La Audiencia Provincial de Álava ha fijado ya la fecha de “liquidación” de la condena de cárcel por corrupción de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés que ingresó en el centro penitenciario de Zaballa, a las afueras de Vitoria, el pasado jueves después de más de trece años de investigación judicial del caso que lleva su apellido, el 'caso De Miguel'. Ese horizonte será el 2 de julio de 2032, según fuentes judiciales. Son exactamente 3.284 días. No obstante, es previsible que a partir de la segunda mitad de la pena se pueda flexibilizar el régimen cerrado actual y que se le puedan conceder permisos y progresiones de grado. Un ejemplo: la condena a Iñaki Urdangarin expira en la primavera de 2024 pero desde hace tiempo hace ya vida normal en Vitoria.
Aunque la condena firme del Tribunal Supremo por haber dirigido una trama de cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales o manipulación de adjudicaciones públicas es superior a los doce años, era ya conocido que el máximo de cumplimiento efectivo rondaría los nueve años. En concreto, es el triple del más alto de cada uno de los delitos individuales que componen el sumatorio de penas. Se trata, específicamente, de los tres años impuestos por haber orquestado una “asociación ilícita” y que con tanto denuedo intentó neutralizar su defensa durante el juicio.
El tribunal aún no ha preparado las fechas de liquidación de los otros dos excargos del PNV encarcelados por el mismo sumario. Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, lleva preso desde mayo y Koldo Ochandiano, también dirigente del PNV alavés, entró el pasado miércoles. Ambos ocupan también una celda en Zaballa. Sánchez Robles y Ochandiano tienen una pena total similar, superior a los siete años, pero en el caso de Ochandiano son seis de cumplimiento máximo, sin que el exresponsable de Juventud pueda acogerse a un cálculo más favorable en aplicación del precepto penal conocido como “el triple de la mayor”. Está pendiente de ingresar en prisión Aitor Tellería, otro exmiembro de la dirección provincial peneuvista, aunque en su caso ha alegado problemas de salud y la Fiscalía ha pedido “aclaraciones” ante un informe forense que, en principio, le permitiría evitar la entrada efectiva.
Por otro lado, coincidiendo con su encarcelamiento, De Miguel devolvió también al juzgado 186.488,89 euros. En enero ya consignó otros alrededor de 145.000 euros de manera solidaria con otros cinco condenados de la trama. Por aquel entonces, uno de los argumentos del entorno del expolítico era que el caso se reducía a “apenas 20.000 euros”, por lo que eran exageradas las penas de prisión. Era la división entre seis de esa parte del dinero devuelto, que se correspondían exclusivamente con el fraude vinculado a Juventud y no al conjunto de delitos comprobados. Sin contar las costas, las responsabilidades económicas que aparecen en la condena de De Miguel (responsabilidad civil, multas y demás) suman 686.215,22 euros. A ello tendrá que sumar la minuta de su defensa, liderada por Gonzalo Susaeta de Cuatrecasas hasta la sentencia firme y en esta fase final en la que ha intentado evitar la cárcel por la penalista bilbaína Estefanía Rojo.
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