El diputado general de Álava, Ramiro González, cree que alguno de los proyectos fotovoltaicos que la empresa Solaria tiene planteados en el territorio alavés “tienen un camino muy difícil por delante y, probablemente, no prosperarán”. O no lo harán al menos tal y como han sido diseñados por la empresa, por tener “afecciones medioambientales y urbanísticas”, ha señalado. Estos proyectos han levantado una fuerte contestación entre los agricultores alaveses y entre movimientos sociales, que el pasado sábado llevaron a cabo una multitudinaria manifestación en Vitoria por considerar que “ponen en peligro la vida rural”.
Durante el pleno de control en las Juntas Generales de Álava, y como respuesta a una interpelación de EH Bildu, el diputado general ha dicho “no querer adelantarse a los informes y a la tramitación de los procedimientos” pero lo ha hecho. Textualmente, ha señalado: “Del conocimiento de los proyectos sacamos ya, desde este momento, la conclusión que difícilmente en esas condiciones van a prosperar”.
Precisamente la inacción de Diputación de Álava respecto a estos proyectos que pueden tener importantes afecciones sobre tierras de cultivo y las críticas al diputado general por esta cuestión fueron una constante entre las consignas de los manifestantes del sábado. De hecho, en el manifiesto que se leyó al término de la manifestación se habla de un “saqueo” al territorio por parte de las empresas que se lleva a cabo con “la ayuda inestimable de las actuales instituciones”. En este sentido, criticaban “la política errática” del diputado General de Álava, Ramiro González, “cuando una semana hace unas declaraciones y a la siguiente lo contrario”. O el “más absoluto desprecio por la vida rural” manifestado por la diputada de Medio Ambiente y Agricultura, Amaia Barredo, que fue viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco, ya que “muestra interés exclusivamente por aquellos proyectos y operaciones en las que se pueden tener réditos económicos y al mismo tiempo desprecia sus afecciones”, decían.
Este miércoles González ha querido ponerse del lado del primer sector y de los críticos contra el proyecto de expansión de las fotovoltaicas en Álava al criticar que se esté llevando a cabo la autorización de proyectos sin que el PTS -Plan Territorial Sectorial- de renovables esté aprobado. En este sentido, el diputado general de Álava ha señalado que trasladará al Gobierno vasco que “considera urgente la aprobación del Plan Territorial Sectorial de energías renovables”. “Esta debe ser una de las tareas prioritarias que aborde el Gobierno vasco nada más se conforme, con el objetivo de poder disponer de una herramienta de planificación que defina un mapa de renovables”, ha manifestado.
La empresa Solaria ha solicitado autorización para tres nuevas instalaciones que sumarán 373 hectáreas y 310.000 placas fotovoltaicas. Cada instalación -Solaria Zierbena Solar 2, 3, y 4- tendrá una potencia de 49,8 MW con 103.432 placas solares y ocupará unas 100 hectáreas distribuidas en los municipios alaveses de Vitoria, Ribera Baja, Zigoitia, e Iruña de Oca. Estas plantas precisarán de una línea de alta tensión para llevar la energía desde los parques fotovoltaicos proyectados en Álava hasta la subestación eléctrica de Zierbana en Bizkaia. Estos tres parques, que han sido la gota que ha colmado la paciencia de los vecinos, se unirán a otras dos instalaciones de esta misma empresa que ya disponen de autorización y que podrían empezar a construir en breve: Vitoria 1 y Vitoria 2 de 100 MW de capacidad total, situadas en Arrazua-Ubarrundia, Elburgo y Vitoria, con 90.000 paneles cada una.
Por mucha prisa que se dé el nuevo Gobierno de Imanol Pradales en aprobar el PTS, es muy probable que la autorización de estos parques se produzca antes de que el PTS tenga el visto bueno definitivo. Después de múltiples retrasos el plan se encuentra atascado tras recibir más de 4.000 alegaciones por parte de Diputaciones, Ayuntamientos y diferentes colectivos ecologistas y sociales. En el mes de mayo el Ejecutivo de Iñigo Urkullu estaba aún en el análisis de esas alegaciones y no había entrado aún en la fase de respuesta, por lo que es de esperar que aún le quede un gran recorrido para su aprobación.
Esta ha sido una crítica constante desde la oposición al Gobierno y también desde los colectivos críticos con la forma en la que se están distribuyendo los proyectos de renovables: Que se están tramitando permisos para nuevos parques eólicos o solares sin que se cuente con un PTS que defina bien las ubicaciones. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Arantxa Tapia, siempre se ha defendido de las críticas argumentando que el hecho de que no existiera un PTS específico no significaba que se estuvieran aprobando las ubicaciones de las futuras instalaciones sin atenerse a ningún tipo de regulación. El borrador de PTS que aprobó el Gobierno define 110 posibles ubicaciones, la mayor parte en Álava y en Bizkaia.
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