El histórico de casos vinculados a la corrupción o a las irregularidades económicas ha acumulado esta semana en Euskadi un nuevo capítulo. El que fuera alcalde de la localidad vizcaína de Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (del PNV), un arquitecto municipal y dos empresarios han alcanzado un preacuerdo en puertas de sentarse en el banquillo en el que admite varios delitos por haber falseado certificaciones de obras que no se ejecutaron y se comprometen a devolver casi 900.000 euros de las ayudas cobradas para pagar esas obras más los intereses. Consultado por este periódico, el PNV guarda silencio hasta que se emita la sentencia definitiva. Mientras, la gestión de Alonsotegi mantiene procesados a los dos predecesores de Erezuma, Gabino Martínez de Arenaza (1999–2007) y Aitor Santisteban (2007–2011), en otras dos investigaciones penales que acumulan años de retraso. Como nexo de los tres mandatos emerge la figura del arquitecto Alberto Zulueta, uno de los defraudadores confesos en el acuerdo conocido esta semana.
El pacto previo al juicio evitará que los imputados ingresen en prisión. La Fiscalía pedía seis años de cárcel y EH Bildu –oposición municipal en Alonsotegi que ha denunciado las irregularidades– lo elevaba a ocho. Ahora aceptan dos años –sin antecedentes esos períodos quedan suspendidos– a cambio de la aceptación de un calendario de pagos para la devolución de las dos subvenciones públicas obtenidas por unas obras ficticias, 600.000 euros de la Diputación de Bizkaia y unos 80.000 euros del propio municipio, más los cerca de 200.000 euros en intereses. Ya se han consignado los primeros 100.000 euros, según fuentes judiciales, pero el pacto incluye un sistema de garantías de que el dinero se recuperará mediante el embargo, si fuera necesario, de una serie de inmuebles. Uno de los aspectos más llamativos es que las defensas de los acusados han admitido ahora que tenían más propiedades de las que inicialmente constaban en el sumario (solamente un piso), tales como residencias en Bizkaia o Cantabria o una nave industrial.
Entre los letrados defensores se halla el conocido penalista Javier Beramendi, familiar de un exdirigente del PNV y que ha participado en decenas de casos similares. Beramendi, por ejemplo, fue el abogado de uno de los principales imputados en el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción que ha afectado a exdirigentes nacionalistas. Su cliente era el director de Juventud del Gobierno vasco en la etapa de Juan José Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles. Estaba acusado de haber realizado adjudicaciones 'a dedo' a empresas de la trama del que fuera 'número dos' del PNV de Álava, su amigo Alfredo de Miguel. Algunas de esas contrataciones no se tradujeron en trabajo, informe o evento alguno. Antes del juicio aparecieron las carátulas selladas de algunos de esos contratos, pero no se correspondían con registros reales de la Administración e incluso tenían o tipografías diferentes a sellos de esas épocas o marcaban días inexistentes como un 29 de febrero de 2007. Sánchez Robles acabó con una de las penas más altas –siete años de prisión– dado que no solamente cometió los delitos de los que se le acusaba sino que la Audiencia Provincial de Álava vio un problema de “veracidad” en los documentos supuestamente exculpatorios presentados.
Lo ocurrido en Alonsotegi –un municipio constituido en 1991 tras desgajarse de Barakaldo, de no más de 3.000 habitantes y en el que nació el lehendakari, Iñigo Urkullu– gira en torno a la sociedad pública urbanística Alonsotegi Eraikiz. En la pieza sobre la primera época de Martínez de Arenaza, aunque también está imputado en ella Santisteban, se analiza un agujero económico de hasta 15 millones de euros. Son dos los informes que han descrito la enorme deuda adquirida por la entidad, uno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y otro de la consultora Afianza. Esta pieza se empezó a instruir en 2014 en un juzgado de Barakaldo y acumula años de retrasos, recursos y todo tipo de vicisitudes.
La segunda época, la de Santisteban, se investiga por un 'modus operandi' idéntico al que se ha resuelto en la pieza de Erezuma. En la ahora cerrada –a falta de que se celebre una vista en la que se autoinculpen el exalcalde, el arquitecto y los dos contratistas– se estimó que Alonsotegi Eraikiz tenía que abonar 1.066.944,01 euros a Laneder Construcciones por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud. En octubre de 2011, se abonaron menos de la mitad, 450.000 euros. El alcalde, Zulueta, otros asesores municipales y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento.
En la anterior, de nuevo con Laneder de protagonista pero con otra empresa llamada Pabisa igualmente implicada, se certificaron la reforma de un edificio de servicios sociales en Basteita (Pabisa, 230.068,83 euros), la urbanización de Loibe (Pabisa, 231.000 euros), actuaciones por una inundación en 2008 de nuevo en el campo de fútbol de Basteita (Pabisa 203.985,79 euros) y obras en el camino de Artiba (Laneder, 448.184,44 euros). Asimismo, la empresa de Zulueta, Arkideiak, facturó unos 70.000 euros. Fuentes judiciales indican que en este caso Laneder (Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga) no admiten ninguna irregularidad.
Consultado por este periódico, el PNV opta por no hacer valoraciones sobre el caso ahora cerrado hasta que haya sentencia definitiva. Que no haya juicio y se ventile esta investigación con un acuerdo evitará también que el actual alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, dé explicaciones como testigo por la subvención de 600.000 euros salida de la Diputación cuando él era el responsable de Presidencia. La institución foral, personada en el proceso, también opta por no hacer comentarios hasta la sentencia. El PNV local, en Alonsotegi, no ha actualizado su muro de Facebook con las novedades. En 2019, los nacionalistas perdieron las elecciones aunque empataron a escaños con EH Bildu, el undécimo edil del PSE–EE permitió que continuará en el poder el PNV. La investidura tuvo lugar en medio de un clima de tensión e insultos.
Los estatutos del PNV prevén que el Euzkadi Buru Batzar “podrá” suspender de militancia “excepcionalmente” a un investigado por corrupción si hay “evidente daño a la imagen de EAJ-PNV”. Es algo que se introdujo a raíz precisamente de que el entonces presidente y ahora lehendakari, Urkullu, no lograra durante meses que De Miguel y otros imputados en esa trama devolvieran el carné. Ese mismo documento, en su versión de 2020, contempla que esa suspensión se hará “automáticamente” en caso de apertura de juicio oral (en los delitos de violencia de género se adelanta a la investigación). Erezuma debería estarlo al menos, por lo tanto, desde que en 2020 se fijó que este caso sería juzgado después de la fase investigación. Sin embargo, en 2019, en las elecciones locales de primavera, ejerció como apoderado del partido, como ha corroborado un informe de la Junta Electoral incorporado al sumario.