Alrededor de 6.700 personas llevan más de 13 años cobrando la RGI en Euskadi

Un total de 6.695 de los 49.091 titulares actuales de la renta de garantía de ingresos (RGI, el salario social de quienes no tienen recursos o el complemento para nóminas y pensiones bajas) llevan más de 13 años cobrando la prestación, es decir, todo el período desde que se creó este modelo en 2008. De ellos, 3.837 son pensionistas y 490 están exentos de atender posibles ofertas de trabajo. También hay 1.985 personas que llevan todo ese tiempo en el desempleo y 383 que sí tienen un puesto de trabajo pero tan precario que requiere de ser complementado con prestaciones sociales.

Estos datos han sido enviados al Parlamento Vasco por la consejera de Trabajo y Empleo, la vicelehendakari Idoia Mendia, de la parte socialista del Gobierno de Iñigo Urkullu. Responde así a una solicitud de información de Vox. Aunque este colectivo de perceptores cronificados en la RGI representa el 13,63% del total, es igual de cierto que la cifra global de demandantes que acuden a Lanbide para darse de alta en este sistema ha descendido de manera muy notable en los últimos años, lo que implica que el sistema sí tiene puerta de salida. En 2015, por ejemplo, eran 66.632 los titulares de la RGI. En 2019 ya habían bajado a 54.207. Ahora el descenso es de casi el 30% respecto al pico de mayor intensidad, acelerado por la anterior crisis económica.

La estadística de Lanbide refleja que alrededor de 13.600 perceptores llevan dos años o menos en esta bolsa, que es el tiempo máximo de disfrute de la prestación de paro, por ejemplo. 28.788 personas llevan entre dos y trece años, aunque 7.117 son pensionistas, que solamente salen del sistema o por fallecimiento o porque su pensión se revaloriza por encima de los umbrales de cobertura de la RGI. Explica Mendia que también hay un colectivo no pensionista pero “no activable” para ingresar en el mercado laboral. Lo componen, a propuesta de los orientadores de Lanbide, mayores de 60 años que no tienen ya deseos de “intermediar” para encontrar otro empleo, menores de 23 años estudiantes, las personas con una incapacidad o una patología acreditada, los presos o internos en otras instituciones de tipo residencial o las personas en situación de especial vulnerabilidad detectadas por los servicios sociales, entre otros. Esos exentos son 3.318 de los 49.091 perceptores, menos de la mitad de los 7.693 que a pesar de tener trabajo precisan de apoyo institucional.

Estos datos llegan en vísperas de que este 22 de diciembre el Parlamento Vasco aprueba la reforma del sistema de RGI. Es fruto de un acuerdo entre los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y Elkarrekin Podemos-IU. EH Bildu le brinda una “abstención crítica” mientras que PP+Cs y Vox se quedarán en el 'no'. Este acuerdo supondrá ya una subida desde 2023 de las cuantías en línea con el 8,5% que crecerán pensiones o el IMV pero, sobre todo, no dejará al albur de cada presupuesto la revalorización anual. Finalmente, se establece el 60% de la renta mediana como mínimo garantizado o bien “la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda, referida al último año disponible”. Se aplicará el más favorable. La implantación del IMV estatal, precisamente, ha aliviado las arcas vascas ya que buena parte del presupuesto en protección social viene ya cubierto por esta nueva prestación. Se estima en 146 millones de euros esta cantidad.