La urgencia de las movilizaciones sociales contra el CETA (y otros tratados)

Los próximos 1 y de 2 de febrero se votará en el Parlamento europeo la ratificación del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), acuerdo comercial bilateral firmado por Canadá y la Unión Europea el pasado 30 de octubre. Esta firma dio por concluido el largo proceso negociador iniciado siete años antes por ambas partes aunque su plasmación final estuvo sometida a la duda hasta el último momento por la oposición de la región belga de Valonia. Y fue precisamente por las reticencias de este pequeño territorio que este tratado empezó a tomar cierto protagonismo mediático y a ser conocido más allá de sus defensores y opositores, ya que hasta la fecha había permanecido bastante oculto dado el interés de los primeros en mantenerlo lo más alejado posible de la transparencia informativa.

El CETA podría entrar provisionalmente en vigor si el Parlamento europeo lo ratifica. La Comisión Europea aceptó declarar este acuerdo como mixto o de competencias compartidas - que exige la ratificación en los parlamentos estatales- a cambio de que el acuerdo entre en vigor de forma inmediata, sin esperar a esta ratificación de los estados, tras su paso por la eurocámara. Esta aplicación provisional, de buena parte de su articulado, provoca una situación claramente antidemocrática al ser de obligado cumplimiento para los 28 sin ni siquiera haber sido ratificada su aprobación en sus respectivos parlamentos, en un proceso que puede durar varios años.

No obstante, desde la firma del tratado, además de los retrasos en el calendario de ratificación en el Parlamento europeo prevista inicialmente para mediados de diciembre, se han producido dos hechos importantes que cuestionan tanto la adecuación normativa como el fondo de este acuerdo. Por un lado las conclusiones de Eleanor Sharpstson, la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, institución a la que la Comisión Europea ha pedido opinión sobre el acuerdo comercial con Singapur, de considerar a éste como acuerdo mixto al invadir las competencias de los estados miembros y que puede extrapolarse tanto a CETA como a TTIP al ser sus objetivos, criterios de aplicación y contenidos muy similares. Por otro las recomendaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos sociales (EMPL) del Parlamento europeo pidiendo a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) -que debe informar al Parlamento sobre el acuerdo- su posicionamiento contrario a la ratificación. El EMPL basa su recomendación en que estudios recientes pronostican la pérdida de 204.000 puestos de trabajo para el conjunto de la UE, la clara disparidad entre el nivel de protección previsto para los inversores y los derechos de los trabajadores o la inexistencia de medidas específicas de apoyo a las pymes.

Otra Comisión, la de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) ha de pronunciarse el próximo 12 de enero sobre aspectos de su competencia en referencia al CETA. Finalmente la propia Comisión de Comercio Internacional (INTA) se reunirá el 24 de ese mismo mes para preparar la recomendación de voto que hará al Parlamento europeo.

Por otra parte, El Parlamento Europeo votó el 23 de noviembre una Resolución presentada por alrededor de noventa diputados pidiendo que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminase si el CETA se ajusta en su totalidad al marco jurídico europeo. En igual sentido, en España, se presentó el 29 de noviembre una PNL por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos y apoyada por ERC y Bildu, pidiendo que el tratado fuese examinado por el Tribunal Constitucional y que fuese sometido a referéndum. En ambos casos estas propuestas fueron rechazadas con los votos de conservadores, liberales y socialdemócratas y que aquí corresponden a PP, C’s y PSOE.

Se ha hecho por tanto un trabajo importante en términos institucionales contra el CETA y el TTIP tanto en el Parlamento Europeo como en el estatal, sin olvidar el realizado en los parlamentos autonómicos, donde ocho de ellos se han declarado contrarios a estos acuerdos.

Pero no hemos de olvidar otro actor importante en esta ya larga lucha contra los mal llamados tratados de libre comercio y que ha ido cobrando con el tiempo un mayor protagonismo. Nos referimos a las distintas campañas y plataformas que tanto en Europa como en el conjunto del estado han sido las responsables de movilizar a las clases populares contra estos acuerdos comerciales que solo favorecen los intereses de las transnacionales y grandes empresas.

En España, la campaña estatal #NoalTTIP agrupa numerosos nodos territoriales formados a su vez por cerca de 350 organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. Ha sido esta campaña y sus nodos territoriales las que han apoyado a cientos de municipios a presentar mociones declarándose municipios libres de TTIP y CETA (en la actualidad 280 lo son) y que han informado a la ciudadanía en cientos de charlas, jornadas, mesas redondas en el conjunto del estado de todo lo que se ha ido conociendo de estos tratados a través de varias filtraciones, ocultado durante mucho tiempo por quien los negociaba, pero ya a la luz en el caso del CETA.

