Dos años de la victoria de Urkullu en la pandemia: sin fisuras con los socialistas y apoyos más allá de la mayoría absoluta

Este martes, 12 de julio, se cumplen dos años de las históricas elecciones autonómicas que posibilitaron un tercer mandato de Iñigo Urkullu, el segundo en coalición con los socialistas pero el primer con mayoría absoluta. Fueron históricas por ser las primeras en haber quedado suspendidas meses atrás, en abril, por el confinamiento motivado por la COVID-19. En Galicia ocurrió lo mismo. También arrojaron una elevada abstención, de casi el 50%, y trajeron la irrupción de la ultraderecha, con un escaño para Vox. Gobierno, PNV y PSE-EE coinciden en que, pese a la sucesión de crisis y acontecimientos extraordinarios, las instituciones y el país funcionan. La oposición, de uno u otro signo, coincide también pero en lo contrario, en que hay parálisis.

“Arrancamos la legislatura con una pandemia que puso en jaque al país. […] Hoy seguimos con un virus impredecible e inmersos en una guerra injusta que no sabemos cuánto durará pero cuyos efectos son notables y obligan a repensar los objetivos y a trazar prioridades”, sostienen fuentes del PNV, que añaden que llegan al ecuador de la legislatura “razonablemente satisfechos y esperanzados”. Desde la Presidencia remarcan también que las derivadas de la guerra son el enésimo obstáculo en estos años pero apuntan a indicadores económicos positivos, como el “récord de empleabilidad”. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, suele repetir que no se puede hablar técnicamente de crisis porque Euskadi, defiende, sigue creciendo y recuperado puestos de trabajo.

Urkullu lleva ya años con debates como la superación del Estatuto aparcados y con el traje de gestor enfundado. Lo vistió, mascarilla incluida, al frente de Labi, la mesa de crisis creada en la emergencia sanitaria y que tantos dolores de cabeza en forma de reveses judiciales le ha dado. Y ahora con la inflación o la crisis energética, para las que también ha ido presentando medidas de choque de mayor o menor alcance. Aquí no hay disensos con la otra pata del Gobierno, la del PSE-EE. “El acierto del acuerdo fue centrarnos en los problemas que afectan de verdad a la ciudadanía. Con todas las incertidumbres que hay por delante, el Gobierno está dando soluciones. Podemos estar moderadamente satisfechos del despliegue del escudo social o de la recuperación del empleo. Los resultados están siendo positivos. Ahora tenemos retos derivados de la guerra en Ucrania y tendremos que ir adoptando más medidas”, explica Ekain Rico, quien fuera negociador de la coalición con el PNV hace dos veranos.

Sin embargo, la llegada de Eneko Andueza al frente del PSE-EE ha dotado al partido de un nuevo perfil. No han sido pocas las declaraciones más críticas con sus socios nacionalistas que las que realizaba su predecesora, Idoia Mendia, que se ha mantenido como máxima representante socialista del gabinete de Urkullu con el rango de vicelehendakari segunda. “Somos dos partidos diferentes, es evidente. En aquellas cuestiones en que el Gobierno se ciña al programa no habrá ningún problema. Cuando no, hemos puesto pie en pared. Pasó en Educación y alzamos la voz. Y en Salud con las declaraciones de la consejera [Gotzone Sagardui], que no se correspondían con lo acordados, que es un modelo de cercanía. Cuando reconducimos situaciones, mostramos la utilidad del PSE-EE”, cree Rico. En un acto reciente, Andueza aseguró que los tres consejeros socialistas –de un gabinete de doce integrantes- marcaban la “diferencia” y que el 90% de las políticas del conjunto del Ejecutiva estaban condicionadas por los socialistas.

“Por nuestra parte, tensiones ninguna. Nosotros no hemos apelado a Andueza ni al PSE-EE por iniciativa propia. Sólo respondemos cuando nos preguntan. Es más ruido en la conversación pública que no afecta al trabajo en absoluto. Todos los acuerdos [PNV y PSE-EE también cogobiernan en las tres diputaciones y en las tres capitales] están funcionando bien. Los martes, cuando comparecen tras el Consejo de Gobierno consejeros de uno y otro color yo no veo disonancias”, diagnostica el PNV. “Una cosa es lo que Andueza diga o haga, pero, dentro del Gobierno, entre consejeros del PNV y del PSE-EE hay sintonía prácticamente total. No hay diferencias como se ven en otras instituciones”, añaden desde el entorno de Urkullu en referencia a las reiteradas desavenencias entre el PSOE y Unidas Podemos en el Ejecutivo central. En este sentido, las fuentes consultadas indican que la comisión de seguimiento del acuerdo, el foro donde se liman las asperezas, se ha reunido en una ocasión desde la llegada al cargo de Andueza y, además, sin un orden del día extraordinario.

