En el mapa municipal vasco, Alonsotegi (Bizkaia, 2.900 habitantes) ha emergido en los últimos años como la localidad más afectada por investigaciones judiciales vinculadas a posible corrupción. Tres exalcaldes, todos ellos del PNV, fueron imputados en otras tantas causas. Son Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), Aitor Santisteban (2007-2011), en su caso por partida doble, y José Luis Erezuma (2011-2015). En este último caso, todas las actuaciones contra él se han archivado por su reciente fallecimiento como consecuencia de una enfermedad. El dato es aún más llamativo si se tiene en cuenta que el municipio como tal nació en 1991 como una escisión de Barakaldo. En las elecciones de 2019, en la localidad natal y muy querida del lehendakari, Iñigo Urkullu, ganó EH Bildu, una formación que ha formulado varias denuncias en los tribunales sobre las irregularidades que ha ido detectando. Pero el único concejal socialista, no sin tensión, mantuvo la alcaldía en manos del PNV. El regidor actual, Joseba Urbieta, aspira a la reelección.
1 - Alonsotegi Eraikiz, el origen
El primer alcalde investigado es Gabino Martínez de Arenaza, regidor ente 1999 y 2007. Esta pieza sigue en fase de investigación y afecta también a Aitor Santisteban, su sucesor. Según fuentes judiciales, este mes de marzo habrá declaraciones de testigos en un juzgado de Barakaldo. Entre los citados -con obligación de decir la verdad- se halla el letrado Guillermo Ibarrondo. Está convocado por un correo electrónico enviado al Ayuntamiento de Alonsotegi sobre un concurso de acreedores de la Inmobiliaria Basaldi. Según recogió 'Gara', en ese mensaje plantea colocar en el concurso un auditor de “confianza”. “[Sería] Con el que habitualmente trabajamos en temas vinculados al Partido [por el PNV]. Un hombre sumamente serio y responsable, trabajará con ahínco en el asunto y hará las cosas bien”, se podía leer. Basaldi es una de las empresas vinculadas a la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, el epicentro de este caso. En 2011 se acordó su liquidación y se valoró su activo en 15,9 millones de euros, aunque el patrimonio real no pasaba de 0,5. Incluso el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, estando presidido por un exdirigente del PNV vizcaíno como José Luis Bilbao, constató la existencia de graves irregularidades. Tras dejar Alonsotegi, Martínez de Arenaza fue durante ocho años alto cargo de la Diputación de Bizkaia y, en la actualidad, trabaja en la empresa privada. Se llama Aurman y es conocida por haber diseñado, allá por 1977, el logo del PNV hasta su renovación en fechas recientes. Santisteban se dedica a la docencia y no ha vuelto a tener cargos institucionales.
2 - Admisión implícita de los hechos
El tercer alcalde investigado fue José Luis Erezuma, en el cargo de 2011 a 2015. Este proceso es el más avanzado, ya que la investigación se cerró hace tiempo y solamente queda pendiente el juicio. Ha tenido varias fechas pero, por diversas circunstancias, se ha ido posponiendo. Erezuma, sin embargo, cayó enfermo y ha fallecido en el arranque de 2023, por lo que queda eximido de toda responsabilidad penal. A principios de 2022, hace ahora un año, se anunció un acuerdo entre los acusados, también Erezuma, y las acusaciones, Fiscalía, EH Bildu y otras. Llegaron a admitir los hechos y comprometerse a devolver el quebranto económico en el que se estimaron las irregularidades, del orden de 680.000 euros más 200.000 en intereses, a cambio de una pena menor que no implicara el ingreso efectivo en prisión. Pero nunca se cumplió el calendario de pagos, se rompió el pacto y las acusaciones retomaron las peticiones de cárcel.
3 - ¿Qué ocurrió en el mandato de Erezuma?
Esta pieza se originó porque, en 2010, se estimó que la sociedad pública municipal Alonsotegi Eraikiz tenía que abonar 1.066.944,01 euros a la constructora Laneder por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud. En octubre de 2011, se abonó menos de la mitad, 450.000 euros. Según las acusaciones, el alcalde, un asesor llamado Alberto Zulueta y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento. Eran certificaciones aparente falsas y el pacto que nunca se consumó confirmaba que así era.
