La Fiscalía anticorrupción ha derivado a la Fiscalía ordinaria la denuncia presentada por el sindicato LSB-USO en relación a la contratación por parte de la principal empresa adjudicataria del servicio de ambulancias en Euskadi, la catalana Grup La Pau, del antiguo alto cargo del Departamento de Salud Ibon Etxeberria como gerente. El 10 de mayo, el teniente fiscal de esa Fiscalía especial, Antonio Romeral, dio traslado del expediente al entender que no era de su competencia. Según explican fuentes judiciales, la Fiscalía vasca ya ha abierto diligencias de preinvestigación y dispone de un plazo de seis meses para comprobar si los hechos relatados por LSB-USO revisten indicios de delito suficientes como para iniciar una investigación penal. El asunto, en todo caso, se analizará a la vez que otra denuncia de LSB-USO contra Grup La Pau por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de transporte sanitario.
El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dispone de dos grandes contratas de ambulancias. Por un lado, en agosto de 2023 renovó el transporte sanitario urgente (los vehículos amarillos) por un valor de 147 millones de euros. En Bizkaia y en Álava ganó el concurso Grup La Pau y Ambulancias Gipuzkoa gestiona el de ese territorio. Por otro lado, este mes de mayo tocaba renovar el contrato de transporte sanitario programado o no urgente (ambulancias azules y blancas) con el mismo reparto territorial y una dotación de 135 millones de euros. Alrededor de dos tercios del dinero es para Grup La Pau. Sin embargo, una denuncia de UGT ha paralizado la entrada en vigor de la nueva adjudicación. La central quiere que se analice si puede contratar con la Administración una firma que ha recibido una sanción de la Inspección de Trabajo por una falta “muy grave”, en concreto por retrasos en el abono de las nóminas. La compañía, con una delicadísima situación económica, alega que en ningún caso es firme esa resolución.
En esto contexto, otros sindicatos han formulado también denuncias contra Grup La Pau. Es el caso de ESK o de LSB-USO. Además de la Fiscalía, la Agencia Vasca de Protección de Datos, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales o la propia Inspección de Trabajo han recibido un goteo de escritos de queja. En el caso de LSB-USO, envió a la Fiscalía anticorrupción documentación sobre la contratación como gerente para Euskadi de Etxeberria, que fue quien en 2020 firmó uno de los contratos con la empresa catalana desde el Gobierno. Entienden que aunque hayan pasado más de dos años desde su salida del Ejecutivo -dimitió por haberse saltado las restricciones de movilidad para ir a jugar al golf- aquella adjudicación sigue teniendo efectos en el presente y que puede ser irregular que quien fijó las condiciones desde la Administración ahora cobre de la contratista.
La Fiscalía no ha desechado la denuncia al recibirla, pero sí ha entendido que no es materia de la gravedad que requieren los casos que lleva Anticorrupción. El expediente ya está en manos de la Fiscalía vasca. Allí se hará una preinvestigación, aunque en todo caso la documentación se ha acumulado a otra denuncia de marzo de LSB-USO. En aquella ocasión, se entregó un documento y seis anexos sobre incumplimientos en las condiciones del contrato y que, según la central, “podrían tener aparejadas responsabilidades penales de algún tipo”. “El problema es que denuncian por cualquier cosa, aunque luego sus denuncias no prosperen, generando mientras problemas a la empresa”, lamentan fuentes de Grup La Pau sobre esta situación.
LSB-USO, en cambio, hizo constar en su denuncia inicial que Grup La Pau empleaba los vehículos adscritos a Osakidetza para facturar servicios privados. Asimismo, indicaba que no se habían aportado todas las ambulancias comprometidas. Hablaban de 36 en marzo. Esta misma semana, en el hospital de Santiago del centro de Vitoria, había un vehículo antiguo con la rotulación de Cat Salut (el Servicio Catalán de Salud) aparcado en la zona de los vehículos de Grup La Pau para Osakidetza.
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