38 altos cargos del Gobierno vasco han recibido compatibilidad para actividades como la docencia o ser concejales

El Gobierno vasco ha proprocionado en los últimos meses autorización a 38 altos cargos actuales -de un total estimado de unos 480- para realizar otras actividades al entender que no suponen un conflicto de intereses. Muchos de ellos son profesores o imparten conferencias, pero también hay quienes simultanean su puesto en el Ejecutivo con ser concejales en sus municipios de origen. Entre los nombres más conocidos de la lista está el director general de EiTB, Andoni Aldekoa, la máxima responsable de Osakidetza, Susana López Altuna, o la asesora y dirigente del PNV Miren Martiarena.

El Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, dirigido por María Ubarretxena, ha actualizado en las últimas horas el fichero sobre las compatibilidades de los altos cargos. Como ocurría con otros indicadores de transparencia, era una información que llevaba meses sin ser publicada. Por ley, el Ejecutivo está obligado a controlar estas actividades, como también vigila los posibles conflictos de intereses de los que dejan su puesto en los dos años siguientes a su cese. Esto segundo sí ha sido publicado recientemente y merced a ello se han dado a conocer situaciones como el salto a empresas privadas de las exconsejeras de Iñigo Urkullu Gotzone Sagardui y Arantxa Tapia. Faltan todavía por ser actualizados otros datos como el número real de altos cargos o los que han tenido que abstenerse en alguna tramitación por algún posible conflicto de intereses o de tipo familiar.

En la lista ahora hecha pública hay 38 personas. Algunas ya no forman parte del Gobierno bien porque lo han dejado ya o bien porque se mantuvieron solamente unas pocas semanas tras la llegada de Imanol Pradales hasta que llegó un sustituto. Otros, en cambio, sí están en sus puestos. Andoni Aldekoa, por ejemplo, pidió poder ofrecer formación en el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Iñaki Alonso, el viceconsejero de Hacienda, también es docente y conferebciante y tiene hasta cuatro autorizaciones. El recientemente fichado responsable de Recursos Humanos de la Ertzaintza, Javier Arrieta, va a continuar dando clases en la Universidad de Deusto, al igual que lo hace en la de Mondragon la directora general del Eustat, Belén Muñiz. El viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz, ha sido jurado en unos premios y la asesora de Prisiones, Inés Soria, tiene doble permiso, una para una publicación y otro para asistir a congresos. La directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, imparte clases de “legislación”.

El último caso revisado es el de Miren Martiarena. Era alto cargo en el equipo de Ubarretxena pero lo tuvo que dejar por ser incompatible con su nuevo puesto en el Euzkadi Buru Batzar del PNV. Inmediatamente fue recolocada como asesora en Educación. Sin embargo, tiene también una autorización para ser concejal en Amorebieta-Etxano. Hay más ediles. Son Miren Itziar Agirre en Urretxu, Aitor Aldasoro en Beasain, Leire Arana en Zarautz, Asier Areitio en Mungia, José María Ezkerra en Portugalete, Imanol Goenaga en Andoain -aunque en su caso ya no está en el Ejecutivo-, Loreto Osa en Pasaia, Noemí Ostolaza en Orio, y Ugaitz Zabala en Leioa. Sara Buesa, directora de Inclusión e hijo del político asesinado por ETA en 2000, es también vicepresidenta de la fundación Fernando Buesa.