La denunciante del caso De Miguel recibió una inspección fiscal tres días antes de ratificar en el juicio sus acusaciones

El 5 de marzo de 2018, hace casi cinco años, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi acudió al juicio del 'caso De Miguel', que duró todo un año, a ratificar su denuncia contra el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, al que acusaba de haberle intentado cobrarle una comisión de 100.000 euros por mediar en la adjudicación de un contrato público. “Mi denuncia no gustó a nadie. Existen venganzas desde el principio hasta casi el día de hoy”, declaró bajo juramento. Estas palabras se interpretaron como que había quedado vetada para acceder a nuevos contratos con la Administración, como así era y como así ha seguido siendo, salvo por unos trabajos con un organismo del PSE-EE. De hecho, explicó que una “persona política” que no identificó -aunque era del PNV- le había recomendado que no se molestara en preparar concursos. Pero esos comentarios tenían también otra razón de ser: tres días antes, el 2 de marzo de 2018, se le había comunicado el inicio de una inspección fiscal, según indican fuentes judiciales.

La inspección fue ejecutada por la Hacienda de Bizkaia. Se da la circunstancia de que este organismo estaba personado en el 'caso De Miguel' como una de las acusaciones por los delitos fiscales de las operaciones opacas de la trama, ya que algunas de las mercantiles implicadas tenían domicilio fiscal en ese territorio foral.

“Me metí en esto por convencimiento de Justicia y quizás debería haber reflexionado más las consecuencias”, dijo también en aquella sesión. Incluso antes de denunciar, al empezar a preguntar a su antiguo socio, el constructor afiliado al PNV Jon Iñaki Echaburu, si había pactado alguna letra pequeña con el político por la adjudicación, que era en el parque tecnológico de Miñano, en Vitoria, le rescindieron algunos contratos y su padre fue llamado al orden por De Miguel. “Cuando me dijeron la cantidad, 20 millones de pesetas, casi me desmayo”, declaró Juan Antonio Alberdi, igualmente militante de la formación 'jeltzale'.

En todo caso, Alberdi ratificó punto por punto el relato que trasladó allá por diciembre de 2009 a la Fiscalía de Álava y que fue el germen de una investigación que mostró que lo de Miñano no era un caso aislado. De Miguel cobró mordidas en otras operaciones e incluso tenía una empresa pantalla a nombre de su mujer y de las esposas de otros dos dirigentes del PNV alavés, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. “Me llama soberanamente la atención que eso [pedir comisiones ilegales] se haga vía 'email' y en sitios oficiales. Me sorprende esa alegría… De ahí mi temor. Si esto era tan fácil de hacer no sería la única a la que se le había hecho”, explicó sobre la petición que se le hizo para que 'pasara por caja'. “Si alguien lo denunciaba yo podía estar sentada ahí atrás [por el banquillo de los acusados]”, manifestó también.

En estos años, no se ha ocultado que ha tenido también consecuencias físicas y mentales. “Mi hija entró en tratamiento después de que empezó este lío. Perdió 20 kilos y hoy es el día en que está tomando ansiolíticos y demás”, manifestó su padre en sede judicial. Uno de sus objetivos ha sido siempre el de proteger su imagen. Solamente se ha publicado una fotografía de ella, al poco de iniciarse la investigación. Demandó y ganó a 'El Mundo' al entender que se invadió su intimidad. En el juicio, declaró sin que se permitiera a la prensa tomar señal de imagen, aunque sí al resto de la ciudadanía, con acceso a la sala de vistas. Alberdi nunca ha tenido la consideración oficial de víctima y, de hecho, uno de los pocos delitos apreciados por la Fiscalía que no se dieron por probados en el juicio fueron las coacciones hacia ella. El tribunal consideró que no hubo “especial presión”, es decir, que las peticiones no incluyeron un componente de violencia.