El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha procedido al “cierre y archivo” de una queja formulada por el denunciante de las presuntas irregularidades en torno a la puesta en marcha de la planta de valorización de residuos Valogreene Paper de Bergara, en Gipuzkoa, y cuya acción ha llevado a que la Fiscalía haya investigado y estimado, entre otras cuestiones, que la exviceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Amaia Barredo (PNV), nombrada 'a posteriori' diputada foral alavesa del mismo ámbito, cometió un posible delito de prevaricación. En concreto, este representante de Ekologistak Martxan protestaba por el hecho de que el Ejecutivo, en una nota sobre este asunto, hubiese desvelado su identidad con nombre y apellidos al tiempo que negaba cualquier irregularidad en Valogreene Paper. Se da la circunstancia de que, precisamente, se han tenido que aplicar medidas de protección a los alertadores a instancias de España y de Europa. A preguntas de la oposición, el Gobierno de Iñigo Urkullu tuvo que admitir que “la ley protege el anonimato de las personas” denunciantes.
“Vistos los hechos expuestos [...] esta Defensoría no dispone de elementos o pruebas que permitan acreditar una posible revelación de datos personales a terceros sin legitimación en el transcurso de una actividad administrativa”, estima el Ararteko en una resolución firmada esta semana por su titular, Manuel Lezertua. De hecho, el 'ombudsman' parece apuntar a que los datos fueron revelados por los medios de comunicación cuando indica que “ese tratamiento queda fuera del ámbito de control” del Ararteko, en referencias a las noticias publicadas sobre el asunto.
El escrito recoge también que los “datos personales” del denunciante volvieron a florecer en las Juntas Generales de Álava cuando Barredo, meses después del nombramiento, compareció para dar cuenta de la situación procesal en la que se halla inmersa. Aquí también el Ararteko realiza una interpretación 'sui generis' al estimar que no puede entrar a valorar esa actuación ya que lo ocurrido en el Parlamento foral no era un actividad de “control del Gobierno”. De hecho, parece dibujar que fue una comparecencia personal y no por su cargo político aunque respondía a una petición de toda la oposición, EH Bildu, PP, Elkarrekin y Vox, y aunque lo hizo de la mano del propio diputado general, Ramiro González. El Ararteko solamente entra a analizar posibles vulneraciones de derechos en actos administrativos.
Concluye Lezertua que esta queja “no tendría acomodo para su investigación y análisis” en el Ararteko, aunque plantea como posibles alternativas el ir a “otros órganos de control”, tales como la Agencia Española de Protección de Datos. Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco ha fichado precisamente del Ararteko a la primera responsable de la nueva oficina para canalizar las denuncias de posibles casos de corrupción. Se trata de Maite Basabe, y era la responsable de Contratación de esta institución. Ahora dirigirá un equipo independiente aunque adscrito al Ejecutivo. Por el momento, solamente se encargará de las denuncias internas, las que llegan desde dentro de la Administración. Faltaría por regular el canal de denuncias externas.
El caso en torno a Valogreene Paper surge del hecho de que Medio Ambiente del Gobierno vasco autorizó el proyecto incluso después de que sufriera grandes modificaciones con respecto a la propuesta inicial, a juicio de los denunciantes. De hecho, la denuncia contempla que el Ejecutivo obvió que el Ayuntamiento, a la luz de esos cambios, emitió un segundo informe negativo después de uno primero positivo. Además de Barredo está también denunciado por la Fiscalía y acusado del mismo delito su colaborador Javier Agirre Orcajo, aún en el cargo. El delito de prevaricación no comporta penas de prisión y para acreditarlo no solamente hay que constatar que se dictó una resolución administrativa injusta o irregular, sino también que se hizo a sabiendas de que así era. En este sentido, Barredo viene repitiendo que ella se ha ajustado en todo momento a los criterios técnicos que se le fueron facilitando y se ha mostrado muy confiada en que todo acabará en nada. Es precisamente este convencimiento de que no hay nada lo que Barredo esgrime como excusa para no haber informado ni al partido ni a González de su situación procesal cuando fue propuesta para entrar al nuevo Gobierno foral alavés este verano.
La Comisión de Ética de Euskadi primero y la de Álava después dieron luz verde a que Barredo siga en su puesto. La jurisprudencia consolidada es que solamente en caso de juicio se pida el cese. No basta con una investigación. El diputado general ha avalado esta tesis y, a pesar del golpe político que le supuso el nombramiento, ahora defiende a Barredo con firmeza. ¿Cómo está el caso en los tribunales? No hay constancia de que la magistrada encargada del caso, María Elena Rodríguez Molpereces, haya comunicado nada a la diputada foral ni dado ningún paso en relación a la denuncia de la Fiscalía.
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