Sólo el 15,55% de los jóvenes vascos está emancipado y vive de forma independiente de sus padres. El dato supone una ligera mejoría respecto al año anterior, pero muestra las dificultades que tiene los jóvenes -entre 16 y 29 años- para iniciar su camino vital, muy condicionados por la temporalidad en el empleo y por los elevados precios de la vivienda. El pago del alquiler supone el 80,2% del salario medio de un joven y el importe de la cuota hipotecaria mensual para la compra de una vivienda libre el 65,2%.
Según se contempla en el último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, correspondiente al último semestre de 2021, la ligera mejoría del porcentaje de emancipados respecto a 2020, cuando se registró el mínimo histórico del 13,7%, se ha producido gracias al “importante aumento del empleo entre la población joven, superior a los ocho puntos porcentuales”. Euskadi ha sido en ese periodo, el final del año pasado, la cuarta comunidad autónoma en la que más personas jóvenes estaban ocupadas. Sin embargo, el incremento que se ha producido en la temporalidad fue también muy considerable (de 7,6 puntos) y, en contra de lo que ha sucedido en el conjunto de España, “también ha avanzado la probabilidad de que se tuvieran jornadas a tiempo parcial (2,9 puntos), la mayor parte de cuales eran involuntarias”, señala el informe.
La precariedad de la población joven en Euskadi se ha mostrado también evidente en que más del 10% de las personas que trabajaban por cuenta ajena tenía contratos inferiores a los tres meses. En este escenario, la población joven que estaba emancipada en Euskadi ha presentado en este periodo “unas características muy singulares”, como que el 61,9% tenía contratos indefinidos o que el 42,8 % llevaba tres años o más en su puesto de trabajo.
En estos momentos, según los últimos datos de desempleo, en Euskadi hay inscritos en las oficinas de Lanbide un total de 17.087 jóvenes menores de 30 años, un 9,39% menos que el año anterior en el mes de julio. La mayoría, 8.944, son mujeres. Por otra parte hay 3.564 menores de 30 años que reciben una prestación de RGI.
La estabilidad laboral es condición indispensable para afrontar con “garantías”, los altos precios de compra y alquiler que ofrecía el mercado libre de la vivienda. Según señalan desde el Observatorio, el pago mensual del alquiler por una vivienda libre se llevaría el 80,2% del salario medio de una persona joven y el importe de la cuota hipotecaria mensual para la compra de una vivienda libre el 65,2%. De hecho, según datos recabados por el Gobierno vasco, alquilar un piso en Euskadi supone de media un desembolso de 711 euros, que se dispara si se pretende vivir en Bilbao (780 euros al mes) o Donostia (911,4 euros al mes de media) la ciudad en la que es más cara la vivienda.
Más viviendas de alquiler
Esta es una de las razones que ha llevado por ejemplo al Gobierno vasco ha intentar ampliar el parque de vivienda social de alquiler y abandonar las promociones de venta de VPO.
Precisamente esta misma semana se ha conocido que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado un acuerdo con el Gobierno vasco para financiar con 48,5 millones de euros de los fondos europeos de recuperación la construcción de 1.140 viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler social en 14 parcelas de Euskadi.
Estas viviendas se repartirán en 11 municipios, y serán ejecutadas directamente Visesa (Vivienda y Suelo de Euskadi S.A.), propietaria del suelo, junto con la propia comunidad. La inversión total prevista en estas promociones es de 173,51 millones de euros.
De ellas, 318 viviendas están previstas en dos parcelas en Vitoria-Gasteiz y otras 102 viviendas se ubicarán en dos parcelas en Amurrio, también en Álava. En Bizkaia, se contemplan 180 viviendas en Sestao, 122 viviendas en dos parcelas en Getxo, 108 viviendas en Barakaldo, 42 viviendas en Santurtzi y 24 viviendas en Sopela. Por lo que respecta a Gipuzkoa, se incluyen 66 viviendas en Hondarribia, 108 viviendas en Zumárraga, 46 viviendas en Orio y 24 viviendas en Urretxu.
La actuación está incluida en el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). A través del programa, dotado con 1.000 millones de euros, de los que ya se han transferido 500 millones a las comunidades y ciudades autónomas, se busca financiar el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública. En 2023 se traspasarán los 500 millones de euros restantes.