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El 49% de los funcionarios de Basauri y Martutene piden irse de Euskadi en puertas del traspaso de Prisiones

Vista de la prisión de Martutene, en Donostia

Iker Rioja Andueza

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A falta de que se conozcan los datos de la mayor cárcel vasca, la de Zaballa a las afueras de Vitoria, el 49% de los funcionarios de las prisiones de Basauri y Martutene, en Bizkaia y Gipuzkoa, ha solicitado el traslado a otros centros penitenciarios gestionados por el Ministerio del Interior, que son todos los de España salvo los catalanes. Son 70 funcionarios de las 169 plazas del centro vizcaíno y 90 de las 155 del guipuzcoano. Este movimiento se produce en vísperas de que este viernes, 1 de octubre, se haga efectivo el traspaso de la gestión de las cárceles al Gobierno vasco, que asumirá también la nómina de los alrededor de 700 funcionarios totales.

Precisamente en este contexto de incertidumbres laborales se ha conocido este lunes que la Administración autonómica ha alcanzado finalmente un acuerdo con el sindicato ACAIP-UGT, que representa al 48% de los trabajadores de Prisiones en Euskadi, para fijar un marco “transitorio” y “excepcional” con las condiciones laborales de los funcionarios desde que se haga efectiva la transferencia y hasta el 31 de diciembre de 2023. Fuentes de esta central indican que “se preservan todos los derechos de horarios, permisos y retribuciones” y que se incluyen algunas mejoras salariales inmediatas con el cambio de ser personal estatal a autonómico, por ejemplo por la aplicación de trienios o por la entrada como beneficiarios de la EPSV Itzarri. También se ha aceptado que los funcionarios con vivienda en los recintos penitenciarios la mantengan hasta que venza su concesión, aunque serán los únicos trabajadores autonómicos con esa prerrogativa.

Entienden en ACAIP-UGT que es solamente una solución para establecer, en un período de seis meses, el modelo definitivo que toca ser construido “desde cero”. “No es el final, sino el principio”, inciden. Esta central explica que es una salida “similar” a la que se estableció con el traspaso del Insalud y la creación de Osakidetza, cuando también hubo un período transitorio de dos años. La central entiende que hay un marco de “estabilidad hasta 2023”, precisamente el momento en el que quienes decidan quedarse podrían optar por presentarse a un nuevo concurso de traslados por haber transcurrido más de dos años del anterior.

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido por la consejera Beatriz Artolazabal y que es competente en materia de Prisiones desde este viernes, ve “prudente” el acuerdo y ha mostrado su satisfacción. Remarcan que “mantiene las condiciones generales” de todo el personal, incluidas algunas ventajas con relación a otros centros españoles que eran propias de Euskadi o las “mejoras salariales en todas las nóminas” por la antigüedad y los trienios. A partir de ahí, destacan que hay un margen hasta 2023 para definir el nuevo modelo con detalle.

En las conversaciones para la aplicación del traspaso de Prisiones al personal no participan sindicatos minoritarios específicos del sector, como CSIF y otros de menor tamaño, y LAB se descolgó igualmente. ELA y CCOO sí han estado en las mesas que se han ido convocando desde agosto, pero ninguno se ha sumado al pacto que sí ha suscrito ACAIP-UGT. En un comunicado, ELA ha denunciado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu haya definido el modelo con una central que, en el conjunto de la Administración, solamente tiene un peso del 15%. “Una vez más, el Gobierno vasco firma un acuerdo en minoría sin respetar los más elementales principios democráticos ni las mayorías legítimamente elegidas por los trabajadores públicos”, ha lamentado la central abertzale, quitando valor a la posición mayoritaria en el ámbito concreto de aplicación. Denuncia también ELA que el Gobierno defienda un modelo de Prisiones “propio, más moderno y humano” para Euskadi tras la transferencia mientras “da continuidad al modelo estatal e hipoteca el cambio”. Sostiene este sindicato que no se contemplan OPE para ampliar plantillas y que “no incluye un plan de euskaldunización y de igualdad” o programas de formación.

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