En Euskadi 964 personas con delitos de violencia de género han pasado por programas alternativos a la prisión en un año en el que se contabilizaron un total de 1.149 delitos, de los que el 471, el 39,51%, fueron por maltrato, el 16,95% por amenazas, el 9,82% por coacciones, el 9,56% por el quebrantamiento de la condena, el 7,21% por violencia de género habitual, el 6,54% por lesiones, el 4,53% por injurias y el 2,27% por torturas y otros delitos contra la integridad moral. Estos datos han sido recogidos en el informe de gestión de Penas del Gobierno vasco-IRSE Euskadi y presentados en el marco de la reunión que ha celebrado, por primera vez en Euskadi, la Condeferation of European Probation (CEP).
El Gobierno vasco cuenta con dos programas para las personas que han cometido delitos de este tipo en Euskadi: el psicoeducativo Aldatuz y terapéutico Gakoa. Gakoa es un programa de rehabilitación e intervención con condenados por delitos relacionados con la violencia de género y lleva desde el año 2005 trabajando con los hombres que agreden o han agredido a sus parejas o exparejas.
Este programa, por el que acceden hombres que han sido sentenciados por un delito de violencia de género a una condena igual o inferior a dos años, se divide en tres fases. La primera fase es la de acogida, en la que se establece la relación terapéutica y se genera el vínculo con el usuario. “Es un periodo de escucha activa, de confianza, en el que brindamos el espacio terapéutico como un espacio seguro, sin juzgar. Así mismo, también se empieza a trabajar la responsabilidad y se co-construye una demanda de trabajo, unos objetivos a alcanzar”, recogen en Gakoa.
La segunda fase se basa en una intervención individual o grupal en la que se abordan los objetivos planteados y un bloque temático en el que trabajan los mecanismos de defensa, la autoestima, el control de ira y se instruye a los participantes en conceptos relacionados con el género y el patriarcado. Por último, está la fase final de alta y seguimiento. En ella evalúan los cambios que se han producido a nivel cognitivo, conductual y emocional. “No es un proceso sencillo ni rápido y no siempre tiene éxito. Hemos que tener en cuenta que los participantes en el programa no vienen de forma voluntaria y en ocasiones esto supone un hándicap. No obstante, estamos altamente satisfechos con los resultados que indican que la población que no se somete a programa tiene una reincidencia del 20% frente al 8% de reincidencia de las personas que han realizado programa Gakoa”, reconocen desde la iniciativa con la que a lo largo de 2023 se han realizado 2.923 terapias individuales y 94 sesiones grupales con un total de 3.017 participantes.
Por su parte, Aldatuz es un programa educativo para personas condenadas a penas de trabajos en beneficio de la comunidad por delitos de violencia machista, de conformidad con las posibilidades previstas en el artículo 49 del Código Penal. Se trata de intervenciones grupales en las que los hombres “reflexionen sobre sus actos, asuman su responsabilidad y adquieran herramientas que le permitan resolver los conflictos de forma no violenta, previniendo la reiteración de conductas similares”, informan desde el Gobierno vasco. En 2023 se han realizado 192 de estas sesiones en las que han participado 378 hombres.
Endika Biota, miembro del equipo del Servicio Vasco de Gestión de Penas, gestionado por IRSE Euskadi bajo la dirección del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco explica que cada uno de estos dos programas “tiene su marco jurídico”. “En definitiva, lo que ambos buscan es que los hombres tomen contacto con su masculinidad tóxica y contribuyan a los cambios necesarios para evitarla, ya que, al fin y al cabo, los destinatarios principales de estos programas son sus parejas y las parejas que tendrán en el futuro”, sostiene.
Ir directamente a hablar de violencia de género puede hacer que se cierran en banda. Es más productivo hablar de otras cuestiones más periféricas dentro de la relación de pareja que ellos admiten que va mal
La médico forense y psiquiatra Ana Hidalgo, que lleva desde 2022 trabajando en Instituto Navarro de Medicina Legal y antes ha trabajado durante años en las Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) de Bizkaia, siempre con temas de violencia de género, sostiene que este tipo de programas son “beneficiosos y necesarios”. “Me dedico a hacer periciales de violencia de género. Analizo tanto a víctimas como a los investigados. En estos investigados analizo si tienen rasgos disfuncionales, algún problema con las drogas o si tienen alguna enfermedad mental y al final, en las conclusiones, hago alusión a la medida terapéutica que necesite, ya sea una psicoterapia de corrección de rasgos de personalidad, una terapia de deshabituación o a un programa de información sobre temas de género. Es algo que estamos haciendo, pero el problema es que la mayoría de ellos no tienen conciencia de que lo que han hecho está mal y no quieren ir a esos programas. El problema es cuando no se sienten culpables ni responsables de lo que han hecho y eso hace que reincidan”, lamenta Hidalgo en una entrevista con este periódico.
