El Batallón Vasco Español (BVE), organización terrorista parapolicial de extrema derecha, asesinó en 1980 en Donostia a la adolescente de 16 años María José Bravo del Valle e hirió gravemente a Francisco Javier Rueda Alonso, de su misma edad. Eran pareja. Ella, además, fue apartada antes del crimen y sufrió una violación previa. Aunque el BVE es una organización terrorista y reivindicó el doble atentado, la Justicia nunca reconoció a estos jóvenes como víctimas. Ahora, en aplicación de la ley autonómica de violencia policial que amplía el perímetro de la de las víctimas del terrorismo, ambos serán reconocidos institucionalmente y, por vez primera, sus familias podrán acceder a una indemnización, que es de 135.000 euros en casos con resultado de muerte.
“Ambos habían sido hasta ahora excluidos de la legislación que ampara a las víctimas del terrorismo porque la Justicia, en vía administrativa, consideró que en su caso no queda acreditada la autoría de los hechos por grupo o banda armada que actuase con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Este argumento ignora, de manera incomprensible, que la muerte de M.J.B. fue reivindicada en su momento por el Batallón Vasco Español, y que posteriormente se han producido numerosas actuaciones y pronunciamientos institucionales de reconocimiento de ambos como víctimas de violencia de motivación política”, señala la comisión adscrita al Gobierno que analiza estos casos.
Bravo del Valle y su pareja formaban parte de los listados de víctimas “del terrorismo” tanto de Donostia como de organizaciones como Covite. Un informe de 2008 del Gobierno vasco señalaba que de 74 atentados del BVE u organizaciones similares (AAA, GAE, ANE) apenas 33 tuvieron una investigación judicial y aún menos, 17, una condena firme. Sostiene la comisión que “las familias afectadas han perdido toda esperanza de que se pueda hacer Justicia en este caso, también la de llegar a saber qué paso realmente y quién o quiénes fueron los culpables”. Y se añade: “La comisión considera que, en el caso de M.J.B., su condición de mujer la expuso a un riesgo particular y diferenciado, traducido en la referida violación, y que los actos de violencia sexual en contra de la joven también constituyeron actos de tortura física, sexual y psicológica”.
La comisión ha entregado su informe anual al Parlamento este jueves y explica que, en total, 66 nuevas víctimas serán reconocidas, con las que se eleva a 145 el recuento total. De las nuevas, nueve fueron asesinadas, ocho salieron del ataque o atentado con lesiones graves, 49 sufrieron torturas y 13 fueron amenazadas. Entre los primeros, además de Bravo del Valle se encuentra, como ya publicó este periódico, Joxi Zabala. Él y Joxean Lasa, que con toda probabilidad será reconocido en un próximo informe, fueron las primeras víctimas de los GAL, un crimen del que este mes se han cumplido 40 años. Nunca habían tenido tampoco la consideración de víctimas del terrorismo al ser miembros de ETA. Recibirán 135.000 euros igualmente, la indemnización prevista en la ley de 2016.
El informe sobre este caso recuerda el secuestro en Baiona, las torturas en Donostia, el traslado a Alicante y el enterramiento en cal viva. Los cadáveres aparecieron en 1995, doce años después de estos hechos. Y se menciona igualmente la “dolorosa” actuación de la Ertzaintza en el cementerio a la llegada de los cuerpos. De hecho, esta tanda de víctimas incluye también una víctima de la Ertzaintza al igual que las ha habido de la Guardia Civil o de la Policía Nacional y, desde luego, de los cuerpos policiales de la dictadura. De hecho, hay un buen número de casos de violencia policial del franquismo reconocidos ahora mediante esta ley. Sí se menciona que una persona entre las fallecidas -de lo que no se dan detalles- ya había sido reconocida antes como víctima no en aplicación de la normativa sobre terrorismo sino por la de memoria histórica.
Se apunta en el informe que “el importe indemnizado a la totalidad de las víctimas durante este periodo ha sido de 1.614.007,02 euros, de los cuales 183.328,64 euros han sido indemnizados a las víctimas de tortura, 1.080.000 euros a ocho de los fallecidos -en uno de los casos la familia de la víctima ya había sido indemnizada por la Ley de Memoria Histórica-, y el resto de las víctimas, es decir, los heridos de bala, bote de humo, pelota de goma, u otros tipos de golpes, han sido indemnizados con 350.678,38 euros”. La comisión no oculta la existencia de dificultades para completar las investigaciones requeridas hasta la resolución de las solicitudes y citan, particularmente, la cerrazón de los archivos militares. Su actitud es “especialmente obstativa”, se valora.
Esta normativa surgió entre la polémica y los recursos judiciales ya que se interpretaba desde la derecha que buscaba crear una nueva categoría de víctimas “del Estado” para generar un relato de equidistancia entre ETA y otras violencias. De hecho, hubo un movimiento deliberado de boicoteo ya que 473 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y otras 50 víctimas de ETA o de su entorno plantearon solicitudes para acogerse también a esta ley.
Ello ha tenido un “impacto muy negativo” en el trabajo de la comisión. Se están necesitando prórrogas al período de dos años que, en principio, se promete a las víctimas como razonable para resolver sus casos. Se estima que se tardará del orden de “seis u ocho años”, hasta 2030, para atender todas las peticiones. Ahora mismo, hay una “creciente” demanda de casos posteriores a 1978, es decir, del período democrático. “[La comisión] No es capaz de tramitar eficazmente un número suficiente de expedientes que permita vislumbrar la resolución en tiempo y forma de las peticiones hechas. Que la respuesta de reconocimiento se pueda alargar durante años y años no resulta una situación sostenible desde el punto de vista legal, pero, tampoco, desde un punto de vista ético o político. Este es un tema que puede comprometer gravemente la credibilidad y la función reparadora que la comisión y este mecanismo legal deben ser capaces de ofrecer respecto de las víctimas y sus derechos”, se puede leer en el documento, en el que igualmente se plantea una reforma del marco de indemnizaciones, particularmente para mejorar la compensación a personas torturadas.
Los datos muestran que 13 de las 66 víctimas eran de alguna de las ramas de ETA (pm, m o diferentes asambleas), que tres más eran familiares de miembros de ETA y que nueva estaban “acusadas” de “colaborar” con los terroristas. El resto eran desde sindicalista de CCOO o LAB, militantes del PCE o de otros partidos de izquierdas o también tres de EGI, las juventudes del PNV. Pero incluso hay una docena “sin afiliación política conocida”, asistentes a mítines o manifestaciones o incluso una persona que simplemente “guardaba una ikurriña en el trabajo”.
El documento entregado al Parlamento será presentado en la propia Cámara este lunes. Después, este martes, el Gobierno vasco ha organizado un acto institucional solemne en el Kursaal de Donostia para reconocer públicamente a las 66 nuevas víctimas. “Desean una simetría con el reconocimiento que desde el Estado se hace a las víctimas del terrorismo y sus familiares, en relación a indemnizaciones, ayudas por trabajo, asistencia psicológica, etcétera, algo que ellos nunca recibieron. Consideran injusta esa diferencia ya que su dolor y sufrimiento es simétrico al de esas otras víctimas”, se recoge como sentir generalizado de las familias en el informe.
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