De 2020 PNV y PSE-EE salieron con mayoría absoluta, una diferencia sustancial con relación a la pasada legislatura. Sin embargo, tras unos primeros meses en que la oposición empezaba a alertar del “rodillo” ahora hay una vocación manifiesta de buscar más acuerdos, aunque sean innecesarios. Los presupuestos de 2022 salieron con EH Bildu, la ley antipandemia y otras con Elkarrekin Podemos-IU y, recientemente, coincidiendo con la llegada de Alberto Núñez Feijóo, también ha habido acercamientos al PP, que trabaja en coalición con Ciudadanos (PP+Cs).

“No ha sido un rodillo y hemos pactado con amplias mayorías, por ejemplo, 11 de los 14 proyectos de ley [aprobados en el Parlamento]. Son acuerdos a varias bandas, con la concurrencia de uno o más grupos, acuerdos que evidencian nuestra voluntad de diálogo y nuestra flexibilidad”, se felicita el PNV, que confía en que se mantengan estos consensos amplios en proyectos pendientes como la reforma de la RGI, la conocida como ‘ley trans’ de garantía de los derechos de las personas en situación de transexualidad o la ley vasca de memoria histórica. “Confiamos en que esa dinámica de acuerdos se mantenga para lo que resta de legislatura. Vienen nubarrones, escenarios complejos. Y debemos prepararnos para no mojarnos. Lo haremos mejor desde la unidad”, cree el PNV.

El paradigma del consenso fueron las bases para la reforma educativa que ahora prepara el consejero de Educación, Jokin Bildarratz. Ha concitado el apoyo de los dos partidos del Gobierno y de las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Esta norma viene a acotar un modelo anómalo en España y en Europa por el cual el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada concertados. “Acuerdos sustanciales con todos… salvo con Vox”, precisan desde Presidencia. Todos los partidos salvo PP+Cs plantearon un doble ‘cordón sanitario’ a su única electa, Amaia Martínez Grisaleña. Por un lado, optaron por no dar réplica a los debate propuestos por Vox en la Cámara, como ocurrió en una inédita iniciativa para vetar la llegada de “menas”. Por otro, se acordó reducir en dos tercios la capacidad de presentar iniciativas y los tiempos de intervención de Vox, medidas que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional. Este partido sostiene que ha habido una “obsesiva pretensión” de “eliminarles” del juego político. Martínez Grisaleña, sin embargo, ha declinado al menos en dos ocasiones acudir a Ajuria Enea a despachar con el lehendakari pese a haber sido invitada como el resto de líderes de la oposición.

Otro hito de la legislatura fue la transferencia de Prisiones. Desde el 1 de octubre de 2021, las cárceles vascas lucen los logos del Gobierno vasco. Urkullu ha venido urgiendo a Pedro Sánchez a completar las transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Una materia nueva, el Ingreso Mínimo Vital, también ha sido cedido ya y el PNV lo ha interpretado como un primer paso para estudiar el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, aunque ahí el Gobierno central solamente ha comprometido un “análisis” y no una transferencia como tal. Son ya dos años con el debate sobre la reforma estatutaria en el cajón y, en este sentido, el lehendakari se ha quedado en las disquisiciones teóricas. En un viaje a Córcega, apeló a la “redistribución de la soberanía” en España con las naciones históricas. Y en el pleno de política general del pasado año se descolgó con “retornar a la soberanía anterior a 1839”, una mención a un período histórico no democrático que ya no ha repetido.

La oposición: “El peor Gobierno posible”

Desde EH Bildu, el análisis es claro: “Tenemos el peor Gobierno posible para una época de cambio y dificultades”. Iker Casanova, parlamentario y que en 2023 será candidato en las elecciones forales de Bizkaia, considera que el Ejecutivo no tiene ni “visión” ni “liderazgo transformador”. “Es un Gobierno preso de sus propias campañas de marketing. Parece que vive más en la realidad virtual del Teleberri que en la realidad de la ciudadanía”, ironiza. Casanova concede que hay problemas “que no son directamente atribuibles” a Urkullu -como la pandemia o la actual zozobra económica- pero sí lamenta que el Ejecutivo “no ha estado a la altura de una situación extraordinaria”. “Están centrados en el marketing: control de los medios públicos y propaganda”, insiste.

La coalición, con todo, validó los presupuestos de 2022 a cambio de unos 250 millones en medidas y de un acuerdo genérico para tratar de superar el SMI general de España mediante la negociación colectiva del que no hay grandes resultados, según admite el propio Casanova. “El Ejecutivo está mirando para otro lado con la cuestión salarial. Hay una inflación que se come el 10% del sueldo, es decir, hace que todo el mundo sea un 10% más pobre”, agrega. Y denuncia, igualmente, que Euskaltel, Gamesa o La Naval, “buques insignia” de la economía vasca, “o cierran, o se diluyen o pasan por graves problemas”.

