En España y en Europa hay una coincidencia en que para salir de la crisis se necesita contar con un sector industrial potente. Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, se vuelve a poner de perfil. Almunia, español y miembro del PSOE, tiene sobre su mesa un borrador de resolución que podría hacer desaparecer la construcción naval en España y su industria auxiliar asociada. En total, 87.000 trabajadores españoles y sus familias pasarían a engrosar la abultada lista del paro.
Almunia tiene ya prácticamente decidido recuperar en torno al 95% de las ayudas que bajo el sistema de 'tax lease' se concedieron en España. El comisario se ha olvidado de argumentos jurídicos y ha dado la razón al 'lobby' holandés en una guerra comercial entre Estados miembros de la Unión Europea. Va a decidir aplicar a España una regla diferente a la que aplicó a Francia que, tras declarar ilegales las ayudas, no obligó a devolverlas en 2006.
Almunia se ceba con el sector naval español en una decisión que probablemente suponga en primer término la desaparición de la construcción naval en España y, en segundo, en el resto de la UE. Europa vive una guerra comercial con denuncias cruzadas. Holanda, que inició la guerra, está ahora también siendo investigada por la Comisión tras una denuncia desde España. Los únicos beneficiarios de esta guerra son los astilleros asiáticos de Corea y China, que se están haciendo con toda la construcción naval. El Faro de Vigo publicó ayer que Almunia está sopesando la devolución de todas las ayudas posteriores a 2005, lo que implique más del 95% de las concedidas.
España cuenta con 19 astilleros privados, en su mayoría altamente competitivos y concentrados en Galicia, Asturias y País Vasco fundamentalmente, que se verán forzados a cerrar si hay que devolver las ayudas. Estos astilleros agrupados en Pymar han colaborado con la Comisión y con el Gobierno de España aportando toda la documentación necesaria e intentando basar su defensa en los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Han presentado precedentes, tanto de 2004 como de 2009, en los que se dejó claro que la Comisión Europea conocía el sistema español y no lo cuestionó sino que lo validó. Nada de esto parece haber servido a un comisario que ha cedido ante el 'lobby' naval holandés.
Cualquier reclamación de la Comisión contra los armadores que contratan los buques y los financiadores de las operaciones es un dardo mortal al sector. Si la Comisión va contra los financiadores -como se ha justificado preventivamente Almunia- se hará inviable que el sector disponga de crédito para contratar y seguir construyendo. En todo caso, con su decisión la Comisión puede crear un clima de inseguridad y espantar a todos los financiadores y armadores. Fuentes del sector aseguran que “el Comisario plantea una decisión con apariencia de neutralidad, que hunde definitivamente al sector español”.