El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha esquivado numerosas preguntas de todas las formaciones de la oposición local (EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos) en relación a las polémicas adjudicaciones 'a dedo' al grupo Montai, empresas propiedad de un miembro del PNV y relacionadas con la carpa itinerante del proyecto Plaza de la Memoria, impulsado por el Instituto de la Memoria (Gogora) y que recaló en abril de 2016 en Vitoria. Urtaran, que ha comparecido este miércoles en una comisión municipal, ha repetido que todo se hizo de un modo “legal” y ha optado por achacar a EH Bildu sus vínculos con ETA y en particular con el denominado 'impuesto revolucionario' y por sacar a relucir los casos de corrupción del PP en España y algunos expedientes de su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria.
En síntesis, la exposición itinerante Plaza de la Memoria -que muestra testimonios de víctimas de la violencia- recorrió una veintena de localidades vascas entre 2016 y 2019. Ese primer año pasó por ocho y todas ellas cofinanciaron los gastos. Las empresas del 'jeltzale' Aitor Elorza han gestionado la carpa en régimen de exclusividad. Ese primer año, Gogora y las instituciones locales por donde pasaba contrataban por separado al mismo grupo empresarial. En el caso de Vitoria, el coste total se partió en seis adjudicaciones de modo que ninguna por separado superase el máximo de 18.000 euros que impide tramitar el expediente sin concurso.
La “gestión” de la exposición fue contratada a Denok (2.173,46 euros para Vitoria dentro de un contrato para cinco ediciones), Montai recibió la encomienda del “montaje y desmontaje” (un paquete de ocho exposiciones a 2.616,63 euros cada una), Kultur Kirol Zerbitzuak se encargó del transporte y almacenaje del material (2.344,29 euros por cada una de ocho muestras) y a Estali La Karpa le correspondió el alquiler de la carpa (22.263,5 euros). Este último servicio, a su vez, se partió en tres: la lona (11.979 euros abonados por la Diputación), la tarima (5.979,50 euros pagados por el Ayuntamiento) y los contrapesos (4.295 euros, sufragados por el propio Instituto de la Memoria).
Urtaran se ha limitado a señalar que la parte correspondiente al Ayuntamiento es “absolutamente legal” y que el interventor dio su visto bueno a la contratación. Ha indicado que en aquella época no conocía a las empresas implicadas y, además, ha aludido a la “solvencia” y a que “constaba” la “experiencia” de Estali La Karpa, si bien era una compañía de nueva creación -cuatro días antes de que naciera Gogora- y en aquella época no tenía trabajadores. “Se ha gestionado de forma escrupulosa”, ha querido resumir el alcalde.
El regidor del PNV ha dejado sin contestar algunas preguntas de EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos, tales como los motivos de una ausencia de un convenio que detallase el modelo de financiación de la exposición y el por qué del troceamiento de las diferentes facturas. Tampoco ha indicado de quién partió la propuesta de contratar al grupo Montai. Otros municipios como Eibar o Arrasate-Mondragón han confirmado que fue a iniciativa de Gogora, cuya directora, Aintzane Ezenarro, se ha negado a comparecer en el Ayuntamiento alegando que sólo se somete al control del Parlamento. La oposición ha afeado a Urtaran que haya valorado la factura como algo “aislado” y no como parte de un todo, el proyecto Plaza de la Memoria, que ha costado a las instituciones vascas más de 600.000 euros.
El PP, a la Fiscalía
El alcalde ha considerado que “es un asunto menor” y que el Ayuntamiento no debería perder el tiempo en debatir sobre ello cuando hay temas de “seguridad o servicios sociales” que tendrían que ocupar las agendas de la oposición. Acto seguido, ha atacado a EH Bildu y PP por denunciar irregularidades. Si Miren Larrion (EH Bildu) había destacado los vínculos del PNV con las empresas de Montai, Urtaran ha ironizado que lo “difícil” es hallar empresarios con vínculos con la izquierda abertzale “teniendo en cuenta la trayectoria contra las empresas y los empresarios” y la extorsión para pagar a ETA y evitar secuestros o asesinatos. Ha repetido el argumento en dos ocasiones. Y al PP le ha afeado casos de corrupción en España como la Gürtel e incluso facturas de su última legislatura en el poder en Vitoria (2011-2015). Ha presentado, por ejemplo, un contrato fracturado del año 2012 y ha criticado duramente el procedimiento, dando indirectamente por ciertas las afirmaciones que aseguran que ésa es una práctica ilegal aunque formalmente la cuantía de cada trozo permita formalizar una contratación 'a dedo'. Para Elkarrekin Podemos no ha tenido críticas de esa naturaleza.
Airadas, las portavoces de EH Bildu y PP han pedido amparo al presidente de la comisión municipal, Miguel Garnica (PP), que les ha dado la posibilidad de réplica. En ese turno, la 'popular' Leticia Comerón ha anunciado que su partido acudirá a la Fiscalía con los contratos a Montai, y no sólo con los relativos a Vitoria. “Está nervioso y no ha contestado a nada”, ha concluido. Larrion también ha interpretado que las acusaciones “gruesas” del PNV sólo se pueden explicar porque “se ha tocado hueso” con este tema. Y ha advertido: “Factura 'a dedo' que se haga a Montai, comparecencia que le pediremos”. Oskar Fernández (miembro de Equo dentro de la coalición Elkarrekin Podemos) ha lamentado también las explicaciones no ofrecidas y el “tufillo de clientelismo” de este tema. El PSE-EE es socio del PNV en Vitoria y en el Gobierno vasco -además de en otros ámbitos institucionales- y ha optado por quedarse de perfil. Borja Rodríguez ha leído una intervención genérica que tenía preparada sin ni una sola alusión al tema objeto de debate.
Durante la comisión, han salido a relucir también los otros contratos de Montai con el Ayuntamiento de Vitoria. Desde 2019 han sido recurrentes las adjudicaciones. Por un lado, la compañía ganó un concurso para gestionar los actos deportivos más importantes pero, por otro, ha sido contratada de manera directa para otros eventos como la Final Four -10.000 euros por una cuenta atrás y un acto relacionado con el baloncesto- o incluso para organizar ruedas de prensa del alcalde. Por un error “dado el volumen de trabajo administrativo” se ha dado de baja en los últimos días una factura duplicada de compra de camisetas (620 euros). Ambas contrataciones fueron de hace un año.