EH Bildu, en todo caso, ve los acuerdos “de forma muy positiva”. Entiende que la “presión política” ha hecho al Ejecutivo pasar de una “imagen de rodillo” a otra “más dialogante”. Cita también el caso de Educación. La formación soberanista se ve como “la única alternativa” al PNV y con las encuestas de cara, pero también promete ejercer una oposición “constructiva y responsable”. Remarca Casanova que los dos monográficos para adoptar las primeras medidas por la guerra en Ucrania y por la crisis de la natalidad fueron instados por EH Bildu y que una medida que ha llegado ahora, la del descuento del 50% en el transporte público, fue también idea de ellos e inicialmente despreciada.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi realizó su balance en una rueda de prensa. Destacó la impronta de la coalición en algunas ponencias legislativas como las de animales de compañía, juventud, igualdad o desarrollo rural pero se ha quejado de que el Gobierno de PNV y PSE-EE haya bloqueado propuestas llegadas de la oposición, como sus textos sobre salud mental o derechos sexuales a pesar de su aparente voluntad de acuerdos. Esta formación ha dado importancia capital al pacto educativo, principalmente por las medidas prometidas para reforzar la escuela pública, como controles para evitar que se cobren cuotas encubiertas en la concertada que fomenten la segregación o incluso la ‘publificación’ de centros. Eso sí, Elkarrekin Podemos-IU no oculta su “miedo” a que “no vaya a ser cumplido” por el consejero Bildarratz en la ley que prepara.  Si el pacto se adoptó en abril, desde entonces ya ha habido dos reuniones de la comisión de seguimiento para discutir sobre algunos puntos, como la decisión de dar facilidades a la concertada en el próximo curso para acceder a fondos públicos con menos alumnos por aula por la caída de la natalidad. El consejero alegó que se basaba en una orden de admisión previa al pacto y que no podía actuar de otra manera.

“Estamos con un Gobierno que va a rebufo de los acontecimientos. Creo que también se ha caído definitivamente el mito de la buena gestión del PNV tal y como se gestionó la propia pandemia”, afirma Laura Garrido, secretaria general del PP y miembro de PP+Cs. Esta coalición -que no se repetirá más- entiende también que Euskadi es “menos competitiva” que lo que debería. “Los jóvenes no quieren quedarse en Euskadi. Y los de fuera no tienen intención de venir. Vamos a tener un problema de mano de obra cualificada y tenemos obstáculos como el euskera. El otro día un empresario decía que él tenía varios ingenieros para traerlos a sus empresas y que con el hándicap del euskera no podían traer a la familia. No viene nadie al País Vasco. Van a otras comunidades autónomas que se lo ponen más fácil”, señala Garrido.

¿Cuál es el modelo de PP+Cs? “La Comunidad de Madrid va como un tiro y en Andalucía el PP ha revalidado los resultados con una mayoría absoluta”, sostiene Garrido. Y añade: “[En el PNV] Están todo el día reclamando competencias pero luego tenemos la Sanidad que va como va, la Educación que va como va y Lanbide que va como va. Y tenemos el Concierto económico”. Su conclusión es que al Gobierno de Urkullu “le está faltando absoluta ambición”: “Nos estamos quedando atrás cuando hemos sido una comunidad que hemos sido ejemplo y referencia”. En este contexto, Vox también se excluye de los acuerdos con el Gobierno, que cree que está centrado en la “construcción nacional” con un “socialismo sumiso” como aliado.

Según el último Sociómetro -encargado por el propio Ejecutivo autonómico- Urkullu recibe de la ciudadanía un 5,6, cerca de su máximo de 5,7 desde que es lehendakari, hace ya una década. Se ha recuperado de un bajón tras el arranque de la pandemia. En el Parlamento Vasco, en todo caso, la jefa de la oposición y portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, obtiene una puntuación similar, de 5,5, 1,3 puntos por encima de la de su formación. El resto de líderes políticos suspenden sin excepciones. Miren Gorrotxategi de Elkarrekin Podemos-IU llega a 4,8 pero tiene mejor valoración entre los simpatizantes de EH Bildu que en sus filas, Eneko Andueza del PSE-EE marca 4,3 y Carlos Iturgaiz de PP+Cs sigue siendo el peor considerado, con 2,1. Es incluso menos que el 2,4 de la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña.

De cara a la segunda mitad de la legislatura, sin que conste intención alguna de Urkullu de forzar una crisis en su Gobierno, una de las claves será conocer el futuro del lehendakari, que no ha confirmado si desea continuar más allá de 2024 tras sumar ya una década en el poder. Llegado ese momento, habrá que analizar también si el mandato se agota a los cuatro años de cuando se disolvió el anterior Parlamento y se convocaron las primeras elecciones luego suspendidas –febrero y abril, respectivamente- o bien en julio, cuando efectivamente se realizaron los comicios.