4 - ¿Quién es Zulueta?
Y aquí emerge el tercero de los casos, el del mandato intermedio entre el de Martínez de Arenaza y el de Erezuma. Con Aitor Santisteban se había aplicado este mismo 'modus operandi' de falsificar presuntamente certificaciones como si se hubiesen hecho trabajos para cobrar dinero de otras instituciones y que lo ingresaran constructores. De nuevo consta como figura clave la de Alberto Zulueta, asesor municipal a través de una mercantil llamada Arkideiak. También era colaborador de Martínez de Arenaza y, según las fuentes consultadas, es el nexo común de todos los procesos penales abiertos. Este caso ha visto ya concluida la investigación y, recientemente, se ha conocido que la Fiscalía pide siete años de prisión para Santisteban, para Zulueta y para los constructores beneficiarios, de nuevo Laneder y ahora también Pabisa (más conocida en la actualidad como Campezo). El quebranto estimado aquí es de 2.297.327,22 euros, el resultante de 1.783.009,17 euros de la Diputación de Bizkaia, 230.068,82 y 231.000 euros de sendas partidas aportadas por el Estado y 24.303,10 y 28.946,13 salidos del propio Ayuntamiento.
5 - Las dilaciones indebidas
La petición de la Fiscalía podía haber sido más dura en años de cárcel. Imputa a Santisteban y al resto delitos “continuados” como malversación de caudales públicos. Sin embargo, se recoge ya como atenuante -sin esperar a que lo valore el tribunal que juzgue el caso- las “dilaciones indebidas” en la causa. En caso de que la Justicia sea lenta y tenga retrasos no justificados, se beneficia siempre a los procesados. En Euskadi, las “dilaciones indebidas” han atenuado las penas en la mayoría de casos de corrupción. Así ha sido en el 'caso De Miguel' -cuya denuncia inicial es de 2009 y que aún colea-, en el 'caso Margüello' de irregularidades en la externalización de contratos sanitarios, en el 'caso Balenciaga' en el que se analizó el saqueo del museo de Getaria, o en el caso del exsenador del PNV y exdirector de la Hacienda guipuzcoana Víctor Bravo.
6 - ¿Nadie alertó de las irregularidades?
Sí, hubo alertas internas de las actuaciones en el Ayuntamiento. Un ejemplo: una de las obras consideradas como no ejecutada era la “reforma de los servicios sociales del campo deportivo municipal de Basteita”. Indica la Fiscalía en sus conclusiones que “los referidos servicios sociales eran inexistentes dado que el campo deportivo carecía de ellos” y, además, el Ayuntamiento no tenía la titularidad plena sobre ese recinto para hacer obras allí. Y eso constaba en un informe con “objeciones” emitido en 2009 por la secretaria-interventora. Ocurrió otras ocho veces. Santisteban firmó decretos de continuación de trámites o para el pago de facturas a pesar de los informes contrarios de los funcionarios de control.
7 - ¿Por qué jugársela?
Ello lleva a otra pregunta: si el dinero procedente del Estado o de la Diputación acababa en empresas contratistas, ¿por qué los alcaldes, al menos Santisteban y Erezuma, se jugaban su carrera política y su libertad para hacerlo posible? Andoni Ortuzar, presidente del PNV, afirmó cuando se conoció que los hechos de la legislatura 2011-2015 habían sido admitidos por las personas investigadas que eran una “mala práctica” pero no “corrupción” y lo justificó por el hecho de que “no ha habido enriquecimiento ilícito” por parte de los cargos públicos de su partido. En el caso del período 2007-2011, la Fiscalía sostiene lo contrario. “Puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, decidieron aparentar la ejecución de una serie de obras en el municipio”“, indica sobre el exalcalde, Zulueta y los empresarios. Hay un precedente muy reciente en el que esta misma pregunta ha surgido. Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe, ha sido condenado a siete años de cárcel en el marco del 'caso De Miguel'. Se ha considerado probado que facilitó contratos teledirigidos a las empresas de la trama para que se lucraran. En algunos casos tampoco consta que se realizara trabajo alguno.