La piscifactoría en la fallida central de Lemoiz se atasca sin fecha: no hay proyecto ni licencias

El proyecto estrella de instalar una piscifactoría en terrenos ocupados por la fallida central nuclear de Lemoiz se atasca, y sin fecha. Presentado a bombo y platillo en el año 2017 por la entonces consejera de Industria, Arantxa Tapia -fichada recientemente por el sector privado como consultora de empresas- el Gobierno vasco reconoce ahora que carece de fechas concretas para su puesta en marcha, que no hay proyecto concreto definido y que los trámites necesarios para el acondicionamiento de la zona están enmarañados en disputas institucionales. De entrada, el Ayuntamiento de Lemoiz, gobernado por EH Bildu, se niega a conceder las licencias municipales necesarias para llevar a cabo obras sin conocer el detalle del proyecto que se va a implantar en Cala Basordas. Un detalle que el Gobierno vasco no puede dar porque no lo tiene.

En sendas respuestas parlamentarias a preguntas planteadas por Álvaro Gotxi (PP) y Amancay Villalba, (EH Bildu) el consejero de Industria, Transición Energética y sostenibilidad, Mikel Jauregi, reconoce que no puede dar fechas sobre el desarrollo del proyecto y que su cronograma está “indefectiblemente unido a las dificultades que han surgido” en el desarrollo del mismo, por lo que se limita a señalar que “se espera que pueda procederse a un avance importante” a lo largo de la presente legislatura.

El PNV arrancó al Gobierno central que presidía Mariano Rajoy la cesión al Gobierno vasco de los terrenos en los que se asienta la fallida central de Lemoiz -nunca llegó a funcionar como tal- en la negociación presupuestaria de 2017. Ya en ese momento se empezó a hablar del proyecto de la piscifactoría. Sin embargo, la moción de censura contra Rajoy y el cambio del Gobierno demoró hasta 2019 que el Gobierno de Sánchez asumiera como propio ese compromiso y se formalizara la cesión. Un año antes Iberdrola había renunciado a la concesión de los terrenos sobre los que se levanta la central nuclear de su propiedad y el Ministerio de Medio Ambiente había levantado ese mismo año la protección costera sobre esa zona, un paso necesario para poder utilizar estos terrenos y llevar a cabo el proyecto ideado por el centro tecnológico Azti, dependiente del Gobierno vasco. Fue en 2021 –después de la negociación presupuestaria del PNV y el PSOE– cuando los Presupuestos Generales del Estado recogieron la transferencia a Euskadi de los terrenos ocupados por la central nuclear. En 2022 se adscribieron esos terrenos a Sprilur para destinarlos a poner en marcha un polo de investigación y producción acuícola, pero el proyecto sigue sumando obstáculos: Por un lado, el retraso en concesión por parte de Costas sobre el dique en el que hay que actuar, por otro, la negativa del Ayuntamiento a conceder la licencia de obras sin tener claro el proyecto.

Según detalla el consejero en sus respuestas, desde que Sprilur -sociedad pública que gestiona el suelo industrial- tiene adscritos los terrenos, se han realizado diferentes trabajos, como por ejemplo, los correspondientes al mantenimiento de la presa y se ha gestionado con la Demarcación de Costas la concesión sobre el dique, pero esta concesión no ha sido resuelta hasta hace poco más de 15 días, el 13 de marzo de 2025. Asegura que el departamento tiene “redactado el proyecto de rehabilitación del dique y presentado en el Ayuntamiento de Lemoiz, con fecha 11 de marzo de 2024, la solicitud de la licencia para la construcción de los bloques de hormigón, destinados a dicho proyecto de rehabilitación”, pero que el Ayuntamiento ha suspendido la concesión de la licencia, “con fecha 20 de febrero de 2025, tras dos requerimientos efectuados por Sprilur, con fechas 7 de octubre y 16 de diciembre de 2024”. El Ayuntamiento de Lemoiz requiere “previo a la concesión de la licencia, conocer el proyecto que se va a desarrollar en Cala Basordas de manera íntegra, cuestión que a día de hoy no es posible”, reconoce el consejero.

