La Audiencia Provincial de Álava condenará a la exadministrativa y única empleada de la Federación Alavesa de Ciclismo, Blanca Ortiz de Zárate, a una pena de un año de prisión que no será efectiva. Pero, sobre todo, el fallo del tribunal incluirá la necesidad de reintegrar 150.000 euros adicionales a los 32.000 que ya devolvió por desviar a sus cuentas los fondos federativos. La condena en este caso adelantado por este periódico es fruto de un acuerdo de última hora entre la acusada, la Fiscalía y la representación del organismo y que se ha dado a conocer este miércoles en la misma sala de vistas, cuyo presidente era el magistrado Jesús Poncela.
La acusada ha admitido los hechos que se le imputaban y ha dado por bueno un pacto que le libra de la entrada en prisión al carecer de antecedentes y ser una pena inferior a dos años mientras que la petición inicial de penas se elevaba a cuatro años que sí serían de cumplimiento obligado.
En cuanto a las cantidades, en un inicio la federación elevaba a casi 235.000 euros el desfalco pero, en palabras de su presidenta, Julia Liberal, que también es senadora socialista, no es un mal resultado llegar a 182.000 euros “teniendo en cuenta que el perito judicial fijaba la cuantía en 50.000 euros y que la Fiscalía lo aceptaba”. Ortiz de Zárate ha pedido también disculpas a Liberal tras la breve vista.
Un agujero de 45.000 euros
Afirma Liberal que cuando accedió al cargo se encontró con un agujero de 45.000 euros. Indagaciones posteriores mostraron que la empleada había dado indicaciones por correo electrónico a un club de la provincia llamado Bicilokura para que cambiaran la cuenta a la que enviaban los pagos de las fichas federativas. Ese nuevo IBAN se correspondía con una personal de la administrativa, el mismo depósito al que le iba la nómina.
Parte del dinero lo traspasaba a la cuenta oficial pero no el resto. La federación tenía que cubrir con otros fondos el coste de las fichas, que eran tramitadas con normalidad. En Álava hay del orden de 1.300 corredores federados.
Además, se dejaban de pagar facturas como por ejemplo las ambulancias para las carreras o los jueces-árbitros. “Eran unos 15.000 ó 20.000 euros al año los que se llevaba”, explica Liberal, que sale “satisfecha” del proceso a pesar de no haber alcanzado la cuantía inicial estimada del desfalco.
Sobre la diferencia entre los 50.000 euros peritados y los 182.000 ó 235.000 finales, señala que se debe a que el juzgado solamente revisó lo reflejado en las cuentas y no movimientos no registrados. Había, de hecho, “gastos en perfumería o farmacia de tipo individual” con los fondos de la entidad. “Muchos pocos hicieron un mucho”, ironiza la presidenta, que afirma que no fue fácil denunciar porque “ella llevaba 25 años” y ella llegó “de nuevas” y con “marcado perfil político” que podía dar lugar a susceptibilidades.
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