Cuando nosotros no podamos migrar: las consecuencias del Brexit sobre nuestros derechos

En el primer pleno de octubre del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, volvió a anunciar en Estrasburgo que los resultados de las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea están completamente en manos del Gobierno británico. Dependería de Londres que se produzca un Brexit duro con consecuencias nefastas para los derechos de la ciudadanía comunitaria y británica; que se produzca un Brexit más suave, garantizando algunos derechos para las personas, pero, sobre todo, para las grandes empresas; o que se ignore el mandato democrático del pueblo británico de salir de la Unión.

Estas declaraciones responden seguramente a una estrategia de cara a la ciudadanía británica e incluso a las propias discusiones internas del Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, pero no dejan de ser una declaración de intenciones sobre la forma en que las propias autoridades comunitarias afrontan el proceso.

El Brexit vuelve a poner de relieve la verdadera naturaleza de la Unión Europea que conocemos, un proyecto de las clases dominantes de Europa, donde los derechos adquiridos son accesorios al núcleo del proyecto, que no es otro que perpetuar el enriquecimiento de una élite continental a través de la creación de un enorme espacio de libre comercio y, sobre todo, a través de una nueva distribución del trabajo a nivel continental.

Y si se toleran estos niveles de flexibilidad con Reino Unido es porque nunca llegó a formar parte de este espacio del todo –como lo demuestra su no pertenencia a la Eurozona- y siempre mantuvo su propia élite y modelo de producción. Peor suerte corrieron, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras griegos, que sí que forman parte de él, a los que la UE, con su firmeza, ha condenado a seguir en uno de los escalones más bajos de nuestro modelo.

Tras la última ronda de negociaciones entre Bruselas y Londres, ambas partes afirmaron que harán todo lo posible por tener un acuerdo comercial lo más fuerte posible. Mientras, volvimos a ver cómo los derechos adquiridos por la ciudadanía no son más que fichas que no tienen problema en intercambiar y de ahí que el destino de los tres millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en Reino Unido, y del millón de británicos y británicas que residen en el continente, permanece bastante incierto.

En realidad, el Gobierno británico ya ha dado una muestra de lo que es capaz al enviar a centenares de ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido una carta con amenazas de expulsión. Y aunque es cierto que tras un gran revuelo anunció que se había tratado de un error, nadie debe olvidar que la mayor parte de comunitarios que trabajan allí lo hacen en condiciones muy precarias y, por tanto, están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que, por ejemplo, los británicos que residen en el continente.

Tanto Bruselas como Londres hablan constantemente de reciprocidad cuando se refieren a las negociaciones del Brexit, pero todo indica que esta máxima sólo tendrá valor en el caso de las grandes empresas y capitales. Sobre la mesa hay ya toda una serie de iniciativas destinadas a que no peligre el privilegio de los más ricos para veranear bajo el sol, o el de las grandes fortunas, que no tiene patria, de establecer su sede en cualquier territorio, incluidos los paraísos fiscales bajo jurisdicción británica de Gibraltar, Jersey o la Isla de Man. Mientras tanto, el futuro de quienes buscaron una vida mejor en Reino Unido desaparece igual de rápido que las posibilidades de hacerlo en el futuro, pues nadie en el Gobierno británico dice contemplar la libertad de movimiento.

Incluso cuestiones que parecen tan asentadas como la reunificación familiar desaparecen de la oferta que han puesto sobre la mesa los negociadores británicos liderados por el Secretario de Estado David Davies, que para más inri es considerado parte del sector más moderado de su Gobierno. La propuesta es pasar a un modelo en el que serían necesarios cinco años de residencia legal como trabajador o trabajadora para obtener un permiso de residencia permanente. Por supuesto, se vincula la migración y la seguridad, y además de los controles policiales obligatorios a todo el o la que solicite residencia, se podrá deportar a un ciudadano o ciudadana comunitaria por su actividad previa a instalarse en Reino Unido.

En cualquier caso, no debemos comprar el discurso ¬–muy extendido en Bruselas- de que el Brexit es una especie de delirio del Reino Unido y que están imponiendo unas condiciones de salida terribles. El Brexit es una mala solución, en clave nacionalista e insolidaria, a un problema de carácter europeo generado por las propias instituciones de Bruselas que llevan años construyendo la UE de espaldas a la ciudadanía y atacando con políticas económicas y productivas al servicio de los poderosos los intereses de la mayoría.

La UE no se queda atrás en la restricción de derechos en cuestiones concretas de las negociaciones. Por ejemplo, el equipo negociador ha puesto encima de la mesa una propuesta para eliminar el derecho de los británicos y británicas residentes en el continente a sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Asimismo, están proponiendo limitar sus derechos para que sólo estén cubiertos en el Estado en el que residan en el momento concreto del Brexit, sin contemplar ningún tipo de opción de residencia en el continente de británicos y británicas en el futuro.

Sea cual sea el resultado de las negociaciones queda claro, por las posiciones mantenidas hasta ahora, que las grandes empresas seguirán disfrutando de los muchos beneficios que les otorga este modelo de UE, mientras la mayoría de las personas verán reducidos sus derechos adquiridos. Avanzamos hacia un modelo, tanto en la UE como a nivel global, en el que las fronteras están cada vez más abiertas para las empresas y cada vez más cerradas para las personas.

Nunca en la historia europea fue más difícil migrar a nuestro continente. Por tanto, cuando vemos cómo se reducen los derechos y se dificulta la vida de los más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas del Estado español que residen en Reino Unido, no nos olvidemos de la realidad de violencia institucional a la que se enfrentan quienes llegan a Europa desde fuera. Que la limitación de nuestro derecho a migrar sirva para abrir los ojos sobre quienes tratan de llegar a nuestro Estado y se enfrentan a condiciones mucho peores, a recibir palizas por las fuerzas de seguridad en las vallas de Ceuta y Melilla, a ser encerrados en CIE en condiciones infrahumanas, a ser explotados en obras, granjas y huertos, o a ser deportados con violencia.

En el primer pleno de octubre del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, volvió a anunciar en Estrasburgo que los resultados de las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea están completamente en manos del Gobierno británico. Dependería de Londres que se produzca un Brexit duro con consecuencias nefastas para los derechos de la ciudadanía comunitaria y británica; que se produzca un Brexit más suave, garantizando algunos derechos para las personas, pero, sobre todo, para las grandes empresas; o que se ignore el mandato democrático del pueblo británico de salir de la Unión.

Estas declaraciones responden seguramente a una estrategia de cara a la ciudadanía británica e incluso a las propias discusiones internas del Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, pero no dejan de ser una declaración de intenciones sobre la forma en que las propias autoridades comunitarias afrontan el proceso.