“Por ello, ha suspendido la concesión de la licencia de construcción de los bloques de hormigón necesarios para consolidar y reparar el dique. Dicha obra resultaría indispensable, a tenor del estado que presenta y de los efectos que provoca en forma de inundación de todas las instalaciones aledañas”. Por si esto fuera poco, los terrenos, adscritos a Sprilur, ni siquiera están formalizados de manera registral. “El Gobierno vasco, a través de la dirección de Patrimonio y Contratación del Departamento de Hacienda y Finanzas, está a la espera de regularizar la situación registral de los suelos, para poder transmitírselos a Sprilur y que ésta pueda explotar los suelos con todas las garantías”.

El Ayuntamiento de Lemoiz quiere concreción sobre un proyecto que, de momento, es más bien ambiguo. El departamento que dirige Jauregi señala que “se han mantenido conversaciones con diferentes empresas relacionadas con la Investigación y Producción Acuícola que han mostrado su interés en implantarse en el ámbito. A este respecto, contrastado el interés cierto de las empresas, y en consonancia con el habitual proceder de Sprilur en su operativa de comercialización de activos, se ha solicitado a dichas empresas interesadas información técnica homogénea sobre diferentes cuestiones (ámbito a ocupar, inversión a ejecutar, puestos de trabajo a crear, tecnología a aplicar, etc), con el objeto de realizar una valoración objetiva de la mejor propuesta presentada. En estos momentos, está pendiente de adjudicación, a la espera de que definitivamente Sprilur ostente la titularidad de los suelos o alternativamente, la plena capacidad para explotarlos”, según indica Jauregi en la respuesta. No obstante, la existencia de 'proyectos interesados', sin más concreción, se mantiene desde la propia presentación del proyecto. En el anuncio de proyecto, hace seis años, parecía que podía haber hasta seis proyectos interesados. Hace dos años la entonces consejera Arantxa Tapia afirmaba en una respuesta parlamentaria que había “dos proyectos avanzados en fase de estudio” sobre los que no ofrecía mayor concreción. Hasta hoy.

Pero además, el acariciado proyecto acuícola podría estar acompañado por otro proyecto que el departamento no define: “Adicionalmente y teniendo en cuenta que dicho proyecto sería compatible con otros, se está valorando la posibilidad de acoger algún otro proyecto” señala el consejero a la pregunta de la parlamentaria de EH Bildu si se ha valorado hacer otro tipo de proyectos en este espacio.

El proyecto original que se quiere poner en marcha en Cala Basordas se denomina Polo de Investigación y de Producción Acuícola (PIPA) que ocuparía terrenos que actualmente ocupan las instalaciones de la antigua central nuclear de Lemoiz. La central como tal nunca llegó a funcionar porque ETA la asumió como objetivo y finalmente Iberduero, la empresa precursora de la actual Iberdrola, decidió paralizar la construcción en 1984, 12 años desde la puesta en marcha del proyecto, y tras campaña de acoso y atentados contra la central. La banda terrorista asesinó a cinco personas relacionadas con la nuclear: José María Ryan Estrada, el ingeniero jefe en la construcción de la central nuclear, Ángel Pascual –su sustituto– y los también trabajadores Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños.

El proyecto de polo acuícola se estructura en dos partes diferenciadas: Por un lado, el fomento de una industria acuícola sostenible, y por otro, el desarrollo de un centro de I+D+i orientado a la investigación e innovación.

En un principio se hablaba de una producción de hasta 11.000 toneladas de pescado. Ahora el Gobierno especifica en su respuesta que “la producción prevista dependerá del proyecto que finalmente se adjudique”.

Mientras tanto, el Gobierno vasco tiene consignados en sus presupuestos para este año cuatro millones de euros para los trabajos en esta zona de los que hasta el 14 de marzo de 2025 se han gastado 108.165,38 euros, de los que 43.599,38 euros se corresponden con trabajos de reparación y mantenimiento en el entorno de la presa de Urbieta, mientras que 64.566 euros se corresponden, fundamentalmente, a los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones. 

Desde el año 2022, cuando los terrenos se adscribieron a Sprilur, las inversiones en la zona han sido de 418.165 euros: 149.683 euros por costes de tramitación urbanística, que incluye fundamentalmente, redacción de proyectos, sustitución de celdas eléctricas y adecuación de centros de transformación y retirada de deslizamiento de talud; 219.254 euros a trabajos de acondicionamiento y adecuación de la presa de Urbieta (iluminación, actuación sobre los muros de coronación, trabajos de adecuación de las barandillas…) y 49.228 euros para proyectos y estudios para el refuerzo del dique-muro.