Absuelven de las acusaciones de sabotaje a ambulancias de Osakidetza a un trabajador despedido y detenido

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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Un juzgado de Bilbao ha absuelto a un trabajador de las acusaciones de sabotaje durante una jornada de huelga a una ambulancia de la empresa adjudicataria del servicio de Osakidetza en Bizkaia y Álava, Grup La Pau. La compañía, que despidió a esta persona, denunció que este empleado había pinchado las ruedas de una unidad en Bilbao. Llegó a ser detenido por la Ertzaintza. Ahora, la magistrada de Bilbao Rosa Serreta Pesquera ha dictaminado que las grabaciones no son concluyentes y que no habido “ningún testigo” que pueda acreditar la participación de este varón en los hechos. Su sindicato, LSB-USO, persigue ahora la readmisión del acusado ya exonerado, aunque él y otros compañeros tienen pendiente otra causa por otra denuncia similar.

Los hechos ahora enjuiciados tuvieron lugar a las 10.10 horas del 9 de octubre de 2023. En el marco de la larga huelga del personal de las ambulancias externalizadas de la Sanidad vasca, la principal adjudicataria, Grup La Pau, constató hasta 300 sabotajes. Ese día –y esto se da por probado– alguien pinchó dos ruedas de una ambulancia en la calle de Clara Campoamor, junto a la base central de la empresa. Los daños se cuantificaron en exactamente 128,26 euros y se pedía su abono y otra multa de 480 euros.

Un representante de Grup La Pau presentó una denuncia penal contra un afiliado de LSB-USO al entender que era el autor de los daños. La Fiscalía secundó esta tesis. Además, el denunciado fue despedido por el mismo razonamiento. Ahora la magistrada reseña que los hechos no son un delito, ni siquiera uno leve, el tipo penal para casos valorados en menos de 400 euros. “El denunciante no fue testigo de los hechos y declara que ha identificado al supuesto autor por unas imágenes”, argumenta. Pues bien, “en la reproducción de las imágenes” sí “se observa a un varón que se acerca al pasar una ambulancia y se agacha” pero “se desconoce” su identidad. Es más, la resolución judicial recalca que, incluso dando por hecho que quien aparece ahí fuese el acusado, “todo lo que se aprecia es eso”, que se agacha, no que pinche las ruedas. “Dicha prueba no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al denunciado”, concluye.

“Una represalia contra el sindicato”

Grup La Pau y la Fiscalía podrían recurrir en apelación el fallo, que no es firme. El sindicato del afectado, LSB-USO, denuncia que “ha habido más despidos porque ha habido más denuncias” y cree que todas ellas son igual de endebles. “Entendemos que ha habido una represalia clara contra el sindicato. Hay una persecución sindical”, defienden desde esta central. La compañía piensa justamente lo contrario, que son ellos los que son víctimas de una persecución de los sindicatos, que denuncian “cualquier cosa”, como verbalizó en una entrevista con este periódico el vicepresidente y director financiero, Jordi Alonso.

Grup La Pau gestiona tanto el servicio de ambulancias urgentes como programadas de Osakidetza de Bizkaia y de Álava. En Gipuzkoa la adjudicataria es Ambulancias Gipuzkoa. La compañía vive una situación crítica. En sus propias palabras, está en puertas de una “quiebra técnica” y ha visto cómo quedaba anulada la actualización del contrato de las ambulancias programas tras un recurso de UGT y por haber recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo. Sí tiene en vigor un nuevo contrato en la red urgente desde el pasado verano. Ahora, Osakidetza deberá volver a evaluar la situación de la compañía antes de repetir de la adjudicación. Técnicamente, es posible que Grup La Pau vuelva a recibir el contrato pero, entretanto, mantiene prorrogado el anterior y plantea recortes salariales para solventar sus pérdidas millonarias.

elDiario.es/Euskadi

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