Por ello, para Hidalgo es fundamental que existan programas que sean previos al tratamiento y, por ende, al delito, para prevenir este tipo de violencia. También advierte de que, a la hora de realizar estos talleres o programas, las personas que han cometido el delito no quieren hablar directamente de violencia de género o violencia machista porque “se sienten atacados y se cierran en banda”. “Ir directamente a hablar de violencia de género puede hacer que se cierran en banda. Es más productivo hablar de otras cuestiones más periféricas dentro de la relación de pareja que ellos admiten que va mal. Ellos admiten que hay cosas malas, como los celos, por ejemplo. Una de las claves es profundizar en esto y no tanto en el maltrato físico o psicológico. Es algo complicado, pero este tipo de programas son muy positivos”, reconoce.
Una de las cuestiones que más preocupa a profesionales de este ámbito como Hidalgo es que en las redes sociales y en foros de internet, los maltratadores han encontrado un apoyo que hace que se justifique la violencia producida contra sus parejas o exparejas. “Lo vemos todos los días. Ellos, en internet y en las redes sociales se retroalimentan y creen que son ellos los maltratados, las víctimas. Han llegado a venir a las entrevistas diciendo que se han dado cuenta de que son ellos los maltratados y ella es la culpable porque encuentran foros en los que eso es lo que se dice. Y es algo que está haciendo mucho daño, porque hace que no vean el problema y no quieran realizar un tratamiento”, sostiene.
La mayoría de ellos aun cuando estén cumpliendo una pena en prisión defienden que no han hecho nada y que se la está liando su mujer
Cecilia Piris, abogada de la Asociación Clara Campoamor, cree que las medidas alternativas “no funcionan muy bien” en este tipo de delitos. “Hay muchos tipos de medidas alternativas. Un tipo de medida alternativa puede ser una orden de alejamiento o la localización permanente mediante una pulsera. Ese tipo de medidas sí que son beneficiosas desde el punto de vista del bienestar de las víctimas. Sin embargo, otro tipo de medidas como los trabajos de comunidad en este tipo de delitos no me parecen efectivos. Otra cosa es el curso obligatorio que deben hacer una vez tengan una condena de cárcel para poder acceder a los beneficios penitenciarios. Todos se apuntan a hacerlos, y aunque trabajen en ello y realicen formaciones en igualdad, es un tipo de delito que tiene mucha reincidencia, porque es un tipo de delincuente que tiene nula conciencia del delito. La mayoría de ellos aun cuando estén cumpliendo una pena en prisión defienden que no han hecho nada y que se la está liando su mujer”, explica Piris a este periódico.
La abogada se muestra escéptica sobre el beneficio de este tipo de terapias. “En estos casos los individuos no tienen conciencia de que lo que están haciendo está mal porque son delitos que están enraizados en el machismo y lo tienen absolutamente interiorizado. Entonces, hay muy poco que hacer con estas personas. Las medidas alternativas que son cursos o terapias en la práctica yo creo que no funcionan. Si pudiéramos conseguir que tuvieran consciencia y desaprendieran esas conductas sería ideal, porque ese es el objetivo. Hoy por hoy, es muy difícil teniendo en cuenta que el nivel de reincidencia es altísimo”, defiende.
Según destaca Piris, en estos casos, las personas que comenten delitos de violencia de género o violencia machista, “suelen pasar por prisión sin pena ni gloria”. “La prisión cumple un cometido profiláctico, los apartamos de la sociedad para que no hagan daño, pero no cumple con esa premisa que la Constitución exige a las penas de prisión, que es que sean resocializadoras. En la práctica, en este tipo de delitos, no lo son. Por eso, hay que hacer algo y me parece loable este tipo de iniciativas y ojalá se encuentren vías alternativas a la prisión que tengan como resultado que el delincuente tome conciencia de que lo que hace no está bien y no vuelva a delinquir”, concluye.
La reunión de la Condeferation of European Probation (CEP) celebrada esta semana y por primera vez en Euskadi ha sido presidida por la secretaria general de la CEP, la croata Jana Spero, y ha contado con la presencia del profesor de la University West England Bristol, Kieran McCartan, como moderador. En la cita han participado representaciones de Irlanda, Dinamarca, Portugal, Letonia, Croacia, Malta, Macedonia del Norte y Cataluña. Además, se ha contado con Turquía y Reino Unido como los países invitados a exponer dos de sus programas de actuación. El objetivo de este organismo europeo es promover la inclusión social de las personas penadas mediante sanciones comunitarias. En este foro se intercambian buenas prácticas con la “preocupación común” de proteger a la sociedad sin recurrir al encarcelamiento, ya que su objetivo final es que la prisión “sea una alternativa y no la primera opción”.