolo de modernización y como un puente hacia Europa superador de los muros de Trump.

La Unión Europea, a su vez, desea reforzar su influencia en Latino América y expandir aún más el beneficio de sus grandes corporaciones en la región. La posibilidad de que se haga con la presidencia de México una candidatura popular y emancipadora que apueste por priorizar a los mexicanos asusta a ambas partes, y las encuestas van en este sentido y dan como favorito al candidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel Lopez Obrador.

La élite mexicana y la oligarquía Europea ven en este futuro acuerdo la vía para mantener el statu quo en el país norteamericano y para reforzar los beneficios de las transnacionales europeas.

Por ello, tanto el Gobierno mexicano como la UE quieren anunciar este mismo año el acuerdo a la opinión pública como un éxito, como contrapunto a Trump. En esa narrativa no hay espacio para las violaciones de derechos humanos, la pobreza, ni la desigualdad.

Las partes interesadas lo saben bien. Y eso es lo que explica que el Partido Popular Europeo bloquee sistemáticamente cualquier propuesta de otros grupos para tratar asuntos relacionados con derechos humanos en México.

En otoño empezaremos a conocer los textos consolidados del Acuerdo. En ellos solo encontraremos avanzadas cláusulas en materia comercial que convertirán el Acuerdo global con México en un Tratado de Libre comercio del estilo del TTIP o el CETA, que reduce la soberanía de los pueblos y ataca el bienestar de las personas trabajadoras, y la ciudadanía en general, solo beneficiando a las grandes transnacionales y a los multimillonarios.

Encontraremos también cláusulas en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible, pero no serán vinculantes: se tratará de meras declaraciones de intenciones carentes de mecanismos de observación y de sanción en caso de incumplirse.

Habremos perdido, así, otra oportunidad de hablar de lo importante, de poner la política comercial al servicio de las personas como instrumento para mejorar la vida diaria de la gente. Porque dar la espalda a la gente no crea puentes, sino que construye muros. Sería mejor que los encargados de las negociaciones se fuesen también de vacaciones.

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Estefanía Torres, diputada de Podemos en el Parlamento Europeoy miembro de la Delegación Unión Europea-México en la Eurocámara.

Carlos Villota, asesor del grupo GUE/NGL en el Parlamento Europeo Carlos Villota, e integrante de la Secretaría Internacional de Podemos.

México y la Unión Europea (UE) comenzaron en mayo de 2016 las negociaciones para la modernización del llamado Acuerdo Global. Ahora, la urgencia por cerrar el trato apremia a los equipos negociadores, que no tendrán un verano relajado: se celebrarán dos rondas de negociación y varias reuniones intersectoriales con el fin de cerrar el capítulo comercial del acuerdo para consagrar un Tratado de Libre Comercio de nueva generación, similar al TTIP (entre la UE y Estados Unidos) o al CETA (entre la UE y Canadá). Es decir, un tratado que empobrece como han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil.

Existe un interés claro por ambas partes por acelerar el proceso y lograr un acuerdo antes de final de año. Sin embargo, durante esas reuniones estivales se obviarán los asuntos que más interesan a la ciudadanía y no se pedirá la opinión ni de las organizaciones de la sociedad civil, ni de los colectivos más afectados por el acuerdo.