Una información ahora disponible en las 1600 páginas de ese acuerdo que confirma los peores temores que se tenían. Un tratado que en su articulado contiene -y no dudamos que el TTIP tendrá similitudes con el mismo- una apuesta por un modelo agroindustrial que perjudica la biodiversidad y pone en riesgo la salud humana y que la propia FAO no considera la más adecuada, una apuesta por los combustibles fósiles que pone en peligro los objetivos de la COP21 de mitigar los efectos del cambio climático, un ataque a los derechos sociales que se desprende del apoyo a las desregulaciones en materia laboral, educativa, sanitaria, un ataque a los servicios públicos al apoyar la mayor privatización posible, un ataque a la independencia judicial al pretender crear tribunales de arbitraje al margen de los estatales para dirimir conflictos entre inversores y estados, un apoyo incondicional a los grandes inversores y un olvido de las 21 millones de pymes europeas que dan trabajo a 90 millones de personas, un ataque a la soberanía de los estados que pueden ver mermadas sus iniciativas legislativas al poder ser éstas supervisadas por un organismo creado al efecto de manera poco democrática.

Por eso ahora, a la vista de esta situación tan lesiva para los intereses de las mayorías sociales es importante trabajar también más allá de las instituciones. Es el momento de las movilizaciones. El CETA, pero también el TTIP, el TiSA, el TPP y otros acuerdos bilaterales firmados o a punto de serlo tanto por EEUU, Canadá o la UE no son tratados inocentes que quieran mejorar el comercio de bienes y servicios entre partes. Representan la estrategia neoliberal actual de maximización de beneficios a costa de la desregulación normativa, el blindaje de las inversiones y el control político por parte del poder financiero a costa de los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales de las clases populares.

Estos tratados no se paran desde el Parlamento Europeo o desde el Congreso de los Diputados, se paran desde la organización y la movilización. Por ello es importante desbordar la realidad institucional y bajar a la calle. Y es en este sentido que cobra importancia la existencia de estas campañas contrarias a los tratados, ya que representan a miles de activistas y a cientos de organizaciones unidas con un mismo objetivo. Organizaciones políticas y sindicales pero también y en gran medida movimientos sociales, organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores, asociaciones de agricultores y ganaderos, asociaciones de pymes y un largo etcétera que trabajan para que no se aprueben estos tratados y conseguir fórmulas alternativas de comercio que contemplen a las personas y al planeta –como dice el lema de la campaña- antes que los intereses de las multinacionales.

El próximo 21 de enero habrá movilizaciones en toda Europa contra el CETA. La campaña estatal #NoalTTIP hace un llamamiento, al igual que se hizo el pasado 15 de Octubre, a toda la ciudadanía para que acuda a esta convocatoria y a todas las organizaciones adheridas a que movilicen a sus militantes, simpatizantes y votantes. Salgamos a la calle contra los tratados de las multinacionales y por nuestros derechos.

Marina Albiol. Eurodiputada de IU. Portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo  //  Pablo Jiménez. Miembro del Área Federal de Medio Ambiente de IU y de la campaña estatal #NoalTTIP. Cocoordinador del libro “Las amenazas del TTIP y el CETA”

Los próximos 1 y de 2 de febrero se votará en el Parlamento europeo la ratificación del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), acuerdo comercial bilateral firmado por Canadá y la Unión Europea el pasado 30 de octubre. Esta firma dio por concluido el largo proceso negociador iniciado siete años antes por ambas partes aunque su plasmación final estuvo sometida a la duda hasta el último momento por la oposición de la región belga de Valonia. Y fue precisamente por las reticencias de este pequeño territorio que este tratado empezó a tomar cierto protagonismo mediático y a ser conocido más allá de sus defensores y opositores, ya que hasta la fecha había permanecido bastante oculto dado el interés de los primeros en mantenerlo lo más alejado posible de la transparencia informativa.

El CETA podría entrar provisionalmente en vigor si el Parlamento europeo lo ratifica. La Comisión Europea aceptó declarar este acuerdo como mixto o de competencias compartidas - que exige la ratificación en los parlamentos estatales- a cambio de que el acuerdo entre en vigor de forma inmediata, sin esperar a esta ratificación de los estados, tras su paso por la eurocámara. Esta aplicación provisional, de buena parte de su articulado, provoca una situación claramente antidemocrática al ser de obligado cumplimiento para los 28 sin ni siquiera haber sido ratificada su aprobación en sus respectivos parlamentos, en un proceso que puede durar varios años.