Los acusados de abusar de menores en Álava insisten hasta el final del juicio en que no conocían su edad

El juicio por el denominado 'caso Sansoheta', en el que se investiga a un grupo de diez adultos por corrupción de menores y abusos sexuales continuados a media docena de adolescentes, en su mayoría tutelados por la Diputación de Álava, ha quedado este lunes visto para sentencia después de una semana de vistas en la Audiencia Provincial. Cuatro de los varones ya saben que serán condenados al haber admitido los hechos tras un pacto con la Fiscalía y las otras acusaciones para ver rebajada su pena, que oscilará entre uno y 13 años de prisión en función de la gravedad de sus prácticas. Los otros seis, en cambio, han mantenido hasta el final la estrategia de que no conocían la edad de sus parejas, por lo que presuponían que eran mayores de edad. Se exponen a penas de entre 14 y 34 años de cárcel -según el criterio del ministerio fiscal- o de entre 30 y 47 años -a la luz de las conclusiones de la asociación Clara Campoamor-. Además, han intentado hacer ver que “lo más traumático” para los adolescentes han sido el “trato judicial” y los medios de comunicación.

Las acusaciones no solamente no han acabado convencidas de las declaraciones de los seis acusados que no han confesado -llenas de imprecisiones e incoherencias, aunque es derecho reconocido el de cualquier imputado el de no contestar e incluso mentir- sino que incluso han entendido que las pruebas conocidas en el juicio invitan a endurecer las peticiones de cárcel. En el caso de la Fiscalía, ha subido la calificación al militar procesado, natural de Pamplona y que llegó a alquilar un piso en Vitoria para abusar de un menor. El letrado de Clara Campoamor, José Miguel Fernández, ha endurecido el criterio con todos los acusados. Durante el juicio, Fernández también ha venido repitiendo a los medios de comunicación su deseo de estudiar posibles acciones contra la Diputación, entidad que tutelaba a buena parte de las víctimas, por una supuesta responsabilidad 'in vigilando'. Esta institución -a través del denominado Consejo del Menor, que ha contratado a una abogada externa- estaba personada también en el proceso como acusación y se ha adherido a las conclusiones de la fiscal, Carmen Cotelo, que es además la máxima representante de la Fiscalía en Álava. Su último alegato ha durado más de dos horas.

Cotelo ha insistido en que los acusados ni siquiera tuvieron la precaución de pedir el DNI a sus parejas. Ha recalcado que por su aspecto eran “críos” y ha remarcado que constan sus fotografías en el sumario. Las víctimas más jóvenes tenían 13 años y uno de los que los procesados quieren hacer pasar como adulto no pasaba de 15 en 2016, cuando estalló este caso. En el sumario aparecen también conversaciones de móvil entre adultos y adolescentes que, a criterio de las acusaciones, son esclarecedoras.

Antes del trámite de conclusiones, el tribunal -compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo- ha escuchado a un grupo de cuatro peritos, que han trazado un perfil victimológico de los menores, ahora ya mayores de edad. El abogado de uno de los que se sientan en el banquillo ha querido enfatizar sobre una de las víctimas en concreto -el que tenía 15 años en 2016- que “él niega situaciones de abuso, violencia o intimidación” y que “empatizaba” con los acusados por que “él les había dicho que tenía 18 años”. Los testigos, en cambio, han remarcado que era imposible una relación “de igual a igual” entre los menores y los adultos. “Había una asimetría clara”, han subrayado. Y han añadido: “Creen que son capaces de poner límites a las personas que les agreden. No se sienten agredidos”.

Otra defensa ha tratado de establecer que no tenían el perfil habitual de un menor abusado sexualmente. Los expertos han cortado esta argumentación dejando claro que cada víctima es diferente y que perfectamente podrían aparecer las consecuencias de las agresiones dentro de unos años cuando mantengan otras relaciones. “No se sabe si más adelante esto puede generar alguna quiebra. Una violencia traumática puede evolucionar de muchísimas maneras. Y después de años, que pueden ser muchos”, han manifestado.

Finalmente, otro abogado se ha permitido afirmar que “lo más traumático” para unos jóvenes presuntamente abusados de manera continuada por su cliente ha sido el “trato judicial” y el “acoso de los medios de comunicación”. Ya en el arranque del juicio se pretendió anular parte de las pruebas porque, supuestamente, los investigadores habían accedido a los móviles de los jóvenes y les habían tomado fotografías contra su voluntad. La Fiscalía, que se ha percatado de esta línea de defensa, ha enfatizado que es posible que no se sintieran víctimas y quisieran colaborar pero dando a entender que eso no minimiza lo ocurrido.