La Audiencia de Álava confirma que los gestores del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia eran “falsarios y estafadores”

La Audiencia Provincial de Álava ha desestimado los recursos interpuestos por Eliseo Gil y su empresa, Lurmen S. L., contra la sentencia que los condenó por la estafa arqueológica del yacimiento romano de Iruña-Veleia, en Álava. Confirma que “procede ratificar la convicción judicial de que el acusado es un falsario y un estafador”. Se mantienen las penas de cárcel para él y también para Rubén Cerdán, con quien falsificó unos informes para dar credibilidad a los yacimientos. Sin embargo, al no superar los dos años, podrían no suponer el ingreso en prisión. Deberán, además, indemnizar al Gobierno vasco y a la Diputación de Álava con 72 euros por cada una de las piezas estropeadas y deberán también abonar las cotas de los recursos.

La Audiencia desestima todos los recursos interpuestos por los acusados y también por el Ministerio Fiscal y se reafirma en la certeza de que lo que acaeció en los yacimientos situados a las afueras de Vitoria fue una estafa. Se muestra tajante en lo relativo a la alteración de los grafitos y señala que la presencia de metales inalterados no es la única prueba de una manipulación reciente. “Las piezas arqueológicas han permanecido siglos enterradas y eso las cubre de costras y depósitos que afectan por igual a toda la superficie, también a las marcas de textos o dibujos (grafitos) sobre las piezas. Si el trazo de estos secciona las costras o depósitos de sedimentos es que no datan del tiempo del enterramiento, sino que se han ejecutado después de desenterrados. No hay que ser especialista para concluir de esta manera, pues es de sentido común”, zanja la sentencia.

En junio de 2020, el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria dio a conocer la sentencia por las falsificaciones en el yacimiento de Iruña-Veleia, que se saldaron con una condena penal mínima y una indemnización de 72 euros. Los condenados fueron Eliseo Gil —que dirigía las excavaciones y que se enrocó en todo momento en la defensa de la veracidad de los hallazgos— y Rubén Cerdán, con quien el primero se congració para la elaboración de un informe que corroborase “la apariencia de autenticidad”. Ambos fueron condenados a un año y tres meses de prisión por estafa, que en el caso de Gil se sumaron a otro año por falsedad documental.

Las piezas falsificadas se presentaron por primera vez en 2005 y, de haber sido auténticas, habrían alterado varias certezas históricas: habrían adelantado el origen documentado del euskera y habrían cambiado la historia del cristianismo. Pero, de haber podido ser la nueva Pompeya, Iruña-Veleia pasó a ser conocida por la gran estafa arqueológica.

La sentencia es también clara a la hora de desestimar la supuesta falta de motivación que se derivaría del hecho de que Lurmen, la empresa de Gil, atravesaba un buen momento tanto en lo económico como en lo profesional cuando sucedieron los hechos. “No necesitaban los 'hallazgos excepcionales', pero los móviles humanos para actuar de una concreta manera, incluso de modo ilícito, suelen ser tan complejos como la propia condición humana y, por ejemplo, la ambición puede constituir una potente palanca en el comportamiento de las personas”, abunda la sentencia.