La UE debe poner fin a los acuerdos de protección de inversiones en el sector de los combustibles fósiles

El Tratado sobre la Carta de la Energía, que se remonta a la década de los 90, limita gravemente la capacidad de Europa para cambiar las regulaciones del sector energético, con muchos Estados miembros de la UE enfrentándose a acciones judiciales que ascienden a miles de millones de euros. Por eso afirmamos que, si el tratado no puede ser reformado, debe ser derogado.

Imagina vivir en un país donde la ciudadanía ha comprendido que necesitamos medidas drásticas para combatir el cambio climático. Imagina que el Parlamento y el Gobierno han desarrollado un plan valiente pero realista para eliminar gradualmente los combustibles fósiles cumpliendo con el mantenimiento del calentamiento global por debajo de un grado y medio. Los fondos de recuperación ante la crisis económica causada por la COVID-19 se utilizarán para acelerar la transición energética. Pero entonces, las empresas de combustibles fósiles y los proveedores de energía deciden cuestionarlo todo y reclamar miles de millones en compensaciones, basándose en un oscuro acuerdo, el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Quieren que lo público pague para que ellos dejen de destruir el clima. ¿Suena como una historia absurda? Pues no lo es. Es una posibilidad real que podría materializarse si no tomamos medidas ahora.

Nosotros y nosotras, eurodiputados y eurodiputadas de diferentes países y grupos políticos, compartimos una profunda preocupación por el TCE, cuyas negociaciones para una “modernización” comenzaron el pasado 6 de julio. Muchos países de la UE han experimentado directamente cómo este acuerdo internacional de protección de inversiones realizado para proteger el sector de la energía fósil representa un gran obstáculo para alcanzar nuestros objetivos climáticos.

El TCE restringe la capacidad de la UE y de sus Estados miembros para cambiar las regulaciones y políticas en el sector energético. Alemania ya ha sido demandada dos veces por la multinacional energética sueca Vattenfall. Tras la primera demanda, la empresa logró rebajar las normas ambientales impuestas a una central eléctrica de carbón cerca de Hamburgo. Ahora, está exigiendo más de 6.100 millones de euros por la pérdida de beneficios relacionados con dos de sus centrales nucleares, tras la retirada progresiva de la energía nuclear acordada en Alemania después del desastre de Fukushima de 2011. Estos casos podrían volver a ocurrir fácilmente cuando propongamos medidas para eliminar los combustibles fósiles.

La mera amenaza de denuncia puede ser suficiente para presionar a los Estados y que no adopten medidas ambiciosas para cumplir sus compromisos climáticos. En 2017, la empresa canadiense Vermilion amenazó al gobierno francés con emprender acciones legales invocando el Tratado de la Carta de la Energía si aprobaba una ley que pusiera fin a la exploración y extracción de combustibles fósiles en todo el territorio francés a partir de 2040. Después de eso, y de otras presiones, el gobierno francés dio marcha atrás: la ley final fue modificada, permitiendo que continuaran los permisos de explotaciones petroleras.

La protección de inversiones en combustibles fósiles está aumentando enormemente el costo de la transición energética para los y las contribuyentes y, por lo tanto, socavando directamente el objetivo de neutralidad climática de Europa definido en el European Green Deal (el Acuerdo Verde Europeo), lanzado por la Presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen. Hace unas semanas la empresa energética alemana UNIPER confirmaba su intención de demandar a Holanda por valor de 1000 millones de euros invocando el Tratado de la Carta de la Energía en concepto de compensación por la decisión neerlandesa de eliminar gradualmente el carbón para la producción de electricidad. Un caso de arbitraje de este tipo tardaría años en resolverse, sembrando mientras la inseguridad entre los legisladores de otros países y debilitando o retrasando potencialmente las políticas climáticas.

Todavía en shock por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, los países podrían ser víctimas de una nueva oleada de demandas de inversores debido a las medidas excepcionales adoptadas en los últimos meses. España ya era un objetivo importante después de la última crisis financiera. Este país es, hasta la fecha, el Estado más atacado en el marco del TCE, acumulando un total de 47 demandas, de las cuales 16 ya han sido resueltas a favor del inversor. Esto representa más de 1.000 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto comprometido por España para contribuir al Fondo Verde de la ONU para apoyar las acciones contra el cambio climático. Pero aún quedan 28 reclamaciones sin resolver contra España, que podrían costar a los contribuyentes españoles hasta 8.000 millones de euros.

Todos estos casos contra los Estados miembros de la UE deberían ser prueba más que suficiente para la Comisión Europea de que el Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo anticuado, incompatible con el logro de los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima. Como señala Yamina Saheb, ex jefa de la Unidad de Eficiencia Energética de la Secretaría Internacional del TCE y autora del IPCC, las emisiones acumuladas protegidas por el ECT, desde su entrada en vigor en 1998 hasta enero de 2020, se estiman en 87 Gt de CO2, de las cuales el 62% son emisiones de CO2 procedentes de inversiones directas intra ECT en combustibles fósiles.

Somos conscientes de que el Tratado sobre la Carta de la Energía está siendo revisado actualmente. Desafortunadamente, no esperamos que este proceso alinee el ECT con el Acuerdo de París. Para lograrlo, los combustibles fósiles tendrían que ser excluidos de la protección del tratado. Además, el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas reclamar esas absurdas indemnizaciones, debe ser desechado o reformado en su totalidad y fuertemente limitado. Ninguno de los signatarios del TCE -incluida la UE- presenta actualmente estas propuestas mencionadas, dejando claro desde el principio que la reforma no hará que el TCE sea compatible con nuestros compromisos climáticos, ni abordará un tema tan preocupante como que los mecanismos de arbitraje del TCE sean incompatibles con la legislación de la UE.

Por todo ello, instamos a la UE y a los Estados miembros a que aumenten sus ambiciones en su posición negociadora para hacer frente a estas deficiencias, o a que desarrollen vías para retirarse conjuntamente del Tratado sobre la Carta de la Energía en caso de que fracasen las negociaciones.